Todavía faltan tres meses para que se celebre el Orgullo Gay de Madrid -esta edición convertida en el WorldPride, sede mundial del evento y que constituirá la mayor concentración del Orgullo LGTB del planeta-, pero las expectativas del impacto que supondrá para la capital ya superan todos los récords teniendo en cuenta el motor económico en el que se ha convertido el acontecimiento. Las previsiones del Ayuntamiento responden a que más de dos millones de personas acudirán en esas fechas a la ciudad -las fiestas arrancarán el 24 de junio y finalizarán el 2 de julio- coincidiendo además con dos aniversarios trascendentales: el 40 aniversario de la primera manifestación por los derechos de los homosexuales en España y el 25 cumpleaños de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

Los datos que maneja la Confederación de Comercio de Madrid (COCEM) avalan que la afluencia podría llegar a los tres millones de visitantes según explica su presidente, Luis Pacheco, y se espera una movilización internacional importante. Según la COCEM el impacto económico del evento será de 200 millones de euros y el retorno para la ciudad podría alcanzar los 300 millones. El comercio, la hostelería y los hoteleros serán los grandes beneficiados, en unos días en los que la almendra central hará 'llenazo' total como empiezan a advertir las plataformas de reserva online ante la alta demanda y unas reservas que rozan el 80% para esos días.

Un gran número de personas celebra en la plaza de Chueca de Madrid, el Orgullo Gay. (EFE)

Las cifras de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid de los dos últimos años confirmaron que la ocupación de la almendra madrileña (Atocha, Cibeles, Gran Vía, Chamberí y Chueca) durante el evento superó el 95%, y en el resto de alojamientos del extrarradio y la Comunidad fue superior al 70%, en unos días que las tarifas se suelen incrementar cerca del 50%.

Los grandes ejes que el consistorio madrileño pondrá encima de la mesa para la organización del 'WolrdPride' serán la movilidad, seguridad, sostenibilidad y actividad cultural. Según explicó el coordinador de la Alcaldía, Luis Cueto, el consistorio podría tomar medidas excepcionales como el funcionamiento del metro durante las 24 horas en días señalados como el sábado 1 de julio en el que tendrá lugar la gran manifestación LGTBI. La seguridad jugará un rol fundamental y el dispositivo especial de ediciones anteriores coordinando SAMUR, Policía Municipal y Policía Nacional se verá ampliamente reforzado.

En Aegal, asociación de empresarios de la comunidad LGTB, son muy optimistas con las previsiones para esta edición tras la celebración del Orgullo de 2016. Los empresarios 'gay-friendly' tienen su gran objetivo puesto en este año: "El año pasado se celebró en Toronto, donde el impacto económico alcanzó los 798 millones de dólares. Estamos en condiciones de creer que en dos años Madrid podría alcanzar una cifra importante porque contamos con la implicación de todos los sectores y patrocinadores de grandes empresas y marcas", aseguran desde la asociación.

Dos chicas envueltas en una bandera del arcoíris en la manifestación del pasado 2016. (Reuters)

En Madrid Foro Empresarial también miran con buenos ojos esta celebración, pero insisten en que hay mucho por hacer aún. "Está muy bien que Madrid acoja eventos internacionales y estamos satisfechos. Pero el objetivo debe ser tener más eventos mundiales. Para nosotros eventos como el Mobile World Congress sería todavía más interesante en términos de impacto en la economía madrileña", explica su presidente Hilario Alfaro.

El objetivo para la capital, insiste, debe ser "adquirir mayor relevancia" para los mercados "de mayor gasto per capita en destino, la cantidad no sirve, solo queremos calidad". Y para poder llegar a estos mercados y promocionar la ciudad, Alfaro afirma como en tantas ocasiones, "es necesario que se implante la tasa turística que venimos demandando los empresarios". En Madrid Foro Empresarial inisten en que en este momento Madrid es la única gran capital del mundo que "cobra a sus ciudadanos la gestión del turismo", en vez de ser los turistas quienes se ocupen de ese gasto.

