El presidente del grupo parlamentario y portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín. (Efe)

El subdelegado territorial de Ciudadanos en Andalucía, Eugenio Rodríguez, aparece en una grabación, a la que ha tenido acceso El Confidencial, dando instrucciones precisas sobre cómo contratar personal para el partido con el dinero de las arcas municipales. Él mismo se presenta como “el responsable del partido en la provincia de Sevilla”, por detrás del número dos, Manuel Buzón. Se refiere en concreto a Irene de Dios, actualmente asesora política del grupo municipal de Ciudadanos en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

“—Lo que ha hecho el ayuntamiento es contratar a Irene porque, como no hay dinero para contratarla como coordinadora de campaña nacional en la provincia de Sevilla, pues hemos usado el dinero del Ayuntamiento de Sevilla para poder contratar a Irene.

—¿Lo habéis hecho cómo, con dinero del grupo municipal?

—Correcto... Con el dinero del grupo municipal”.

Coordinadora de campaña

En estos términos discurre la conversación que el responsable de Ciudadanos en Sevilla mantiene con varias personas y donde da instrucciones para contratar al personal del partido. “Tuve el enorme privilegio de ser seleccionada para coordinador de la campaña nacional para los candidatos al Congreso de los Diputados de Sevilla y responsabilizarme de Acción Política a nivel autonómico”, recoge Irene de Dios en su currículo oficial.

Desde el ayuntamiento, admiten que realizó trabajos de asesoría en el grupo municipal y muestran “total tranquilidad”. Eugenio Rodríguez no ha sabido decir ni cuándo ni cómo se produjo esta conversación, e incluso dice no reconocerse “con seguridad” por la mala calidad del audio. Otras fuentes del partido admiten que es su voz “sin dudas”, pero no saben explicar en qué contexto se produjo esta conversación, que transcurrió en la antesala de las elecciones generales de diciembre de 2015.

La ley impide que las asignaciones municipales financien al partido o sus gastos de personal

Desde la dirección andaluza aseguran que "el partido no era conocedor de esta contratación, la contratación la realiza el grupo municipal y el partido no tenía conocimiento". "Las primeras informaciones que tenemos sobre esta contratación es en calidad de asesora por una duración de seis meses. Ciudadanos abrirá un expediente informativo para conocer lo que ha sucedido y en consecuencia actuará", informan en un breve comunicado a petición de este periódico.

No es la única parte de la conversación en la que da instrucciones. Quien se identifica como “Eugenio” y “responsable del partido en Sevilla por detrás de Manolo Buzón, que es de Andalucía” indica los pasos para contratar desde los grupos municipales.

En otro momento de la conversación, se puede oír cómo da la orden de reservar un porcentaje fijo que deberá destinarse al partido. “Tienes que tener en cuenta dejar siempre una reserva del 25 o 30% del total porque creo que lo obliga”, dice refiriéndose a la dirección nacional de la formación naranja. De hecho, ante las preguntas de sus interlocutoras, insiste en que en los próximos días les pasarán “el protocolo oficial”.

La dirección de Ciudadanos niega esa reserva. "Lo que el partido recomienda a los grupos institucionales es que ahorre de los ingresos en los presupuestos para posibles gastos extraordinarios", aseguran desde la dirección andaluza. "En ningún caso el dinero va al partido. Permanece en la cuenta de ahorro de los grupos". agregan.

Tanto la ley de financiación de los partidos políticos, que delimita las subvenciones públicas, como la ley reguladora de bases del régimen local dejan claro que las asignaciones municipales que reciban los grupos políticos deben destinarse a los gastos de funcionamiento del grupo y no pueden servir para financiar los partidos políticos. Para eso existen cautelas legales como que la asignación municipal a un grupo no debe transferirse a la cuenta del partido sino a otra específica creada para el grupo municipal o provincial. En su artículo 73, la ley orgánica deja claro que estos fondos públicos no pueden destinarse a las remuneraciones de personal ni adquisición de bienes de los partidos. Contratar a la coordinadora de una campaña electoral con la asignación municipal no cabe en la ley.

