Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, no quiere comerse solo el último marrón judicial que tiene que afrontar. Fernández declaró este martes en calidad de investigado (la nueva figura jurídica de la imputación) en el juzgado de instrucción número 6 de Madrid, en una pieza separada de otra causa ya abierta en el juzgado número 46 que investiga si CEIM y la Cámara de Comercio utilizaron los fondos públicos de los cursos de formación para financiarse ilegalmente. Fernández ha declarado que todo se hizo "correctamente", según fuentes jurídicas, pero ha pasado la pelota al tejado de cinco directivos de la CEIM y de la Cámara responsables de los cursos de formación, ya que él no firmó ni contrató nada.

Tras destaparse en febrero de 2014 el caso Aneri (un gran fraude en los cursos de formación financiados por la Comunidad de Madrid y gestionados por el empresario cordobés José Luis Aneri), la Policía Nacional amplió su investigación para averiguar si otras organizaciones empresariales, entre ellas la patronal madrileña CEIM, utilizaban el dinero de estas ayudas para financiarse ilegalmente. En el epicentro de las investigaciones también se encuentran la Cámara de Comercio y el Instituto de Formación Empresarial (IFE), encargados de impartir los cursos. ¿Cómo era la operativa? CEIM pedía al Gobierno regional ayudas públicas para formar a sus trabajadores, y luego transfería ese dinero al Instituto de Formación Empresarial (IFE), dependiente de la Cámara, para que realizara los cursos.

Esta nueva investigación desgajada de Aneri cayó en el juzgado número 46, donde se ha citado como investigado a otro expresidente de CEIM, el predecesor de Arturo Fernández, Salvador Santos Campano. Para realizar los cursos, la ley permite que un 10% de la subvención retorne a las entidades empresariales para poder sufragar actividades relacionadas con los cursos, como puede ser pagar publicidad para promocionarlos, pagar las facturas de la luz durante las clases o material relacionado con las mismas. Ese 10%, conocido como retorno, pudo ser utilizado para otros fines, según los investigadores, que ayudaron a financiar irregularmente a las asociaciones empresariales. Los agentes y la Fiscalía de Delitos Económicos se centran en los convenios de colaboración que la Cámara firmaba con algunas organizaciones empresariales y municipios.

A través de estos acuerdos, las patronales destinaban al IFE, que depende de la Cámara, el dinero de las subvenciones que previamente habían conseguido de la Comunidad de Madrid. El IFE era el encargado de impartir los cursos, según esos convenios. Luego, en esos mismos documentos, se acordaba devolver a las asociaciones un porcentaje de la subvención en concepto de patrocinio de actividades como la feria de la tapa, jornadas gastronómicas o campañas de ventas y rebajas. El caso ha crecido y ha salpicado a más juzgados.

El expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid Salvador Santos Campano, con corbata roja. (EFE)

¿Por qué? Según el Código Penal, el sujeto activo en el delito de fraude de subvenciones es la entidad beneficiaria de la ayuda. Da igual que varias asociaciones subcontraten a la misma entidad (en esta caso, la Cámara y su Instituto de Formación Empresarial). Por eso, el juzgado 46 elevó al Decanato de Plaza Castilla los otros expedientes investigados. Uno de ellos recayó en el 6, que ha citado a Arturo Fernández en calidad de investigado por un delito de fraude de subvenciones públicas.

En este caso, el juzgado 6 investiga los cursos de formación impartidos en 2011 y 2012. En su declaración, según fuentes jurídicas, Fernández señaló que cree que todo se hizo correctamente, ya que los cursos de formación pasaron auditorías "exhaustivas" y el tutelaje de la Comunidad de Madrid, aunque matizó que quizá se pudieron cometer "errores administrativos pero nunca fraude". El Tribunal de Cuentas ya alertó de que había irregularidades en algunas de las facturas relacionadas con los cursos.

Fernández, no obstante, cree que no debe ser el único responsable de estos "errores". El juez ya tiene en su poder un organigrama de los cargos directivos de CEIM y de la Cámara en esos años, ya que el expresidente de la patronal aseguró en su declaración que él no firmó nada ni contrató nada. Fernández insistió en que pone la mano en el fuego por todo, pero también que él no puede aclarar "los datos técnicos" de los cursos, y confirmó, a preguntas del magistrado, los nombres de los cargos responsables de los mismos. Según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, todos serán llamados a declarar también por el juez. Se trata de Fernando Garzo, exdirector del IFE; Sol Olabarri y Alejandro Couceiro, ex secretarios generales de CEIM; Carlos Prieto, actual director gerente de la Cámara, y Miguel Garrido, actual secretario general de CEIM.