Fuente: http://ow.ly/K90L30ahyqd

Pilar Abril, 50 años, auxiliar administrativo de una universidad madrileña. El 9 de octubre, domingo, espera dentro de su Ford Focus a que el semáforo se ponga verde en la calle Rafael Ibarra, en el barrio de Orcasitas. De repente, un vehículo, conducido por un hombre de 87 años, no frena a tiempo y la embiste por detrás. Comienza su odisea. El Samur la atiende. En principio, nada grave. Pero por la noche empieza a encontrarse peor: dolor de cabeza, mareos, molestias en el cuello y la espalda. Acude al hospital, donde el parte médico es claro: sufre un esguince cervical. Necesita analgésicos y rehabilitación.

Su coche debe ir al taller. El seguro del vehículo que la ha golpeado debe pagar la reparación. En torno a 1.500 euros de chapa y pintura de la parte trasera. Pero hay un problema. Pilar deja su coche en un taller y días después aparece en otro, del mismo dueño. Y aunque han reparado los golpes, no arranca. Algo falla en el motor. Ningún seguro (ni el suyo ni el del otro conductor) se hace cargo y Pilar, que ya no se fía, se lo lleva a un mecánico de confianza. La broma le cuesta cerca de 1.000 euros, que paga de su bolsillo. "Qué casualidad que el coche estaba bien antes del accidente, y luego no", señala Pilar.

Ella debe empezar el tratamiento. Su aseguradora elige el traumatólogo, ya que el convenio que la Seguridad Social firmó con Unespa (la patronal del sector) regula que los tratamientos médicos serán asumidos por las compañías de los vehículos implicados en un accidente con lesiones. En principio debe recibir 10 sesiones, pero Pilar se enfada con el fisio porque le pilla jugando con el móvil mientras le da el masaje con una sola mano. "Una chapuza". El seguro la cambia de clínica. Al final, recibe 30 sesiones y la baja médica se prolonga durante 60 días.

Llega el turno de la indemnización. La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, cambió el baremo de compensaciones. Desde el 1 de enero de 2016, los accidentes graves se pagan mejor, pero no así los leves. Por ejemplo, con el antiguo baremo, el día de baja laboral se abonaba a 58,41 euros; con el nuevo, a 52 euros. El día no impeditivo (de tratamiento médico pero no de baja) se reduce de 31,34 a 30 euros. Pilar ha tenido que contratar a un abogado, que pagará también de su bolsillo, "porque el seguro me quiere regatear los días que he estado de baja. Me corresponderían unos 3.500 euros y me quieren pagar 2.400". Su letrado tiene que presentar a la aseguradora una oferta económica motivada y necesita una copia del atestado policial de su accidente. También debe pagar por ella. La tasa, en la ciudad de Madrid, es de 25,6 euros. Otro gasto más que antes era gratuito.

Tráfico en una calle de la capital. (EFE)

Por eso, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (Anava) ha presentado al Ayuntamiento de Madrid y al Defensor del Pueblo un escrito de queja por la tasa que obliga a pagar a una víctima con lesiones cada vez que necesita una copia del atestado levantado por la Policía Municipal. Una tasa "abusiva, inapropiada e indebida, un perjuicio para la parte más débil de los siniestros, que con la petición de la copia del atestado solo persigue conocer los datos de su accidente e iniciar los trámites para reclamar una indemnización".

