#Bruselas exige a #España un ajuste de 10.000 millones hasta 2017
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, en La Moncloa. ANDREA COMAS REUTERS
Europa quiere un interlocutor en La Moncloa. La inestabilidad política en Madrid es solo uno más del ramillete de problemas de la UE, pero el calendario es muy exigente con España y requiere algo más que un Gobierno en funciones para lidiar con un curso complicado. España estrenará en 10 días las sanciones por el déficit, con una multa benevolente y la congelación de 1.100 millones en fondos. Y eso es casi lo de menos: la política económica quedará bajo tutela de la UE por segunda vez en cuatro años. Bruselas exigirá un ajuste de 10.000 millones, reclama un presupuesto austero y hará un duro examen trimestral. “Europa no está en el debate, en las negociaciones para formar Gobierno; pero las reglas fiscales condicionarán el próximo año”, avisan fuentes europeas.
Los ‘think tanks’ subrayan los riesgos políticos
“El retraso en la formación de Gobierno en España y un Ejecutivo portugués desafiante pueden crear riesgos para la eurozona”, concluye un análisis reciente de Federico Santi, del laboratorio de ideas Eurasia Group. La mayoría de los think tanks europeos destacan a España como potencial riesgo en Europa por la inestabilidad política. Incluso la Comisión Europea lo hace en sus últimos informes.
Si Mariano Rajoy no consigue apoyos, Eurointelligence ve posibilidades de elecciones el 27 de noviembre o “un Gobierno en funciones en un limbo de cuatro años”. Daniel Gros, director del Centro para Estudios Políticos de Bruselas (CEPS), apunta que España “es ahora el menor de los problemas de la UE: crece, aunque es vulnerable por la elevada deuda externa”. “Italia o la crisis migratoria son problemas mayores, aunque hay frustración en Europa por las dificultades para formar Gobierno. Pero al final habrá acuerdo y el nuevo Ejecutivo hará los ajustes necesarios”.
Brexit, terrorismo, populismo, crisis bancarias y crecimiento bajo mínimos tras casi una década de Gran Recesión: Bruselas hubiera preferido otra cosa para el próximo curso político, pero no le queda más remedio que estrenar con España —y Portugal— el procedimiento de sanciones. “Las reglas son las reglas”, repiten las instituciones con indiscutible acento alemán. Berlín presiona para enviar una señal fuerte al resto de Europa: España era hasta hace poco el alumno modelo y crece al 3%, pero ha incumplido sus compromisos fiscales y presenta el segundo déficit más abultado de la UE. Las sanciones son lo de menos. Bruselas tomará las riendas de la política económica, con una nueva senda fiscal que requiere un presupuesto austero en otoño y exámenes trimestrales para controlar que, esta vez sí, el Gobierno aprueba medidas efectivas. Ese es el problema: no hay Gobierno aún, medio año después del 20-D. Y España “necesita un Ejecutivo capaz de presentar una corrección presupuestaria convincente”, según fuentes europeas.
La UE concluyó esta semana que España no tomó, deliberadamente, medidas para cuadrar las cuentas. Y Bruselas presentará una propuesta de sanción el 27 de julio, tras recibir con escepticismo las alegaciones españolas. Madrid pretende sacar 2.500 millones de la lucha contra el fraude y el menor pago de intereses, y anuncia como medida estrella un endurecimiento del impuesto de sociedades: 6.000 millones más. Pero el ministro Luis de Guindos también juró y perjuró en 2015 que cumpliría los objetivos de déficit. La Comisión no se fía: demasiadas promesas rotas. Bruselas sabe que la reforma de sociedades es un enjuague contable. Quiere más. Y con las reglas en la mano tiene poderío para exigir más.
Las sanciones serán simbólicas: una “multa benevolente”, según fuentes diplomáticas, y la congelación de 1.100 millones en fondos europeos, según fuentes comunitarias. Pero lo esencial será la fijación de una nueva senda fiscal, con un año extra y un nuevo tijeretazo a la vista.
Bruselas reclamará un déficit del 3,9% este año (algo menos duro que la anterior cifra) y del 2,5% en 2017 (idéntico a la anterior). Esa suavización es solo aparente: la Comisión exigirá un ajuste estructural (sin contar con los efectos del ciclo expansivo) de 10.000 millones, según las fuentes consultadas; eso son 2.000 millones más que hace tres meses por la caída de la recaudación. Bruselas puede incluso especificar las medidas de ajuste, pero la Comisión se decanta por no explicitar los recortes para dejar algo de margen al próximo Ejecutivo en el diseño de las cuentas públicas. Lo que sí queda claro es que España no tiene margen para nuevas aventuras de rebajas de impuestos como las prometidas por Mariano Rajoy en campaña. Cada tres meses habrá un informe con las medidas efectivas aprobadas: el primer análisis llegará en octubre, con el proyecto de Presupuestos, y ahí tiene que haber ya recortes contantes y sonantes. Suspender esos exámenes trimestrales puede acarrear multas aún mayores, y un control más férreo.