El del juzgado número 6 se trata de un nuevo frente judicial para Fernández. Ya fue condenado a seis meses de prisión por el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. En el caso Púnica también está siendo investigado por la donación que su grupo empresarial hizo al PP en el año 2007. El juez Eloy Velasco tomó declaración a Fernández a principios de marzo, ya que ha conectado las donaciones al Partido Popular con las adjudicaciones que recibió su grupo de restauración, Arturo Cantoblanco.

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La corrupción ha centrado la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso. Es la primera que se celebra desde el estallido del caso Lezo y tanto el portavoz socialista, Antonio Hernando, como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han intentado acorralar al presidente de Ejecutivo en el hemiciclo usando las grabaciones del caso acerca del Fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix.

Pero Mariano Rajoy ha respondido poniendo la mano en el fuego por éste, al que ha definido como «profesional de amplia y exitosa trayectoria que actúa con total independencia y personalidad, Funciona muy bien». Y ha advertido a Hernando que si no defiende la presunción de inocencia, «podríamos acabar en presunción de culpabilidad». El mismo respaldo ha recibido Moix del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha subrayado la «ejemplaridad» con la que trabaja la Fiscalía Anticorrupción en los últimos años. El plan de Rajoy ante los nuevos escándalos es «mejorar los controles, apoyar a quienes tienen que perseguir la corrupción y endurecer las sanciones».

Siguiendo este hilo, el jefe del Ejecutivo ha instado a Hernando a apoyar los nuevos Presupuestos si quiere de verdad luchar contra la corrupción, ya que las cuentas de este año incluyen medidas que permitirán fortalecer los medios de la Fiscalía. Además, ha recordado que en los últimos años el Gobierno ha aumentado los medios al servicio de la Justicia e incrementado las sanciones, permitiendo que hoy se investiguen casos que hace diez años no hubiera sido posible conocer.

Previamente, el portavoz socialista había advertido a Rajoy que se encuentra «acorralado por la corrupción de su partido». «No son vistos como luchadores contra la corrupción sino como cómplices. No se da cuenta del daño que hace a España un presidente que tendra que testificar», ha abundado en una intervención durísima, que Rajoy ha achacado a las pugnas del partido. «Lo que ha hecho usted solo sirve para consumo interno», le ha reprochado.

Por ello, el jefe del Ejecutivo no ha querido dejar pasar la oportunidad de aludir a los casos de corrupción que han protagonizado políticos socialistas en los últimos años y que, ha dicho, no le daría tiempo ni siquiera a enumerar en su turno de respuesta.

Hernando también ha intentado atacar a Rajoy en su flanco débil, asegurando que la frase «el que la hace la paga» ya «no es creíble en su boca porque solo funciona cuando le pillan los tribunales». Este dicho fue elegido por el jefe del Ejecutivo para referirse a su compromiso en la lucha contra la corrupción tras conocerse el escándalo Lezo.

«Ya no cuela la teoría del canalla que traiciona su confianza», ha abundado el portavoz socialista, recordando el perdón que Rajoy pidió a la ciudadanía por haber confiado en Luis Bárcenas. Aseguraba así la existencia de un «aluvión de corruptos» en el PP para subrayar que las respuestas del presidente del Gobierno «y la distancia con la que habla de la corrupción solo producen indignación y vergüenza».

Duros reproches ha tenido que escuchar también Rajoy de Pablo Iglesias que ha acusado a Moix de dedicarse a «impedir el trabajo de los fiscales» y ha considerado «enormente preocupante» las informaciones que apuntan a que secretario de Estado de Seguridad pudo haber dado «el chivatazo» al Fiscal jefe Anticorrupción sobre la investigación del caso Lezo.

Ha aprovechado su turno también para recordar la moción de censura que Podemos ha puesto en marcha justificándola, una vez más, en que los populares «están parisantado las instituciones». Rajoy ha ignorado las alusiones a esa moción de censura en marcha y ha preferido reclamar a Iglesias respeto para la Fiscalía.