Y es que todo ha cambiado desde julio de 2015, tras la reforma del Código Penal. La Ley Orgánica 1/2015 despenaliza los accidentes de tráfico, obligando a las víctimas a demandar a las aseguradoras por la vía civil, que tiene unos gastos, frente al sistema anterior, que era por la vía penal y gratuito. "Es decir, hasta julio de 2015 todos los accidentes de tráfico podían ir por la vía penal, sin costes para la víctima. El informe del forense que veía al accidentado era gratuito. Incluso este podía asistir al juicio sin abogado, y si al final lo perdía no había costas. Hoy, las faltas y todos los procedimientos que no son considerados delitos leves [la gran mayoría, como el accidente de Pilar] están despenalizados y por tanto suman nuevos gastos para el accidentado. Eso también incluye la copia del atestado policial, que antes se enviaba gratuitamente y de oficio a todos los juzgados. Ahora ya no", explica Manuel Castellanos, abogado y presidente de Anava.

Coste del atestado en los 20 municipios más poblados de Madrid

Madrid: 25,6 euros; Móstoles: 55 euros; Alcalá de Henares: 50 euros; Fuenlabrada: 46,89 euros; Leganés: 41,8 euros; Getafe: 50 euros; Alcorcón: entre 47,5 y 104,6 euros; Torrejón de Ardoz: 68 euros; Parla: 7,41 euros; Alcobendas: 21 euros; Coslada: 30 euros para conductores, 50 para aseguradoras; Las Rozas: 30 euros para conductores, 300 para seguros; Pozuelo de Alarcón: 50 euros; San Sebastián de los Reyes: 60 euros; Rivas Vaciamadrid: 8 euros; Majadahonda: 6 euros para jubilados, 32 para el resto de conductores y 364 euros para aseguradoras; Valdemoro: entre 2,6 y 25 euros; Collado Villalba: 38 euros; Aranjuez: 77,95 euros; Arganda del Rey: 65 euros.

Los 20 municipios más poblados de Madrid tienen tasas que gravan la emisión de copias de documentos administrativos, entre ellos las copias de los atestados que hacen sus policías locales cuando hay un accidente. En Madrid capital, esa tasa es de 25,6 euros. En el resto de localidades varía entre los 2,6 euros que cobra Valdemoro por el atestado más simple (sube a 25 euros si el informe policial es más detallado) a los 104,6 euros de Alcorcón por el atestado más descriptivo (hay otro más barato por 47,5 euros). Las Rozas y Majadahonda (ver tabla) distinguen entre conductor y aseguradora. Si quien solicita la copia es un vecino, Majadahonda cobra 32 euros (seis euros si está jubilado), tasa que sube a 364 euros si la petición es de una aseguradora. Las Rozas cobra 30 euros a los vecinos y 300 a los seguros. El resto de municipios tiene una tasa única. Anava asegura que enviará el mismo escrito de queja a muchas de estas localidades. La Guardia Civil no cobra tasa.

Fuente: http://ow.ly/8lKO30ahxYP

Carlos I ha pedido a los jefes de Telefónica, CaixaBank y Santander que cesen el hostigamiento contra el presidente de Prisa, con el que mantiene una relación cercana

Juan Luis Cebrián (i) y Don Juan Carlos I. (Enrique Villarino)

La batalla por la presidencia de Prisa y el control del primer grupo de comunicación de España ha escalado a un estadio ajeno a la propiedad de las acciones y al análisis puramente financiero. Según han confirmado fuentes de los accionistas de la compañía editora de 'El País', Juan Carlos I ha pedido a los principales ejecutivos de Telefónica, CaixaBank y Banco Santander que cesen "el hostigamiento" a Juan Luis Cebrián, cuyo liderazgo al frente del 'holding' de medios impresos y radiofónicos ha sido puesto en tela de juicio.

Según han indicado las mismas fuentes, don Juan Carlos ha solicitado expresamente a César Alierta, consejero de Telefónica, que frene los movimientos para destituir al presidente de Prisa. Alierta encabeza las negociaciones para facilitar una salida pactada a Cebrián, que hasta la fecha se ha negado a ceder a las presiones de accionistas y acreedores descontentos con la gestión del grupo de medios.