Meses complicados
Sin Gobierno por el momento, vienen meses complicados para España en Europa, aunque el debate europeo brille por su ausencia en las negociaciones entre partidos. Los riesgos se acumulan en el continente: el contagio financiero y político del Brexit está siendo contenido, pero la corrección fiscal forzada en el sur aumentará los riesgos políticos en España y Portugal, incluso en Francia —con elecciones en 2017— e Italia, con una peligrosa crisis bancaria y una potencial crisis política en función del resultado del referéndum constitucional en otoño.
El Banco Central Europeo está en plena refriega con Alemania. La crisis de seguridad vuelve con el atentado en Niza. El golpe de Estado fallido en Turquía siembra dudas sobre la crisis migratoria y las sanciones a Rusia pueden exponer divisiones de los socios. Sin Ejecutivo, España carece de voz. Y difícilmente puede influir en lo que más le afecta: el procedimiento de infracción. España cuenta con una baza: el fuerte crecimiento no se ha detenido pese a la falta de Gobierno. Pero, sin Ejecutivo, con un paro elevado y la persistente vulnerabilidad fiscal, España se expone a un cruce de virus que puede llegar en otoño con líos en Italia, Portugal y las secuelas del Brexit.
El pinchazo inmobiliario le costó a España un rescate bancario. El pinchazo fiscal y la falta de Gobierno le van a costar una suerte de segundo programa: de nuevo bajo tutela, los compromisos con Bruselas condicionarán la próxima legislatura.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2016/07/16/actualidad/1468691047_124097.html
Categoría: ACTUALIDAD Domingo 17 de Julio del 2016
#Rajoy busca llegar «con el camino allanado» ante el #Rey
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, durante la reunión que mantuvo el miércoles con el líder del PSOE, Pedro Sánchez
Quedan dos semanas para una posible sesión de investidura que permita que por fin haya un nuevo Gobierno en España. Pero la semana próxima será clave para ver si hay todavía algún margen para romper el bloqueo. Por si hay novedades en las conversaciones que afectan estrictamente a la investidura y porque se conocerá el desenlace de las negociaciones para la Presidencia y la Mesa del Congreso, y esto último puede dar pistas sobre si hay algún acercamiento entre PP y Ciudadanos, o si, por el contrario, como ocurrió en la Legislatura fallida, Albert Rivera se inclina por el lado socialista. La votación en el Congreso del martes será también una prueba del estado de las relaciones entre PSOE y Podemos.
En Moncloa apuestan por no dar por perdida la batalla, pese a que la abstención anunciada de Rivera en segunda vuelta, y el «no» de Pedro Sánchez, hacen imposible que salga la candidatura de Rajoy. La sensación es confusa, pero desde el entorno del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, insisten en que hay «tiempo para el diálogo» y la «reflexión serena». Ese diálogo, que aseguran que se mantiene, «será discreto y sin interferencias». La pasada semana, la conclusión de la primera ronda de contactos de Rajoy con todos los grupos dejó también la negativa de Sánchez y de Rivera a seguir negociando sobre la base del documento programático que les remitió el líder popular.
Sin embargo, desde Moncloa aseguran que el diálogo y la negociación se mantienen, al «estilo de Rajoy». El presidente en funciones está llevando tan personalmente este asunto, y con tanta reserva, que muy pocos de sus colaboradores están, de hecho al tanto, de en qué está y con quién. «Está complicado, pero no imposible», admiten fuentes de La Moncloa. Entre sus objetivos está conseguir convertir la segunda abstención de Ciudadanos en una a favor, y que esto mueva al PSOE, pero reconocen que «aunque es lo ideal, no está nada fácil».
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La impresión que llega a Rajoy es que hay ruido interno dentro del PSOE, especialmente en el círculo más cercano a Pedro Sánchez, que empuja «siempre a la insensatez y a la salvación de Pedro a cualquier precio». Nadie es capaz de anticipar en qué quedará la lucha interna socialista dentro de la competencia con Podemos, pero en un escenario político en el que el «más mínimo sentido común lleva a pensar que los socialistas no pueden permitirse el lujo de ir a unas nuevas elecciones».