Sin fiscalización

La ley de transparencia obliga además a que las asignaciones aprobadas para los grupos municipales y su contabilidad, los gastos, contratos y destinos de estos fondos, sean públicos y accesibles para la ciudadanía. Ciudadanos percibió en el consistorio hispalense para 2016 una asignación de 52.287 euros. El Ayuntamiento de Sevilla no obliga a publicar el destino de las asignaciones municipales ni los contratos de cada formación, que ni se cuelgan en el portal de la transparencia ni se fiscalizan, dejándolo en manos de cada partido y del Tribunal de Cuentas.

Ciudadanos y Partido Popular se enfrentan en estos momentos por la imputación del presidente de Murcia, y el partido naranja se ha unido al resto de grupos políticos en el Congreso para forzar una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. Distintas piezas judiciales cercan al PP: además de Gürtel y el caso del extesorero Luis Bárcenas, una pieza secreta de la Púnica investiga la supuesta financiación ilegal del PP madrileño.

Ya en Murcia, el pago de facturas de la campaña de las autonómicas con fondos de la asamblea costó un cese y una investigación interna

El partido de Albert Rivera se presenta como una garantía de regeneración de la vida política española. La formación naranja elevó su transparencia firmando un convenio con la ONG Transparencia Internacional después de que surgieran sospechas sobre la financiación de su campañas a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid. También en Murcia trascendió que se habían abonado de forma ilegal facturas de la campaña de las autonómicas de 2015 con dinero público, lo que el partido achacó a un “error administrativo” y hubo ceses de los responsables.

En el caso de la campaña de las andaluzas de 2015, Ciudadanos, atendiendo a sus resultados, podría haber captado 1,2 millones de euros, pero los gastos acreditados, y por tanto por los que cobró, fueron mucho menos, 253.583 euros. La formación de Rivera incluyó una apartado de “regeneración democrática de los partidos políticos” en su pacto de investidura con la socialista Susana Díaz. Un total de 12 puntos en los que pone el foco precisamente en la necesidad de reforzar el control sobre la financiación de los partidos.

Fuente: http://ow.ly/l4wy309M499

En los folletos editados para este proyecto el Ayuntamiento anima a residentes y comerciantes de Usera a «mejorar el barrio» uniéndose a los «vecinos cuidadores»

El Gobierno de Manuela Carmena quiere que Usera «brille». Actualmente no lo hace: los vecinos del distrito notificaron a lo largo de 2016 un total de 3.669 avisos y quejas relacionadas con la falta de limpieza en las calles y la acumulación de residuos, lo que se representa un incremento del 27% respecto a los datos de 2015, cuando las denuncias formalizadas ante el consistorio se quedaron en 2.880.

Para revertir esta situación, el consistorio informó ayer de la puesta en marcha de la campaña «Brilla Usera», un proyecto experimental para este distrito que, en función de los resultados que coseche hasta junio, podría ser exportado a otros puntos de la capital. Se trata de concienciar a la ciudadanía «en el cuidado y el mantenimiento de nuestros barrios», defienden desde Cibeles. Para lograr este objetivo, se pondrán en marcha talleres de sensibilización, charlas educativas e información a pie de calle. «Brilla Usera», sin embargo, va un paso más allá: se crearán Comunidades Temporales de Cuidado (CTC) integradas por vecinos. ¿Cómo define el Gobierno de Carmena a estas brigadas vecinales?: «Las CTC están formadas por grupos de ciudadanos del distrito de Usera que actúan como motor para implicar al resto de los vecinos en el cuidado del entorno y en las buenas prácticas sobre residuos».