Alierta ha mantenido varias reuniones con Cebrián para convencerle de las ventajas de echarse a un lado para facilitar el futuro de Prisa, cuya grave situación financiera ha provocado un hundimiento de la cotizacion y pérdidas millonarias para sus principales accionistas y acreedores. A uno de estos encuentros asistió Isidre Fainé, en representación de CaixaBank, al que también ha llamado don Juan Carlos para que detenga el cerco al reconocido periodista. Lo mismo ha sucedido con el entorno de Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Los tres han tomado nota de la petición del Rey emérito, que sigue teniendo una gran influencia entre el viejo 'establishment' bancario.

No es la primera vez que Juan Carlos I interviene en un conflicto accionarial para intentar proteger a algunos de sus empresarios próximos. Actuó de igual forma en octubre de 2015, cuando hizo una ronda de llamadas a los principales bancos españoles para que salvaran a Abengoa y, de paso, a la familia Benjumea, con la que tiene una relación muy cercana. Prueba de ello es que los empresarios andaluces colocaron en varios de sus consejos a Carlos de Borbón-Dos Sicilias, primo del monarca, y a Alberto Aza, exjefe de la Casa Real. No obstante, su afán cayó en saco roto.

Telefónica es dueña del 13% de Prisa, de la que CaixaBank tiene el 5% y Santander, un 4%. Alierta está liderando un pacto tácito para sumar esta participación del 22% y agregarla al 19% que posee Amber Capital, el fondo de capital riesgo que se ha mostrado más hostil contra Cebrián. De hecho, este año ha votado en contra de la política de retribuciones del consejo de la compañía, cuyo principal beneficiario es su presidente. Un informe de remuneraciones que tampoco fue aprobado por los consejeros independientes después de que el editor de la Cadena SER cerrase 2016 con unas pérdidas de 67,9 millones de euros.

La mayoría del capital, en juego

Todos estos paquetes sumarían un 41% del capital de Prisa, oposición más que suficiente, en opinión de Alierta, para forzar la destitución de Cebrián, ya sea de forma pactada, como ha intentado hasta ahora, o por petición expresa en la próxima junta general de accionistas. A diferencia de los últimos tres años, cuando el acto en el que el presidente rinde cuentas ante los dueños del capital se celebró en abril, distintas fuentes aseguran que el primer directivo de la compañía va a intentar postergar la celebración de la junta a junio.

Esa maniobra permitiría ganar tiempo para llegar a esa cita con la venta de Santillana apalabrada, operación que de cerrarse permitiría a Prisa pagar los 958 millones de euros que vencen en 2018. Este factor es el que más está presionando a la baja la cotización de editora de medios y el que más preocupa al propio Cebrián, que sabe que su futuro pasa por traspasar el 75% de la compañía de libros educativos a un precio que satisfaga los intereses de los acreedores. De no conseguirlo, su posición será muy difícil de sostener, pese a los esfuerzos de don Juan Carlos y de Alfredo Pérez Rubalcaba, miembro del consejo editorial de 'El País', quien también se ha movido con los empresarios.

El líder de Prisa cuenta con el apoyo de Rubalcaba, respaldo que poco importa a los 'hedge funds'

De momento, Cebrián considera que algunos accionistas están generando "mucho ruido" en relación a su continuidad como presidente. En una reciente y poco habitual entrevista a la agencia estatal EFE, el primer ejecutivo de Prisa ha indicado que estos accionistas están "aplicando las tácticas habituales de esos inversores que buscan soluciones a corto plazo para sus intereses, y no parecen preocupados por soluciones a medio y largo plazo en interés del resto de los accionistas y la compañía". En ningún momento, identificó a los propietarios del capital del grupo al que se refería con estas acusaciones, pero fuentes próximas al conflicto aseguran que sus palabras iban dirigidas a Amber Capital y a Telefónica, y de forma indirecta a CaixaBank y Banco Santander.

"Hasta donde yo sé, y tengo buenas razones para saberlo, la mayoría del capital apoya a la actual dirección, independientemente de que es previsible que haya cambios en el futuro, que yo mismo anuncié hace más de un año", dijo la semana pasada. Una aseveración de la que el grupo opositor discrepa, puesto que da por hecho que el 9,5% del capital en manos de HSBC, a su vez uno de los principales acreedores, está de su parte.

