Hoy, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desconectará al vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, de sus funcionarios, pese al intento de este último de evitarlo a través de un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra la orden ministerial por la que se intervienen la totalidad de las finanzas de la Generalitat. Fuentes cercanas a Palau prevén que el presidente catalán, Carles Puigdemont, se niegue a firmar el acuerdo de no disponibilidad de crédito. Cuando no lo haga, será Montoro quien lo rubrique hoy y se formalizará así la desconexión operativa de Junqueras de su funcionariado.

Es decir, Junqueras ya no mandará en su 'conselleria', la de Economía, y se convertirá en una figura puramente decorativa desde el punto de vista de gestión administrativa. También perderá el control sobre la llave de la caja y se queda sin los 1.400 millones mensuales que se abonan como adelanto por el sistema de financiación autonómica y que Hacienda usará para pagar a los funcionarios y los servicios básicos de sanidad y educación.

Para ello, la orden ministerial carga toda la presión sobre la interventora general, Rosa Vidal Planella, y sobre las mesas de contratación de la Generalitat. Es la interventora la que tiene que presentar este lunes “una declaración responsable, en los términos que establezca Hacienda, en la que conste que dichos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de ninguna actividad ilegal”. También es ella la que debe reportar a Hacienda “el listado de los contratos, ya sean públicos o privados, de auditoría o de prestación de servicios bancarios o financieros suscritos por la Administración de la comunidad autónoma y por cualesquiera de sus entidades adscritas o dependientes”, tal y como consta en la orden ministerial publicada en el BOE.

Según explican fuentes de la Generalitat, hoy está previsto que Junqueras y sus primeros cargos, los secretarios de Economía y de Hacienda, Pere Aragonés y Lluís Salvador respectivamente, se reúnan en la sede de la 'conselleria' con los servicios jurídicos de la Generalitat para ultimar la presentación de un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que es la competente para una decisión de este tipo del Ejecutivo español. Más allá del fondo del litigio, la clave para Junqueras radica en conseguir lo antes posible que el TS le otorgue unas medidas cautelares en que se solicitará que la orden ministerial quede en suspenso hasta que el alto tribunal falle sobre el fondo del asunto.

Junqueras ya no mandará en su 'conselleria', la de Economía, y se convertirá en una figura puramente decorativa desde el punto de vista administrativo

La Conselleria de Economía quedará por tanto vacía de contenido. Y de paso se paralizará la actividad de todas aquellas cuyo gasto no sea estrictamente social, tal y como ha reconocido el propio Oriol Junqueras en una entrevista a TV3: la congelación de pagos afectará a Treball, Territori i Sostenibilitat, Empresa i Coneixement, Agricultura y Presidencia, entre otras.

Ganar a corto

Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial valoran que, a corto, Montoro es el que tiene las de ganar. Mientras el TS se pronuncia sobre las cautelares, la orden ministerial entra en vigor de igual manera. Por tanto, los hombres de negro de Cristóbal Montoro toman el control de las finanzas de la Generalitat y desenchufan a Junqueras y el resto de cargos políticos de sus funcionarios. Eso quiere decir que el alto tribunal puede estar debatiendo las cautelares hasta el 1-O, para el que solo quedan dos semanas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

También es muy probable que aunque las cautelares se fallen antes, la decisión resulte contraria a los intereses de los independentistas, según apuntan las mismas fuentes jurídicas.

Ganar a largo

La medida de intervención financiera de la Generalitat carece de precedentes en la historia de la España democrática y resulta de una gran dureza. Fuentes conocedoras de los entresijos de los servicios jurídicos de la Administración catalana avanzan que el recurso al Supremo se centrará en desmontar la justificación en que se apoya la orden ministerial. En esencia, que la carta que envió Junqueras para dejar de cumplir el control semanal de Hacienda no supone un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Financiera, que de hecho la Generalitat no solo no ha infringido dicha ley, sino que es la comunidad más cumplidora. Y que nunca se ha producido nada que apunte a un peligro para el pago de la deuda del FLA, tal y como insinúa la orden ministerial, donde se hace prevalecer el papel del Reino de España como principal acreedor de la Generalitat, más de 54.000 millones cuando finalice este año. De hecho, es significativo que la prima de riesgo no se haya disparado por la crisis catalana, señal de que los inversores no temen un impago catalán pese al evidente desafío legal que supusieron la aprobación de la ley del referéndum y la Ley de Transitoriedad.

El Tribunal Supremo tarda unos dos años en fallar en casos de lo contencioso-administrativo, con lo que si la Generalitat gana, ya será demasiado tarde

Es decir, las mismas fuentes jurídicas consultadas coinciden con Junqueras en que lo que hace el Gobierno es aplicar el artículo 155 por una vía alternativa y no tan llamativa. O usar la Ley de Estabilidad para una represalia política que no está prevista en el espíritu de dicha norma. Por tanto, el recurso de la Generalitat en el Supremo estará suficientemente fundamentado.

La ironía es que el escenario más probable es que la Generalitat pierda las cautelares pero gane en el fondo del asunto, que al ritmo que trabaja el Supremo se fallaría dentro de dos años. Sería demasiado tarde. Para dentro de dos años, Junqueras y el resto del Gobierno catalán ya estarían inhabilitados por las querellas de la Fiscalía. Junqueras tendría razón, pero la Justicia se la daría demasiado tarde.

Fuente: http://ow.ly/vp1R30fej1a