Ahora bien, en Moncloa sí tienen claro que «al Rey tienen que llevarle el camino allanado». Así lo opina el líder popular. Y esto convierte en decisivos los próximos días. Este martes se constituirán formalmente las Cortes Generales, y el nuevo presidente o presidenta del Congreso iniciará el proceso para que el Rey Felipe VI abra de inmediato consultas con todos los grupos parlamentarios recién constituidos.
El escenario es el que es, y tanto Sánchez como Rivera no dan señales de movimiento. Buscan hacer equilibrios dentro de una estrategia que recuerda al pulso entre PSOE y Podemos de la Legislatura fallida, para no aparecer como responsables de unas nuevas elecciones ni del bloqueo. Pero, realmente, hasta ahora no dan muestras de que vayan a matizar la posición que han adoptado, y que los dos saben que convierte en fracasada la investidura de Rajoy de llegar a celebrarse. Entre el círculo más cercano al presidente del Ejecutivo en funciones admiten que el margen para que no se presente es realmente pequeño, si bien no renuncian a dejarse al alcance el escudo de que «de mantenerse el bloqueo, todos tendremos que reflexionar sobre a dónde queremos llevar al país».
En ese diálogo que Rajoy mantiene abierto, uno de sus argumentos principales es el de insistir en la importancia de intentar que la investidura sea en la primera semana de agosto como tope, porque superar esa fecha «sería cargarse la senda obligada de techo de gasto, cuando es necesario convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión de Entidades y Corporaciones Locales; la negociación simultánea de la senda de reducción del déficit con la UE; y llegar al 23 de septiembre con la aprobación de los Presupuestos, obligado porque si no es así, habría que prorrogar».
Rajoy mantiene conversaciones a nivel político, «sin interferir en liderazgos», precisan desde Moncloa. Pero sus conversaciones se extienden a otros sectores, no sólo políticos, para promover un estado de ánimo que facilite que Sánchez asuma ya «una abstención inevitable si no quiere ir de nuevo a elecciones» «Está hablando con todo el mundo», explican. Cuentan que el presidente insiste en esas conversaciones en que es el momento de «empujar todos a favor del sentido común y de la estabilidad en España».
El candidato popular también está trasladando a sus interlocutores un mensaje de tranquilidad y de calma, convencido de que «nadie quiere pagar el altísimo coste de ir a unas terceras elecciones». En su opinión, el problema en estos momentos no es de «diferencias ideológicas o programáticas», sino que el bloqueo se mantiene por «razones estrictamente de partido».
Por eso en el documento base para buscar el acuerdo no ha arriesgado, «en tanto no reciba señales de que las otras dos partes quieren negociar en serio», se justifican. Sobre todo Ciudadanos, partido al que seguirán cortejando como socio deseable para garantizar un mínimo de estabilidad si hay un nuevo Ejecutivo. Sin ese acuerdo, Rajoy asume que es muy difícil gobernar con sólo sus 137 escaños. Mientras, en su entorno subrayan que él está dispuesto a ceder y a ser flexible para conseguir un Gobierno estable más allá de una investidura. Pero su hermetismo y los mensajes que dejan el secretario general socialista y el líder de Ciudadanos llevan a que incluso entre sus colaboradores más próximos cueste «apostar por algo» cuando se les pregunta por el desenlace de la negociación. «La sensación es confusa, si hay milagro...», confesaba ayer uno de ellos ante el horizonte de si Rajoy podrá sacar adelante la investidura en la primera semana de agosto.
El calendario
19 de julio
Constitución de las cámaras. Se elegirá la nueva Mesa del Congreso, que estará integrada por un presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios.
20 de julio
A partir de este día, el Rey podría iniciar la ronda de contactos con los partidos para designar un candidato, que presumiblemente será Rajoy.
2 de agosto
Si Mariano Rajoy logra apoyos y el Rey Felipe VI le encarga formar gobierno, se celebraría la primera sesión de investidura.
3 de agosto
Primera votación de investidura. Como todo apunta a que no se conseguirá mayoría absoluta, 48 horas después se celebraría la segunda de las votaciones.
4 de octubre
Plazo máximo para elegir al presidente del Gobierno. Si no es elegido se disuelven las Cortes y se convocan automáticamente nuevas elecciones,
27 de noviembre
Fecha en la que se celebrarían las terceras elecciones generales después de dos intentos fallidos para formar un gobierno.