Públicamente, el banco británico se ha mantenido hasta la fecha totalmente neutral en esta batalla. Su principal objetivo, como la de los 'hedge funds' que controlan la deuda, es recuperar algo del dinero prestado a Prisa, dando por perdidos varios cientos de millones. La entidad no quiere entrar en ninguna guerra accionarial. No obstante, en el entorno de los accionistas es sabido que HSBC le tiene poco apego a Cebrián. De hecho, las diferencias entre la entidad y el reconocido periodista han sido puestas de manifiesto en las distintas reuniones para la refinanciación de la deuda y las decisiones para vender activos y repagar el pasivo a las que se oponía la compañía.

Fuente: http://ow.ly/vD7s30ahvWo

Salguero fue uno de los empresarios que denunciaron en 2005 el pago de mordidas a Convergència, justamente en los días en que Maragall espetó que el problema de CiU era el 3%

El 'expresident' Artur Mas y el exconsejero de Empresa y Ocupación Felip Puig, en una foto de archivo de 2015. (EFE)

Artur Mas se enteró por un correo electrónico de los pagos de mordidas en adjudicaciones públicas, al menos, en el año 2003, cuando todavía era ‘conseller en cap’ (consejero jefe) en el Gobierno de Jordi Pujol. Así consta en la declaración del empresario Juan Antonio Salguero, realizada ante la Guardia Civil el 2 de febrero de 2016. La declaración consta en el sumario del 3% que instruye el juez Josep Bosch, titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona). Salguero fue uno de los empresarios que denunciaron en el año 2005 el pago de mordidas a Convergència, justamente en los días en que Pasqual Maragall le espetó a Artur Mas que el problema de Convergència se llamaba 3%.

“El señor Salguero también estableció contacto con Artur Mas a través de un correo electrónico en el que exponía la situación [le decía que estaba siendo chantajeado]. La respuesta del señor Mas fue enviarle a su jefa de prensa y a Ferran Falcó, presidente de Adigsa en ese momento, para pedirle por favor que no denunciara nada”, dice el informe que obra en el sumario abierto en El Vendrell. El correo electrónico, por otra parte, está en poder de la Fiscalía.

El empresario había sido contactado por José María Penín, un trabajador externo de Adigsa, que era la empresa de la Generalitat que controla la vivienda pública de Cataluña. Penín le ofreció contratar 18 obras de rehabilitación de pisos públicos a un precio de entre 25.000 y 30.000 euros cada obra. En total, un negocio de casi 600.000 euros.

Pinche aquí para leer el documento de la declaración del empresario Juan Antonio Salguero.

La condición era que tenía que realizar una factura por cada una de las obras y no podía cobrar en una sola factura. 'A posteriori', Salguero se enteró de que, de esa manera, la obra no salía a concurso, sino que se adjudicaban a dedo cada una de las reformas, al no llegar, por separado, al tope exigido por ley para tener que convocar concurso público.

Cuando llevaba la mitad de los pisos rehabilitados, Salguero fue a cobrar a la Generalitat, pero su nombre no figuraba en la base de datos de la Administración, por lo que le dijeron que debía contactar con Penín. “Cuando el dicente habla con Penín —dice el informe policial— y le expone su intención de cobrar por las reformas ya realizadas, este le enseña las facturas que realmente debe presentar, las cuales habían sido incrementadas en un 20%. El señor Salguero le contesta que no tenía conocimiento alguno de este proceder y que no está de acuerdo con el mismo, respondiendo Penín que es la única forma que tiene de cobrar. Salguero le dice que va a denunciar esta situación y Penín le responde que el consejero en aquel momento era familiar suyo (Felip Puig), que era la forma de proceder y que no tenía nada que hacer”. Puig era, en aquel momento, consejero de Política Territorial y Obras Públicas.