Actividades motivadoras

El Área de Medio Ambiente y Movilidad ha encomendado a estos grupos de vecinos la misión de que los «puntos de acumulación de residuos se conviertan en espacios limpios, cuidados y agradables», en definitiva, «que brillen». Del diagnóstico realizado por el propio consistorio queda claro que a estos «vecinos cuidadores» no les faltará trabajo: se han identificado un total de 48 puntos negros en las calles de Usera. Su labor se centrará, precisamente, en este medio centenar de lugares. Cada uno de estos grupos desarrollará «una serie de actividades motivadoras dinamizadas» durante cinco semanas, con una dedicación de dos horas semanales. Entre los trabajos que realizarán estos vecinos, el consistorio deja entrever que estará el acondicionamiento, limpieza y pintura de estos puntos negros: «Se realizarán labores de acondicionamiento para que las zonas de cubos sean más atractivas a la vista. Se contará para ello con la ayuda de los vecinos que podrán actuar tanto ayudando a pintar esas zonas, como proponiendo ejemplos de cómo les gustaría que quedaran acondicionadas esas zonas».

Con el fin de promocionar la campaña «Brilla Usera», el Ayuntamiento ha editado y repartido folletos y carteles para vecinos y comerciantes. En la información incluida en estos materiales publicitarios, las Comunidades Temporales de Cuidado son definidas como «Vecinos cuidadores» a los que animan a actuar en «favor del cuidado del entorno y de las buenas prácticas sobre residuos dialogando con los centros educativos del distrito, comerciantes y asociaciones de vecinos o centros culturales y sociales».

La puesta en marcha de las actividades incluidas en la campaña se realizará con el impulso de cinco educadores ambientales, dos coordinadores y un administrativo, todos ellos procedentes de la Agencia para el Empleo municipal. Una vez termine la campaña, dará comienzo un concurso que permita conocer a los vecinos del distrito cuáles han sido las acciones más participativas, las de mayor impacto en cuanto a limpieza y las más creativas e innovadoras.

18 millones más

Esta medida para complementar la labor que llevan a cabo los operarios de limpieza de las empresas adjudicatarias del servicio se pondrá en marcha pese a que los presupuestos municipales de 2017 contemplan una mejora en los contratos integrales. Gracias a una enmienda presentada por el PSOE, el consistorio prevé un aumento en los medios materiales y humanos que las empresas encargadas de este servicio en los 21 distritos asumirán a cambio de una mejora de los contratos firmados por Ana Botella (PP) en la anterior legislatura. La negociación enter Ahora Madrid y el grupo socialista dio como resultado la habilitación de una partida de 18 millones para afrontar una mejora de los servicios. Este incremento de efectivos se suma al que ya logró el Gobierno de Carmena a los pocos meses de llegar a la Alcaldía al forzar a las empresas a retirar el ERTE que afectaba a sus trabajadores.

Fuente: http://ow.ly/FjYx309M3QJ
 

El candidato de Junts pel Si, Artur Mas

El empresario Josep Manel Bassols, investigado en la causa del 3%, contactó con el expresidente catalán Artur Mas y el exconseller de Justicia Germà Gordó para exponerles la situación profesional de su esposa, la juez Núria Bassols, antes de que fuera fichada como responsable de Transparencia del Govern.

Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción que figura en el sumario del caso del 3%, al que ha tenido acceso Efe, Bassols, directivo en Cataluña de la constructora Oproler, envió una carta en septiembre de 2011 a Mas para exponerle “una serie de circunstancias” que le afectaban a él y a su esposa, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Núria Bassols.

Una copia de esta carta fue localizada por la Guardia Civil en un pendrive intervenido al empresario tras su detención en el marco de la investigación sobre el supuesto cobro de comisiones de CDC a cambio de la adjudicación de obra pública, que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

En la carta dirigida a Mas se hace mención al exconseller de Justicia Germà Gordò y al histórico diputado de CiU Ramon Camp, que entonces era vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de CDC.

Bassols explica en la misiva la situación de Núria Bassols, magistrada del TSJC, que “al parecer estaría interesada en un cambio de puesto de trabajo”, según revela el informe de Anticorrupción.

Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo sostienen que en la carta, Bassols se refiere “como persona de contacto para encauzar ese cambio” a Ramon Camp, ya que este le comentó que estaba en contacto con Gordó, al cual se refiere como “la persona ideal y que entre los dos resolverían la situación”.