Categoría: ACTUALIDAD Domingo 17 de Julio del 2016
La deslocalización de la principal autopista gallega enfrenta a #Feijóo con #AnaPastor
La antigua empresa pública Autoestradas del Atlántico (Audasa) está a punto de pasar a un fondo extranjero. Será la deslocalización definitiva de una sociedad que gestiona una infraestructura clave en Galicia, la AP-P, que conecta toda la fachada atlántica de la Comunidad. Es también el enésimo movimiento accionarial de una autopista muy rentable, aunque de calidad tan dudosa como elevados son sus peajes, objeto de constantes críticas de los usuarios pero afectada por sucesivas decisiones de la Administración que han beneficiado la posición negociadora de sus propietarios.
Globalvía, una compañía integrada por tres fondos de pensiones de Canadá, Países Bajos y Reino Unido –OPTrust, PGGM y USS–, negocia hacerse con el 45% de las acciones de los socios minoritarios de Itínere (Abanca, Sacyr y Liberbank) a cambio de entre 1.000 y 1.500 millones de euros. La operación ha sembrado el nerviosismo en Galicia, donde existe la demanda histórica de transferir la autopista a la Comunidad Autónoma. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha puesto a la cabeza de esa reclamación. “Es un error que el Gobierno no nos transfiera la AP-9”, lamentó este jueves. Se abre así un nuevo frente entre Feijóo y la ministra de Fomento, la gallega Ana Pastor, con la que ya rivalizó por cuestiones como la política aeroportuaria.
Pastor se reunirá en las próximas semanas con los representantes de Audasa, según fuentes de su departamento para garantizar que el cambio de titularidad no afectará a la gestión de los servicios ni a los proyectos que ya están en marcha, entre ellos la ampliación del puente de Rande, en Vigo, y los accesos a Santiago. Pero ha sido precisamente el acuerdo para la ejecución de estas obras una de las razones que han hecho a la compañía especialmente atractiva para los compradores, ya que conlleva el compromiso de incrementar el peaje un 1% adicional durante 20 años.
El vial, privatizado en 2003 por Aznar tras una prórroga de 25 años de la concesión, genera la mitad de la facturación del grupo de autopistas
La ahora titular de Fomento era diputada del PP por Pontevedra cuando en 2000 el Gobierno de José María Aznar, con Mariano Rajoy de vicepresidente primero, amplió el período de concesión en 25 años, de 2023 a 2048, para privatizarla tres años más tarde. Fue en 2003, cuando la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), a la que pertenecía Audasa, fue vendida por 1.586 millones a un consorcio formado por el SCH y tres cajas de ahorros: Caixanova, Caixa Galicia y la Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. En esa época fue nombrado comisario de una emisión de obligaciones convertibles por valor de 180 millones de euros el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas. Ahora Pastor reniega de aquella privatización. “Yo no soy la que hice una concesión hasta 2048, y por lo tanto, lo que estoy haciendo es intentando mejorar en la medida que puedo y de las posibilidades”, afirmó en 2014, en medio de la crisis provocada por un colapso de varias horas en las cabinas de peaje de la AP-9, una escena que se repite todos los veranos.
La AP-9 es la autopista que más aporta a la cifra de negocio del grupo Itínere, ahora controlado por el fondo de inversión Citi. La facturación en 2014 de Audasa –que gestiona la gran autopista gallega y otras dos de menor tamaño– alcanzó los 127,8 millones de euros, un 2% más que el ejercicio anterior, lo que significa casi la mitad del total de Itínere, con un total de siete autopistas en España. Las negociaciones con Globalvía se producen pocos meses después de que Itínere recuperara su estabilidad financiera, al llegar a un acuerdo con sus entidades acreedoras para acomodar en tres préstamos hasta 2026 sus obligaciones. La nueva estructura se consolidó tras la entrada del fondo de pensiones AustralianSuper.
Este complejo entramado societario se veía compensado con la presencia de Abanca, heredera de las antiguas cajas de ahorros gallegas, que con su 23,8% le da aún un aire de galleguidad que la AP-9 está próxima a perder definitivamente. Vuelve así un debate de la nacionalización de la infraestructura que se abrió tras otra serie de colapsos en 2008, en una época en la que pertenecía íntegramente a Sacyr.