Los diligentes Mossos

El empresario llamó al consejero para decirle que “estaba siendo víctima de un chantaje, a lo cual el señor Puig lo único que le preguntó era que cómo iba a realizar el pago”.

Juan Antonio Salguero —que tuvo que irse de Cataluña posteriormente— señala a El Confidencial que al día siguiente de que Maragall denunciase el caso del 3% en el Parlamento catalán se vio con la jefa de prensa de Convergència y con Ferran Falcó, presidente de Adigsa. “En cuanto le mandé el correo electrónico a Artur Mas, se presentaron los Mossos d’Esquadra en casa. Además, recibí ya la llamada de la jefa de prensa para vernos urgentemente y hablar del asunto, suplicando que no dijese nada a nadie”, recuerda el empresario. Falcó es hoy secretario de Territorio del Gobierno catalán, mientras que la entonces jefa de prensa ocupa otro cargo de confianza en el Ejecutivo de Carles Puigdemont.

Ese mismo día de la reunión con los dirigentes de CDC, Salguero también quiso entregar una copia del correo a Ernest Benach, entonces presidente del Parlamento, porque coincidió con él a la entrada de la institución, pero el político se escabulló hábilmente. Por el contrario, los Mossos que hacen guardia le conminaron a que “no apareciese más por allí repartiendo panfletos. Incluso me pidieron el DNI y tomaron nota. Yo lo único que quería era que supieran lo que le había expuesto a Artur Mas, pero fueron contundentes para decirme que no permitirían que repartiera panfletos allí”.

"Falcó me pidió que no les denunciara. Él mismo reconoció ante el juez que se había reunido conmigo, pero dijo que era para saber qué pasaba"

"En otra ocasión, coincidió con el entonces vicepresidente catalán y líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, en el programa de la televisión vasca ‘Por fin es viernes’. Le dije todo lo que me había pasado, cómo me habían querido extorsionar para pagar una comisión del 20%. Y él, que había dicho incluso que la comisión que se pagaba era del 5% y no del 3% que decía Maragall, se enfadó conmigo porque le llamé cobarde. Y es verdad: en aquellos momentos parecía que solo había cobardes y ladrones. Pero no dijo nada. Se calló y no denunció lo que me había pasado". O sea, jamás se interesaron ni él ni nadie de su partido por si se pagaban comisiones o algo parecido.

Salguero relató también a la Guardia Civil que cobró los cheques de la mitad del trabajo y el mismo día los cobró en efectivo por ventanilla. Le habían dicho que debía ingresar una parte de la mordida en una cuenta a nombre de una fundación “de la cual no recuerda el nombre y que el resto iba ‘para arriba’, a lo cual el señor Salguero se negó”. En cambio, entregó la mordida, en efectivo, a Penín y a otro trabajador de Adigsa en un bar cercano a la sede de este organismo. Pero ante lo estrambótico de la situación, dejó de trabajar para el Gobierno de CiU.

El empresario subraya a este diario que Ferran Falcó le "pidió que no les denunciara". "Él mismo reconoció ante el juez que se había reunido conmigo, pero dijo que era para saber qué había pasado. Eso no es verdad. Lo sabía perfectamente", asegura Salguero a El Confidencial. En su declaración, la Guardia Civil destaca que Falcó fue la persona que contrató a Penín, el familiar de Felip Puig, para que hiciese de intermediario en las adjudicaciones. Años después, en 2013, la jueza Núria Bassols exoneraba a Falcó de toda culpa en este caso. Bassols pasó inmediatamente a ocupar un cargo de confianza cerca de Artur Mas (ya entonces ejerciente como ‘president’) y con un salario de 108.000 euros anuales. Su marido, Josep Manel Bassols, es uno de los empresarios detenidos recientemente por pagar las mordidas del 3% a Convergència a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Inquietantes advertencias a Mas

