“Las personas que cometa actos contrarios a la ley y que sean de corrupción, serán apartados”. La contundente respuesta del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy , en una entrevista en Canal Extremadura, sobre las acusaciones que vierte un informe de la UCO sobre el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, son ejemplo del intento del PP de dar una imagen de dureza en la lucha contra la corrupción, con la intención clara de que estos casos no le pasen factura electoral.

Rajoy recordó, sin embargo, que el presidente murciano ha sido imputado en varias ocasiones, antes de ser el máximo responsable de la Región de Murcia, y sin embargo todas las acusaciones fueron archivadas por el juez, que consideró que no existía ningún delito en sus actuaciones.

Lo que está claro es que el PP trata de acompañar con el ejemplo lo que predica y aún vulnerando su propio código ético, incorporado a los estatutos, los populares se han visto obligados a endurecer su posición, y donde antes se exigía la apertura de juicio oral para proceder al cese o pedir la dimisión de un responsable político, acusado de delitos de corrupción, ahora ha anticipado esa obligación de dimitir al momento de la inculpación, es decir, cuando la persona sea declarada investigada, lo que antes era imputada. Es el listón que le pusieron a Rita Barberá, pendiente aún de que el Tribunal Supremo decida o no si la declara investigada, para exigirle su acta de senadora, pero por primera vez se pone negro sobre blanco, al quedar fijado en el programa electoral. En concreto, ese programa subraya que “la transparencia y la ejemplaridad son una obligación. Firmaremos una Declaración de Compromiso que nos obliga a dimitir en caso de ser encausados por corrupción”.

En el PP han mantenido conversaciones con el presidente del PP y este ha asegurado a todo el que le ha querido oír, que aunque recibió a la empresa con la que se le vincula, en ningún momento llegó a contratar sus servicios, con lo que no hay nada punible en su actuación. Además, desde la calle Génova se considera, tras leer el informe de la UCO que todo está sustentado en hipótesis, pero en ninguna prueba, con lo que de momento mantendrán la confianza en el presidente murciano.

En esa línea, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría subrayó que aún no hay actuaciones judiciales contra Pedro Antonio Sánchez, y que “hay que ser muy rigurosos con los procedimientos judiciales” y muy “exquisitos con la presunción de inocencia”.

Sin embargo, en fuentes del PP se subraya que el momento electoral y la posterior negociación para la formación de gobierno si es que, como dicen las encuestas el PP gana las elecciones, pone muy difícil ser justo, con lo que en caso de que finalmente se hiciera alguna actuación contra el presidente de Murcia.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/politica/20160601/402185464374/pp-corrupcion-endurece-respuesta.html