Le ha echado así en cara que en el pasado abogara porque sus miembros fueran elegidos entre profesionales «comprometidos con el programa del cambio». «Ésa es su posición, la mía es que los fiscales no tienen que estar comprometidos con el gobierno del cambio ni con el gobierno del recambio. Tienen que estar comprometidos con la ley y el Estado de Derecho, eso es democracia», ha remachado.

Pero pese a la moción de censura en marcha, el PSOE ha ganado hoy a Podemos en contundencia con el Gobierno por la corrupción. A diferencia de la formación morada, que se ha referido a diversos temas, los socialistas han centrado todas las preguntas al Ejecutivo en la corrupción.

Además han dirigido una interpelación urgente contra Catalá sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de las maniobras que se han producido en el seno del ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales. La portavoz adjunta, Isabel Rodríguez, ha reclamado en el Pleno la dimisión del ministro de Justicia y ha advertido que, de no producirse esta semana, la próxima impulsará su reprobación.

Fuente: http://ow.ly/GEFp30bAX9K

Las escenas de dolor se repitieron a lo largo de la tarde de ayer entre amigos de las víctimas - INMA FLORES

«Dime que no es verdad. Dímelo, por favor.No pueden haber muerto. ¡Es horrible!». Eso preguntaban ayer dos chicas, entre sollozos, cuando se dirigían al número 4 de la calle de los Hermanos Bécquer (Barrio de Salamanca, Madrid). Estaba cortada por la Policía Nacional, había un hospital de campaña del Samur y varias dotaciones de este servicio de emergencias, de la Policía Municipal y de los Bomberos del Ayuntamiento. Ahí se enteraron de la terrible noticia. Dos de sus amigos, «una pareja de novios» de 17 años, habían perdido la vida cuando pretendían bajar a la calle en ascensor desde un octavo piso, donde se encuentra el ático. En el edificio vivía la chica.

El extraño accidente ocurrió a las 16.45 horas. Por causas que están siendo investigadas, el suelo del ascensor se vino abajo y, con él, los dos jóvenes cayeron al vacío y acabaron en el foso, muriendo en el acto, precisaron fuentes policiales y de Emergencias Madrid. «¡Ha sido el cristal, ha sido el cristal, que se ha roto!», recalcaban en estado de shock y muy alterados algunos amigos de las víctimas.

El inmueble tiene dos elevadores: el de servicio y el principal, y el siniestro ocurrió en este último, de vidrio, así lo aseguraron varios trabajadores de la finca, que no pudieron precisar si el suelo también lo era ya que no lo utilizan.

Por ello, otra de las hipótesis que se manejaban era la de que, tal y como explicaban algunos compañeros, se hubiera roto una o parte de una mampara y esta arrastrara la plataforma, con lo que los dos chicos cayeron al vacío. Las causas del accidente, que investiga la Policía Científica, son una incógnita por el momento.

Una fiesta que acabó en drama

Los fallecidos habían quedado con un nutrido grupo de compañeros de 2º de Bachillerato del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, de la Compañía de los Jesuitas, situado en el distrito de Chamartín, para celebrar el fin de los exámenes antes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Estaban en el ático del inmueble, de ocho plantas –con una altura de nueve–, haciendo los preparativos para la fiesta. La pareja salió a buscar o comprar algo e, inopinadamente, la tragedia segó sus vidas.

La celebración se tornó en una tragedia. La noticia corrió como la pólvora. Los chavales que estaban en la finca salieron a la calle, se abrazaban, se echaban las manos a la cabeza, lloraban sin consuelo... Hasta el lugar comenzaron a llegar más jóvenes para la celebración y padres de muchos de ellos, que a duras penas contenían la emoción. Las escenas de dolor se repetían.

Los psicólogos del Samur tuvieron que atender a más de una veintena de chicos. Estos fueron trasladados hasta la BNP Paribas, situada en la acera de enfrente, junto a la embajada de EE.UU., donde fueron recogidos por sus padres y siguieron auxiliándoles. La calle permaneció cortada hasta que el juez autorizó el levantamiento de los cadáveres, a las 19.20 horas. Fueron trasladados hasta el Tanatorio Norte.