Feijóo se ha implicado de lleno en demandar la transferencia de la autopista que une Ferrol con la frontera portuguesa, cuyo traspaso a Galicia ha pedido el Parlamento gallego por unanimidad en reiteradas ocasiones; la última, el pasado marzo. “Es un error del Gobierno de España que no atienda una propuesta razonada, pero mientras yo siga en el cargo seguiré pidiéndola”, declaró con rotundidad este jueves el titular de la Xunta. El vial "puede y debería ser gestionado" por Galicia, de ahí que considere “un error” la negativa de Fomento a transferir la infraestructura a la comunidad. “Es una propuesta razonada y razonable de Galicia”, añadió.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. (EFE)
Pero las palabras de Feijóo, que era 'conselleiro' de Política Territorial cuando Aznar privatizó Audasa, no van a mover a Fomento de su rechazo a la nacionalización de la autopista. La ministra ya adelantó en junio que no accederá a las reclamaciones que le llegan de Galicia, según afirmó por razones técnicas. “Mi voluntad y la del presidente Rajoy es la de transferir todo aquello que se pueda mejorar su gestión cuando es próxima a los ciudadanos”, apuntó, aunque en el caso de la AP-9 “sigue habiendo informes jurídicos” que lo desaconsejan. Así, recordó que se trata de una vía de alta capacidad que vertebra puertos y aeropuertos de una comunidad, pero que a su vez une esta Comunidad con el resto de España y con infraestructuras que dan “servicio universal”.
Desde el Ministerio de Fomento se dan explicaciones similares. Según señaló Ana Pontón, portavoz nacional del BNG –la formación que presentó la última propuesta de transferencia aprobada por el Parlamento gallego–, la jefa de gabinete de Pastor le transmitió personalmente que el rechazo al traspaso se debe a su carácter de autopista de interés general, por formar parte de un trayecto internacional de unión de Galicia con Portugal. El BNG no tardó en recordar que tanto Cataluña como el País Vasco cuentan entre sus competencias con la titularidad de carreteras de pago y gratuitas de carácter fronterizo. “Es un expolio a los gallegos”, criticó Pontón.
En su nuevo enfrentamiento con Ana Pastor, y a apenas tres meses de las autonómicas, Feijóo ha abrazado el discurso de los nacionalistas. “Es evidente” que la autopista “no termina en Portugal, sino en la autovía de Vigo-O Porrino”. “Nace en Galicia y finaliza en territorio gallego y antes de Portugal”, replicó a las explicaciones transmitidas a través de la diputada del Bloque Nacionalista Galego.
Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2016-07-17/autopista-feijoo-pastor_1234265/
Categoría: ACTUALIDAD Domingo 17 de Julio del 2016
Rajoy ordena negociar en secreto con C's y PSOE hasta que se formen las Cortes
Mariano Rajoy ha decretado el secreto sobre las negociaciones para formar Gobierno y que eche a andar la legislatura. Las próximas conversaciones con Pedro Sánchez, Albert Rivera y los demás representantes de las fuerzas políticas serán discretas y no habrá más pistas sobre sus eventuales frutos hasta que se constituyan las Cortes el próximo día 19. A partir de esa fecha, entrará en juego el Rey para hacer las consultas con los partidos, y si al final de la misma el jefe del Ejecutivo en funciones y presidente del PP sigue sin tener una mayoría suficiente para ser elegido, convocará a los líderes del PSOE y Ciudadanos para que reflexionen, buscar una salida y aclarar si prefieren otras elecciones.
En los cálculos del Gobierno, figura a continuación el paso de presentarse o no a una investidura que se anunciaría fallida por el "no es no" de los socialistas aunque solo sea para que corran los tiempos: los dos meses que fija la Constitución para la disolución automática de las Cámaras y convocatoria de nuevas elecciones. De momento, Rajoy no aclara cuál sería su decisión, solo adelanta que prevé el arranque de la correspondiente sesión de investidura para el día 2 de agosto y la primera votación para el 3. En caso de no haber acuerdo de gobernabilidad para esa sesión ni en los 60 días posteriores, los terceros comicios se celebrarían el 27 de noviembre.
En fuentes gubernamentales insisten en que esta vez no puede darse el espectáculo mediático-politico de la anterior legislatura, los cuatro meses de ruedas de prensa, posados, declaraciones públicas, paseos ante las cámaras y reuniones entre los partidos retransmitidas en directo. Y el mes entero que se tomó Sánchez para cerrar un pacto con Ciudadanos que no sumaba mientras conversaba a la vez con Pablo Iglesias.