Entre la documentación intervenida a Bassols también figura la justificación de sus gastos de kilometraje, donde, en un apunte del 17 de noviembre de 2011, se detalla una reunión que tendría lugar en el Palau de la Generalitat entre el empresario, el entonces presidente Mas, los entonces consellers Felip Puig y Pilar Fernández Bozal -esta última de Justicia- y Gordó.

De hecho, entre la documentación intervenida al empresario Bassols también se encontró un mensaje enviado en enero de 2013 a Gordó, que acababa de ser nombrado conseller de Justicia, en el que le indica: “Querido Germà, ante el nuevo año y los nuevos retos que has asumido, te deseo lo mejor, tanto para ti como para los tuyos... Nos tendríamos que ver urgente para enfocar un tema de trabajo de mi esposa que se tiene que hablar personalmente. Ya me dirás cuándo y dónde. Vendremos los dos”.

Precisamente, en la carta enviada meses antes a Mas, Bassols ya se refería a Gordó coÍo la “única persona de CDC que le ha respondido”, según Anticorrupción, ya que “le dirigió” a GISA -la empresa pública de infraestructuras de la Generalitat-, para que se entrevistara con su director, “para buscarle un puesto de trabajo dentro de la entidad pública”.

Sin embargo, esta vía no fructificó porque GISA acababa de presentar un ERE.

Finalmente, en noviembre de 2013, el gobierno catalán acordó nombrar a Bassols como directora de políticas de Transparencia de la Generalitat, poco después de que, como magistrada del TSJC, archivara el caso “Adigsa” -un embrión judicial del supuesto cobro de comisiones del 3%-, para el exdiputado de CiU y secretario general de Territorio de la Generalitat Ferran Falcó.

El empresario Bassols, antes de ser representante en Cataluña de la constructora Oproler, fue alcalde y concejal de la localidad gerundense de Anglès, mientras que su esposa regresó a principios del año pasado al alto tribunal catalán, donde está dedicada a los asuntos civiles y no puede instruir causas penales.

Fuente: http://ow.ly/u888309M3G7
 

Paso de vehículos en la frontera de Gibraltar con España el jueves. En el vídeo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Marcos Moreno atlas

Se avecina un Brexit duro; los divorcios siempre lo son. Para la UE, para Londres y para España: un informe interno del Gobierno destinado a la comisión sobre el Brexit que preside Soraya Sáenz de Santamaría alerta del fuerte impacto sobre España de la salida británica de la UE. La economía “sufrirá las consecuencias negativas” de la marcha de un gran socio comercial. La situación de los británicos que residen en España y los españoles que viven en las islas está en el alero: el Brexit provocará “innumerables repercusiones” para más de un millón de personas en total, apunta el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

España está muy expuesta: el impacto del Brexit se llevará entre dos y cuatro décimas de crecimiento del PIB (entre 2.000 y 4.000 millones de euros), dice el informe citando al FMI y a la Comisión Europea. El Gobierno deberá aportar 888 millones extra al presupuesto de la UE, según las primeras estimaciones, y Murcia o Melilla pueden perder fondos europeos. Los efectos se dejarán notar en sectores medulares como el alimentario, el automovilístico y el turismo, con una caída de exportaciones de unos 500 millones; de hasta 1.000 millones en el peor de los escenarios. El documento teme los efectos sobre las grandes empresas más expuestas al mercado británico: Banco Santander (un 12% de sus ingresos procede de Reino Unido), Telefónica (30%) e Iberdrola (14%), que suman un tercio del Ibex, podrían sufrir de lo lindo.

Pero más allá de las magnitudes económicas, el documento subraya las repercusiones para la ciudadanía en asuntos de gran calado: tanto la política migratoria y de libre circulación como Gibraltar, los capítulos de justicia e interior, de agricultura, pesca o de universidades, entre muchos otros, se verán seriamente afectados; incluso con consecuencias en aspectos tangenciales como la piratería informática o el fútbol. El Brexit “puede tener trascendencia para los futbolistas españoles en Reino Unido”, apunta el papel.