«No me lo explico. El inmueble ha sido reformado íntegramente hace un año o año y medio, aproximadamente; solo se ha mantenido la fachada. No sé si han cambiado los ascensores», decía un vecino de la zona. Así lo aseguraban otros residentes. «No están aún todos los pisos ocupados. Eso sí, los inquilinos son todos nuevos», decían otros.

Fue la inmobiliaria del Grupo Millenium la que se encargó en 2015 de la obra de, al menos, seis de las viviendas, de 300 metros cuadrados, para venderlas por entre 1,7 y 1,9 millones de euros.

«¡No me lo puedo creer!. La chica era majísima, guapa, lista y muy buena estudiante», comentaba la mujer de la limpieza que acudió a trabajar al piso de los padres de la víctima sin saber el drama que se había desencadenado de forma brusca y repentina.

«¡No me he despedido de ellos! ¡No me he despedido!», repetía, de forma incoherente, una amiga de la pareja, llorando sin cesar. El director del centro educativo mandó una nota a los alumnos de la clase de los fallecidos pidiendo que rezaran por ellos.

Fuente: http://ow.ly/Q2GW30bAWXa

El PSOE acribilla al Gobierno por los casos de corrupción Foto: EFE | Vídeo: EL MUNDO

El presidente, dispuesto a "endurecer las sanciones" contra los corruptos, considera "muy positivo" el trabajo de la Fiscalía

Los socialistas piden la dimisión de Catalá y Cs amenaza con no consensuar la reforma de la Justicia

El fiscal sospecha que el 'número 2' de Interior avisó a González de 'Lezo'

El PSOE ha pasado a la acción desplegando una operación de acoso contra el Gobierno por los casos de corrupción y sus derivadas, es decir, las presuntas maniobras en el seno de la Fiscalía para tapar o amortiguar presuntos hechos delictivos.

Y Mariano Rajoy, el primer objetivo, ha intentado despachar la durísima acusación del portavoz socialista Antonio Hernando de ser "cómplice" de la corrupción, asegurando que su intención es "mejorar los controles, apoyar a los que persiguen los delitos y endurecer las sanciones".

El presidente del Gobierno ha asegurado no querer "entrar al juego" del PSOE que ha vaticinado una grave "inestabilidad institucional" y ha dibujado un Ejecutivo "acorralado" por las corruptelas. Rajoy ha pedido a Hernando que defienda la presunción de inocencia y apoye los Presupuestos del estado en los que se contemplan partidas de refuerzo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y para la Justicia.

"No sé cuáles son las razones que le llevan a adoptar esta actitud", ha dicho, "pero puedo imaginarlas", en clara referencia a la complicada situación de los socialistas ante su proceso de primarias.

Rajoy valora "muy positivamente" a la Fiscalía

Después, ante Pablo Iglesias, el presidente ha valorado "muy positivamente" la actuación de la Fiscalía Anticorrupción pese a los argumentos incriminatorios que el líder de Podemos ha desplegado contra su titular. Iglesias ha asegurado que el PP tiene "parasitadas" las instituciones del Estado y en base a ello ha defendido la moción de censura que pretende presentar contra el Gobierno.

Rajoy ha insistido en reconocer la labor de la Fiscalía Anticorrupción ante la que él, ha dicho, tiene una postura de respeto a su absoluta independencia. El presidente ha recordado que Iglesias pretendía crear una Fiscalía "comprometida con el Gobierno del cambio" y que sólo con esa intención deja claras sus ideas poco democráticas.

El socialista Rafael Simancas ha acusado al ministro de Justicia de "socavar gravemente el crédito de las instituciones". "¿Por qué ha apostado por Moix como Fiscal Anticorrupción? ¿Acaso les convenció el que no viera caso en las irregularidades del PP de Madrid, o por ser asiduo a los cursos de Faes?".

Catalá ha respondido explicando la fórmula por la que se elige a los fiscales y ha negado tajantemente cualquier injerencia del Gobierno. "No hay precedentes de nuestro nivel de transparencia", ha asegurado. "Si algo hace Moix es promover la acción de la Justicia", ha dicho en su defensa antes de recordar que Ignacio González está en la cárcel y calificar de "insidias" las acusaciones de los socialistas.