Poco antes de este casual fichaje, Josep Manel Bassols escribía una carta al propio Artur Mas, una copia de la cual obra en poder de El Confidencial, en la que le enumeraba los ‘servicios’ prestados a Convergència y le instaba a dedicarle “un poquito de tiempo para valorar la situación en que me encuentro y que me incomoda y me decepciona mucho”. Le habían prometido un cargo importante en la empresa Gisa (que controlaba toda la obra pública) o en alguna de las diputaciones, pero el ofrecimiento formal no había llegado nunca. “Paralelamente, mi esposa, Núria Bassols, a quien usted ya conoce, hace tiempo que necesita un ‘impasse’ temporal de la plaza que ocupa en la Sala Civil y Penal del TSJC, dado que lleva más de 12 años (es, con diferencia, la más antigua) y han sido unos años de mucha presión".

"Uno de los contactos que tuvo fue con el actual vocal del CGPJ Ramon Camp, que le pidió a primeros del 2011 que se mantuviese en su puesto un par de años más (…)”. Y más adelante subrayaba que se encontraba en una total incerteza por lo que al futuro profesional se refiere. “Incerteza que se extiende también a mi esposa que, aparte del apoyo que he encontrado siempre en ella, ha desarrollado una labor muy importante desde su destino profesional, que se verá obligada a abandonar si no podemos encontrar una salida a esta situación”.

La carta terminaba con una advertencia inquietante a Artur Mas: “Le agradecería sinceramente que me disipase estas dudas [sobre cargos de confianza para él y su esposa]; por tanto, quedo a su disposición para recibir esta respuesta en la forma y circunstancias que por el desarrollo de su tarea le sea más fácil”. Que cada quien interprete este aviso.

La exoneración de Ferran Falcó en 2013, pues, fue la guinda de la jueza a CDC. No hay que olvidar que Falcó fue el candidato convergente a la alcaldía de Badalona y que no fue alcalde porque ningún partido político quiso apoyarle (precisamente por estar imputado) para desbancar al popular Xavier García Albiol. Y Núria Bassols, pese a que todos los testigos señalaban a Falcó como el hombre que controlaba todo y ordenaba hasta los más mínimos detalles en Adigsa, determinó que el dirigente de CDC y comisionado por Mas para neutralizar a Salguero no tenía nada que ver con la obra en las viviendas públicas y que no sabía nada de nada. Fue otra de las parciales victorias de Artur Mas en sus intentos de crear cortinas de humo entre él y la corrupción.

Fuente: http://ow.ly/ReO930ahvM3

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante el mitin celebrado ayer en Madrid en el que anunció oficialmente su candidatura

Susana Díaz desplegó músculo y fuerza en Madrid. A su alrededor, Felipe González y Alfonso Guerra, que son difíciles de ver juntos y que se juntaron para apoyar a la andaluza, y José Bono y José Luis Rodríguez Zapatero, otrora enfrentados en un congreso que se celebró en el mismo recinto de IFEMA. Los más de 4.000 asistentes que empequeñecieron el recinto eran el 100% PSOE que Díaz reclama para sí con su historia, de aciertos y de errores, bajo la reformulación de la socialdemocracia del futuro que no se entregue al populismo de verbo fácil y de alternativa utópica. Díaz quiere un PSOE ganador y para ganar quiere convencer con un discurso de izquierdas sin veleidades.

El pasado arropó a Díaz. También el futuro que representó la joven militante de las Juventudes Socialistas, la cántabra Estela Goicoechea; Cataluña que subió al atril, a nada más y nada menos, que al alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, el sustituto de José Montilla –hoy senador y ex presidente de la Generalitat que tampoco esconde, todavía en privado, sus preferencias por Díaz– y Matilde Fernández, la ya jubilada dirigente guerrista que sigue teniendo una fuerza encomiable.