Ese informe, firmado por la Representación Permanente de España ante la UE y con contribuciones de la Embajada en Londres y diversos Ministerios, no explicita la posición política de España, pero de su lectura se desprende que Madrid quiere un Brexit suave, no un enfoque punitivo que castigue a Londres. Aunque España es consciente de que viene lo contrario: “El discurso de Theresa May del pasado 17 de enero es definitivo”; “excluye un nuevo marco de relación que suponga el mantenimiento del Reino Unido en el mercado interior”.

El texto enfatiza la necesidad de que Bruselas tenga en cuenta las demandas españolas en la negociación —con posiciones similares a Irlanda, Polonia o Italia— en asuntos como la Seguridad Social, la libre circulación o el turismo. “El objetivo es dar certidumbre a los ciudadanos y apoyar a la Comisión en su papel negociador. Al final del proceso, Reino Unido no puede estar en mejor situación fuera que dentro de la UE. Pero si Londres no juega sucio, lo mejor sería no hacernos daño mutuamente”, según fuentes españolas.

Caída de exportaciones

El impacto del Brexit “será mayor en Reino Unido”, pero la UE y España “sufrirán también consecuencias económicas negativas”, reza el documento. “Las relaciones económicas entre Reino Unido y España son muy estrechas”, añade. La balanza comercial ha sido favorable a España la última década. Reino Unido es el primer destino de la inversión española, el primer mercado turístico, el primer destino de la emigración española. Y el impacto llegará por varias vías. En lo comercial, el Brexit provocará una caída de exportaciones de hasta 464 millones en el escenario más probable (un acuerdo bilateral como el de Canadá, según España), especialmente en el automóvil, la alimentación y la industria farmacéutica. Para evitar que la factura sea más elevada, Exteriores ha apoyado varias demandas clave de Londres, como negociar un pacto comercial transitorio en paralelo al acuerdo de divorcio. El informe habla de “medidas transitorias” en diversos ámbitos.

Más allá de la exportación y el turismo —con 15 millones de turistas anuales afectados por la depreciación de la libra—, las consecuencias del Brexit se dejarán notar en el canal migratorio (hay estimaciones que cifran en 800.000 los británicos en España, el tercer grupo más numeroso tras rumanos y marroquíes, y unos 300.000 españoles en Reino Unido). Pero el canal inversor y financiero es quizá el más delicado por la incertidumbre generada.

El informe alerta de la “alta exposición” de la banca: hay registrados 412.000 millones de dólares en derechos de crédito sobre contrapartes británicas. El Gobierno teme el impacto en las empresas con mayor exposición: Santander, Iberdrola y Telefónica (y en menor medida Sabadell y Aena) se arriesgan a los efectos negativos de una rebaja del rating de Reino Unido, a la caída de la libra, a los efectos de la incertidumbre sobre la inversión y a un revolcón en sus beneficios por los costes de los cambios regulatorios. En el caso de Telefónica, con 25 millones de clientes en O2, “el Brexit puede tener un impacto sustancial”.

Fuente: http://ow.ly/ADvk309M3t7

Imagen esta mañana del campus de Somosaguas. E. S.

La marea verde, el movimiento de estudiantes, profesores y padres que lleva desde hace más de un lustro movilizado contra los recortes educativos y la ley que finalmente fue aprobada en 2013 (Lomce), ha retomado hoy la protesta en la Comunidad de Madrid, uniéndose a una convocatoria de huelga en todo el país. Isabel Galvín, responsable del área de Enseñanza del sindicato CCOO de Madrid, insiste en el "carácter especial" de este paro en una comunidad que empezó antes que la mayoría a recortar en educación y que sirvió durante años, asegura, de laboratorio de pruebas para la ley que quieren derogar.

