Rodrigo Rato a su salida de los Juzgados de Plaza Castilla, en octubre. / Kike Para

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años y medio de prisión y 2,69 millones de euros de indemnización para el expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato por el escándalo de las tarjetas opacas, al que los consejeros y directivos de la entidad cargaron 15,2 millones de euros en gastos personales entre 1999 y 2012. El ministerio público pide una pena aún mayor —seis años de cárcel y 9,34 millones de indemnización— para su antecesor, Miguel Blesa, con quien se puso en marcha el sistema de pagos opacos al fisco.

El ministerio público ejerce la acusación contra un total de 66 antiguos consejeros y directivos de la entidad por delitos de apropiación indebida por el uso de las tarjetas opacas, a las que se cargaron gastos personales, entre ellos viajes, comidas en restaurantes de lujo y otros dispendios ajenos a su labor como representantes de la entidad bancaria, rescatada con 22.424 millones de euros de fondos públicos. Las indemnizaciones que el fiscal reclama para Blesa y Rato son solidarias con el resto de los 66 acusados, es decir, que cada uno de ellos deberá depositar la cantidad concreta con que se lucró con las tarjetas, cantidad que después se descuenta de aquella por la que deben responder los máximos dirigentes de la caja.

El fiscal señala que Blesa "autorizó" la entrega de las tarjetas black a los miembros de la Comisión de Control, del Consejo de Administración y a determinados altos directivos. Según el ministerio público, "se consagró una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos formalizados" por los órganos de administración de Caja Madrid.

El fiscal recuerda que Blesa encomendó la entrega de las tarjetas opacas al directivo Ildefonso Sánchez Barcoj, y que Caja Madrid "nunca practicó la correspondiente retención fiscal a las retribuciones que el uso de las tarjetas constituía", es decir, que eran opacas a Hacienda.

La opacidad del sistema retributivo, afirma el fiscal, “se completó al establecerse que los destinatarios de las tarjetas no debían presentar justificación alguna acreditativa del gasto, de lo que expresamente se les advertía al entregárseles la correspondiente tarjeta”.

El escrito recuerda que, en mayo de 2012, tras la sustitución de Rato al frente de Bankia, ya bajo la presidencia de Ignacio Goirigolzarri, “se cancelaron las tarjetas”.

De los 85 consejeros y directivos de la entidad que fueron remunerados ilegalmente con las tarjetas black, el fiscal ejerce la acusación contra 66. En el resto de los casos, la causa ha prescrito o los titulares de las tarjetas han fallecido ya. La fiscalía aprecia atenuante de reparación del daño en el caso de 11 beneficiados por el sistema de pagos opacos. Estos han devuelto en parte o en su totalidad el dinero que cargaron a las tarjetas, en algunos casos antes de que se abriera la investigación judicial. Entre ellos figuran el propio Sánchez Barcoj o el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, para quienes el fiscal pide penas de dos años de prisión.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2016/01/14/actualidad/1452781544_171170.html