Tras Simancas, la diputada Isabel Rodríguez, ha insistido en que el PP está "carcomido por la corrupción". Rodríguez ha llegado a pedir la dimisión del titular de Justicia o en su defecto su reprobación por parte de la Cámara.

Catalá se siente respaldado por Rajoy

Catalá ha asegurado sentirse plenamente respaldado por el presidente del Gobierno y ha afeado a la diputada de verter acusaciones "gravísimas" contra los fiscales a los que Rodríguez ha achacado el "proteger la corrupción".

También el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha lamentado ante Catalá que el prestigio de la fiscalía "esté por los suelos". Y le ha preguntado directamente si se siente "capacitado para liderar las reformas que España necesita".

Villegas ha llegado a afirmar que si el ministro no da todas las explicaciones necesarias sobre las sospechas que se ciernen sobre él, se convertirá "en un obstáculo" para cualquier consenso -entre PP y Cs- en torno a la reforma de la Justicia.

Montoro lamenta que el PSOE "está en bucle"

La amnistía fiscal también se ha colado en la sesión plenaria relacionada con la corrupción. Montoro ha lamentado que el PSOE "esté en un bucle". El socialista Pedro Saura ha insistido en que la amnistía fue "un traje a medida para delincuentes y corruptos" y ha recalcado que "no hay caso de corrupción en este país" cuyos protagonistas no se hayan acogido a la amnistía fiscal. "Es una muestra más", ha afirmado, "de la tormenta perfecta del PP con la corrupción".

Soraya Rodríguez ha insistido ante el ministro del Interior sacando a relucir el caso de Rodrigo Rato. La pregunta en principio estaba dirigida al titular de Hacienda al que la diputada socialista ha recordado lo que es "correrse una juerguecita a costa del dinero público" como hizo el ex vicepresidente del Gobierno del PP.

Zoido le ha preguntado en contrapartida si acaso el PSOE conocía todas las corruptelas que también han anidado en su partido y se ha referido especialmente a los casos de Andalucía.

La sesión de control está centrada prácticamente en exclusiva en el rosario de casos de corrupción con hasta ocho preguntas y una interpelación disparadas como balas hacia todos los flancos del Ejecutivo. Desde el presidente Mariano Rajoy, hasta el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, pasando por el ministro de Justicia Rafael Catalá y el de Interior Juan Ignacio Zoido. Todo para intentar desentrañar la maraña de relaciones entre presuntos corruptos, corruptores y encubridores.

La operación Lezo que por el momento ha dado con los huesos del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la cárcel, ha estado en el epicentro de la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Al calor del asalto han salido a relucir los nombres del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto; el del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y el del Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. Y no sólo, también el del ex vicepresidente del Gobierno en la etapa de José María Aznar, Rodrigo Rato.

A la andanada de los socialistas se ha sumado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para ahondar, en su cara a cara con Rajoy, en el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, y el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas, hurgando en la herida de Rafael Catalá por las presuntas injerencias políticas en la labor de la Fiscalía.

Fuente: http://ow.ly/g2FJ30bAWGe

El juez también imputa a los otros 15 miembros del Consejo de Administración de la empresa, entre ellos el hermano de Ignacio González

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha sido imputada, junto a otros 15 ex miembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, por un presunto delito societario en una operación en 2013.

Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el citado juzgado ha incoado ya diligencias previas por el presunto delito y por ello procede a advertir a los 16 implicados, entre ellos el hermano del ex presidente de la Comunidad Ignacio González, Pablo González o el director general de Seguridad de la Comunidad Enrique Núñez, que fue concejal de Ana Botella en el Ayntamiento de Madrid, "que la instrucción del asunto será respecto a ellos en calidad de investigados", aunque todavía no les ha citado a declarar.

Las diligencias se dirigen también contra José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo J.M. del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Alvarez y José Domingo Rodríguez Losada.

La imputación tiene su origen en una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. En su escrito a la Fiscalía consideraban que hubo "prácticas irregulares" en la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51%.

Desde la Delegación de Gobierno han evitado por ahora hacer declaraciones, pero la delegada ya aseguró en su día que la operación contaba "con todos los informes jurídicos y económicos favorables y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración".

Fuente: http://ow.ly/e9W930bAWqW