A lo largo de la mañana, tanto los sindicatos convocantes como la Consejería de Educación ofrecerán datos de seguimiento de la huelga, a la que están llamados más de 1,4 millones de alumnos desde la escuela infantil y la primaria (en este caso, más bien sus padres) hasta la universidad y 117.000 profesores de todas las etapas. Sin embargo, Galvín espera ya un seguimiento alto entre los docentes, al menos similar al 60% de los docentes no universitarios que secundaron la anterior huelga educativa convocada en Madrid el pasado mes de octubre.Sin embargo, según los datos ofrecidos esa mañana por la Consejería de Educación, el 14,7 % del profesorado de la pública ha seguido en los centros de la Comunidad de Madrid la huelga general, mientras que en la concertada el porcentaje se ha reducido al 10%.

De momento, mientras en el campus central de la Universidad Complutense había menos afluencia de alumnos que una jornada habitual, en la sede de Somosaguas en Pozuelo, los profesores reconocían que los jóvenes se han quedado en casa de forma masiva. Los pocos alumnos que se pasean por el campus han acudido hoy porque tenían exámenes. "Teníamos que venir sí o sí, pero ahora nos vamos", declaran. Un profesor que ha asistido al centro universitario remacha: "La verdad es que está todo prácticamente vacío. En los aparcamientos no hay prácticamente coches. Los jóvenes han secundado la huelga, por lo menos aquí".

En la Ciudad Universitaria la asistencia de los estudiantes se debía, según declaran los jóvenes, a que tenían éxamenes, jornadas, seminarios o pruebas extraordinarias durante esta jornada. No obstante, la presencia de alumnos era menor.

Estudiantes en huelga a las puertas de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. F. J. B.

Además, un helicóptero de la Policía Nacional estuvo durante la mañana sobrevolando el campus. Unos 14 furgones de los antidisturbios se mantenían aparcados al inicio de la avenida Complutense, pero no han tenido que intervenir, porque la jornada está siendo pacífica. De todas formas, un piquete estudiantil recorre diversas facultades sin generar ningún tipo de altercado. "No nos mires, únete", es uno de los lemas que proclaman.

En el centro de Madrid, también se podían encontrar situaciones muy dispares en institutos muy cercanos. En el instituto público Lope de Vega, los pasillos de entrada están desiertos a eso de las 10.00 de la mañana. Aseguran en recepción que apenas han asistido alumnos a clase -- "Y los que han venido, yo creo que después del recreo ya no vuelven", dice un bedel--, pero han asistido la mayoría de docentes. Sin embargo, a apenas 400 metros, en el instituto público Cardenal Cisneros, la situación es justo al revés: "Han venido muy pocos profesores, casi ninguno. Alumnos, muchos", aseguran en recepción.

Quince encerrados

Sobre las 12.00 horas se congregaron decenas de alumnos de la Universidad Politécnica con casi un centenar de estudiantes de la Complutense en el eje central de esta universidad. Al grito de "no nos mires, únete", marcharon juntos hasta la Facultad de Medicina. Ahí los esperaban cerca de 40 representantes de Comisiones Obreras.

Santiago Cuesta, secretario de universidades de CCOO, les comunicó:  "Estamos aquí para decir no a la degradación de la educación por políticas de austeridad injustas, no a la LOMCE, no a una financiación insuficiente y no a los recortes educativos".

Por otra parte, varias decenas de alumnos de la Complutense se reunieron fuera del edificio del Recortado para apoyar a los 15 estudiantes que se encontraban dentro del recinto desde este miércoles por la tarde. Estos, a través de una llamada de móvil, aseguraron que el rector no los quiso recibir.

La entrada al establecimiento estuvo resguardada por un vigilante de seguridad durante todo el día, permitiendo el paso solo a los profesores. Por lo que se podía ver a través de los ventanales, los estudiantes tenían colchones, mantas y botellas de agua en la entrada del edificio.

Cerca de las 17.00, los 17 estudiantes desalojaron el Rectorado, acordando pasar la noche fuera en señal de protesta. El rector de la UCM, Carlos Andradas, envió un comunicado a los alumnos congregados donde propuso una reunión con ellos para el lunes a las 13.00. El alumnado no confía en que el encuentro se concrete, ya que también había prevista una reunión para la jornada de este jueves y no ocurrió. 

Fuente: http://ow.ly/VUsA309M30t