A 350 kilómetros de distancia al este, en Valencia, Pedro Sánchez volvía a darse un baño de multitudes en el que militantes, que votan, y simpatizantes, que no votan, daban colorido a un candidato que se erige en líder de las bases y habla de un proyecto situado más allá del partido que no descarta la ruptura si Sánchez pierde las primarias. A pesar del desprecio con que el ejército de «trolls» que posee el ex secretario general en las redes sociales recibió la noticia que publicó LA RAZÓN en la que se contaba que el «sanchismo» teoriza la ruptura mirándose en el espejo del líder francés Jean Luc Mélenchon que se escindió del PSF, la realidad es que la ruptura se ha convertido en debate en las filas de Sánchez, sobre todo, entre los seguidores del candidato en las redes sociales que tienen cara y ojos, que residen en España y que, todavía, son militantes, y que nada tienen que ver con las granjas de «trolls» que mecánicamente saludan al nuevo líder.

Al norte, a 400 kilómetros de Díaz, López sigue con su campaña alejado de grandes demostraciones de fuerza. Las malas lenguas lo dan por amortizado, pero su equipo apuesta por un modo de hacer que piensa sobre todo en el día después y que el líder vasco resume en «un socialista si pierde, al día siguiente se queda, para sumar». La incógnita es si López llegará al final. Los suyos no tienen ninguna duda. Sus oponentes discuten si la retirada de López favorecería a Díaz o a Sánchez. Hoy por hoy, nada permite augurar que el ex lendakari abandone la liza porque una retirada podría inhabilitarle para otros menesteres en el futuro.

Con los tres candidatos en liza, la gestora se reúne hoy para fijar un nuevo Comité Federal, para el sábado 1 de abril, en el que se fijarán fechas de primarias y congreso. Empezará así la carrera de verdad en la que todos medirán sus fuerzas, y empezará un proceso que no estará exento de broncas y de tensiones entre Pedro Sánchez y la gestora que para un líder socialista «es el camino a seguir para acusar de pucherazo si no gana». La financiación de los candidatos y el censo marcarán las primeras escaramuzas que se llevarán a los territorios.

Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia serán los principales campos de la batalla porque en ellas se dirimirá la mayoría ya que tienen el mayor número de militantes. Sánchez quiere hacer mella en Andalucía, aunque quizás sus esfuerzos sean baldíos, y los resultados escuálidos que los entendidos sitúan en un máximo del 30%, porque en sus principales baluartes pierde fuelle. Madrid votará muy dividido lo que hace perder fuerza al ex secretario general que ha unido en su contra a Tomás Gómez y a Pedro Castro, al igual que Valencia, dónde Ximo Puig está recuperando posiciones y algunos valores sanchistas le han dado la espalda refugiándose con Patxi López. Cataluña también dejará de ser un vergel sanchista. El alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, el ex ministro Celestino Corbacho, el alcalde de Lleida, Àngel Ros, y la todopoderosa federación del Baix Llobregat se han convertido en la guardia pretoriana de la líder andaluza. Los susanistas catalanes se saben perdedores pero un PSC dividido es mal augurio para Sánchez.

La Caja de Pandora se abrirá el próximo sábado y las espadas están en alto. Más de un mes y medio de campaña se antoja larga, aunque no tediosa. En apenas 45 días, el PSOE se juega su futuro y la incertidumbre en el resultado hace prever tensión y violencia verbal. Del resultado final dependerá si seguiremos conociendo un 100% PSOE, o acabará hecho añicos.

Sánchez y López, también de campaña

Mientras Susana Díaz se dio ayer un baño de masas en Madrid, Sánchez y López dieron sus mítines: el ex secretario socialista llamó en Valencia a optar entre el PSOE «de la abstención» o uno «de izquierdas, creíble y autónomo», y el ex presidente de la Cámara Baja mantuvo un tono de conciliación y solicitó a los candidatos que dejen «las peleas de barrio» y abogó por un debate abierto a la militancia entre él y los otros aspirantes.

Fuente: http://ow.ly/5lXj30ahuCC