Los residentes luchan por el cierre de los locales que operan al margen de la ley y que atraen prostitución, trapicheo, peleas, vómitos, orines, basura y ruido

Varios jóvenes en la puerta del «after» de San Marcos, 11, que cuenta con controladores de accesos y relaciones públicas - ISABEL PERMUY

Restos de orines en las paredes cercanas al local - ISABEL PERMUY

Dos personas duermen en los bancos de la plaza de Pedro Zerolo - ISABEL PERMUY

Latas de cerveza y restos del botellón en el parque aledaño - ISABEL PERMUY

Cinco y media de la madrugada del pasado sábado. Barrio de Chueca. Los gritos de una mujer involucrada en una pelea despiertan sobresaltado a Esteban Benito, vecino de la calle de San Marcos. El ruido de la música que procede de una sala situada en el número 11 de esta céntrica vía, que no está insonorizada de forma conveniente, y las voces del tumulto que se arremolina en la puerta de este «after» ilegal no le permiten volver a conciliar el sueño. Cuando avanza la mañana y baja a la calle, el panorama es tan deplorable como el ambiente que se respira dentro de este tipo de antros: vómitos y orines alrededor del portal, vidrio roto de las botellas de alcohol, latas de cerveza vertidas por el suelo e individuos bebidos dormitando en los bancos de la plaza de Pedro Zerolo.

Desde hace más de un año, los residentes cercanos a este garito clandestino, que se publicita en las redes sociales y que ha cambiado dos veces de nombre, están tristemente acostumbrados a las constantes riñas que se originan en la entrada de este establecimiento que opera al margen de la normativa. Aunque no es el único caso irregular que se conoce en el barrio: «Hay un centenar de locales que tienen licencia de heladería o restaurante y funcionan de otra cosa. Es un fraude de ley», denuncia a ABC Esteban Benito, actual presidente de la Asociación de Vecinos de Chuecay residente en la zona desde hace una década. «El caso más paradigmático es el de una peluquería que se da a conocer como bar de copas e incluso tiene terraza», señala, indignado. Y hasta hace unos meses también había otro «after» ilegal en la calle de Santa Teresa.

«El caso más paradigmático es el de una peluquería que funciona como bar de copas y tiene terraza»

Esta situación nociva para el descanso y la convivencia pacífica de los vecinos se repite todas las semanas, de jueves a domingo, de 6 de la madrugada a 12 de la mañana. En el interior de esta discoteca, que tiene a varios relaciones públicas repartidos por las calles aledañas para captar clientes, hay fiesta con pinchadiscos fuera del horario establecido para el tipo de licencia que tiene.

Numerosas denuncias

«Cada día nos despiertan con peleas, gente muy bebida y drogada gritando, música demasiado alta, hay “lateros” por todas partes y prostitución... Es desesperante el impacto que generan estos locales en los que vivimos aquí», se lamenta Benito, que indica que tanto las comunidades de vecinos como la propia asociación han puesto esta situación en conocimiento de la Policía Municipal y de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento (ADA).

«En numerosas ocasiones hemos llamado a la Policía para denunciar la venta de droga en su interior, el exceso de aforo y que el nivel de decibelios supera con creces lo permitido, sin embargo, la Policía ni aparece», se queja. «Hay una dejación absoluta por parte del Ayuntamiento. Hay un índice de incumplimiento brutal, pero nosotros seguiremos denunciando estos hechos hasta que Javier Barbero (el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias) se persone aquí y vea lo que padecemos», asegura.

Los vecinos tildan de «laxa» la normativa que regula el sector de la noche. «Basta con acreditar por medio de una Declaración Responsable que conoces la normativa vigente para abrir un local de inmediato, pero para cerrarlo pueden pasar años, porque los trámites son muy largos», censura Benito.

Orden de cese

Tras una larga travesía administrativa de año y medio, los residentes han logrado que el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, que depende del área de Desarrollo Urbano Sostenible, haya abierto un expediente sancionador al «after» de la calle de San Marcos, 11. «Ahora está abierto el trámite de audiencia previo al cese del local. Los gerentes del negocio tienen un plazo de 20 días para presentar alegaciones», explican a este diario fuentes de la concejalía que dirige José Manuel Calvo.

«Los más penalizados somos los residentes que nos medicamos para dormir o malvendemos los pisos»

Después de que los residentes registren la denuncia ante el ADA, se tramita una inspección de la zona en cuestión. Cuando se comprueba que no tiene licencia para la actividad que realizan, se envía la orden de clausura del negocio. Sin embargo, los encargados de estos locales siempre recurren todas las sanciones o requerimientos para subsanar las deficiencias y así van dilatando el proceso administrativo. Y, según indican fuentes policiales, una vez que se cierra el «after», buscan otro local y vuelven a comenzar. Lo habitual es que estos establecimientos tengan licencia de bar y, por ello, a pesar de las denuncias y de la acumulación de expedientes, su cierre no sea inminente, a menos que carezcan de licencia o cometan una falta muy grave. Entre las infracciones más importantes se encuentran superar el aforo máximo cuando conlleve un grave riesgo para personas o bienes, vender alcohol a menores, permitir el consumo de drogas o incumplir con las condiciones de seguridad.

Un proceso tedioso que mina las esperanzas de los residentes, a quienes esta situación genera gran frustración. «Los que estamos atrapados somos los vecinos, que nos afecta incluso en nuestra salud», sostiene Benito. «Al final -concluye-, los más penalizados somos los residentes que nos vemos obligados a tomar medicación para poder dormir o tenemos que malvender los pisos».

Multas de hasta 900.000 euros e inhabilitación por incumplir la ley

La actividad de los «after» no está regulada por la Ley Regional de Espectáculos Públicos (Lepar). No existe una licencia para este tipo de establecimientos que sirven copas, ponen música y abren sus puertas cuando cierran las discotecas. La Lepar, aprobada en diciembre de 2013, endureció las sanciones a los infractores.

Estas discotecas matinales están en el punto de mira de la Policía desde hace años (algunas acumulan más de un centenar de denuncias), pero sus dueños aprovechan los vacíos legales de la normativa y la utilización de sociedades pantalla para cambiar de sede habitualmente y eludir así multas e inspecciones. 

Las sanciones parten de los 4.501 euros y pueden llegar hasta los 900.000 euros. Junto a las penas económicas, también se contempla la clausura de los locales hasta dos años, la inhabilitación para organizar espectáculos hasta tres años y la publicación de los incumplidores en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La cuantía se valora en función de los perjuicios ocasionados, la reiteración del infractor, el grado de riesgo, la trascendencia social de la falta y la conducta del dueño del local junto con su intencionalidad.

Fuente:  http://ow.ly/W8Ih30eyza9