Rajoy declara secreta la negociación con PSOE y C's hasta que se forme el Congreso
Rajoy: “Si Ciudadanos se abstiene y el PSOE vota en contra, yo no puedo gobernar”
La clave a partir de ahora, según el propio Rajoy, es que las conversaciones no sean públicas. El único acuerdo alcanzado en la entrevista entre Rajoy y el secretario general del PSOE es "seguir hablando", y lo tendrán que hacer, de entrada, para pactar la composición de la Mesa del Congreso. El PP aspira a la presidencia como partido más votado, queda por ver si los socialistas buscan un acuerdo con Podemos y los nacionalistas para retener el cargo como en la anterior legislatura, y Rivera depende de la generosidad de los populares para aspirar a una de las cuatro vicepresidencias o las cuatro secretarías del órgano de dirección de la Cámara.
Las cuatro fuerzas políticas tendrán que conversar y establecer sus primeras alianzas, lo que dará pistas de cómo se perfila la formación de Gobierno: si el PP tiene algún margen de entendimiento con el PSOE, si se consolida el giro de Rivera o si Sánchez busca algún frente anti-PP que luego le diera pie a presentar su propia candidatura a la presidencia del Gobierno. El día 19, esos movimientos se plasmarán en las correspondientes votaciones.
En medios de la dirección del PP, recuerdan que el papel del Rey en la ronda de contactos también se verá modificado por la experiencia posterior a las elecciones del 20-D del pasado año. Las entrevistas (a partir del día 20 de julio) irán de menor a mayor, y don Felipe será el primero en poder confirmar si Rajoy tiene apoyos suficientes para ser investido. Y Rajoy, último en ser recibido en la Zarzuela, actuar en consecuencia: prestarse a la investidura si cuenta con la abstención del PSOE o manifestar que no tiene avales suficientes. En el último caso, el Rey no tendría que hacerle encargo alguno, pero sí podría animar a los principales partidos a buscar un acuerdo mínimo de gobernabilidad y convocar después nuevas consultas.
Rajoy insiste en que hará todo lo posible para cambiar el rechazo de Sánchez a facilitar la formación de Gobierno, pero sin dejar de destacar que de lo contrario, y salvo que el secretario general del PSOE organice un frente anti-PP con Podemos y todos los independentistas, España estaría abocada "al disparate de otras elecciones".
Ante la fase de negociaciones en secreto que ahora arrancan, en el Ejecutivo en funciones confían en que Sánchez y Rivera dejen de mirarse entre ellos para ver "quién se moja menos y más tarde". No acaban de creerse que el dirigente del PSOE esté dispuesto a ir de nuevo a las urnas, ni tampoco que no se dé cuenta de la urgencia de pactar el techo presupuestario, la senda de reducción del déficit para las administraciones y los compromisos pendientes con la UE.
Rajoy mantiene su plan original: sacar adelante la investidura y el arranque de los presupuestos, aunque sea en precario, e intentar después, a partir de octubre, acuerdos de legislatura, al menos con Ciudadanos, el PNV y Coalición Canaria.
Categoría: ACTUALIDAD Jueves 14 de Julio del 2016
Rajoy presiona a Sánchez con un guiño a sus barones sobre financiación autonómica
Mariano Rajoy intenta atraer a Pedro Sánchez al entendimiento con el PP con un catálogo de ofertas de pactos de Estado y reformas institucionales, pero también con un llamamiento a colaborar para resolver las urgencias de los compromisos con la UE: techo de gasto presupuestario y senda para el control del déficit público. En fuentes gubernamentales confían en que el cambio de actitud de Albert Rivera, constatado después de la entrevista con el jefe del Ejecutivo, sirva para animar al dirigente socialista a colaborar en el objetivo de la gobernabilidad del Estado. El guiño a los barones socialistas estará incluido en la reforma de la financiación autonómica.
En la táctica del PP para que Sánchez se avenga al menos a la abstención en la investidura, la reunión con el antiguo aliado del PSOE tiene la virtud de poder anunciar una segunda ronda de conversaciones sobre programas y acuerdos concretos. Si Ciudadanos accede a negociar las decisiones que tendrá que tomar el futuro Ejecutivo en materia presupuestaria y las grandes líneas de la política económica, en el PP creen que los socialistas no podrán quedarse fuera. Entre otras cosas, porque los gobiernos autonómicos dirigidos por socialistas querrán estar en la primera reforma clave de la legislatura que empieza: la del sistema de financiación de las comunidades, que a su vez gestionan el sistema sanitario y el educativo.
Rajoy presiona a Sánchez con un guiño a sus barones sobre financiación autonómica
Rajoy retoma su agenda para buscar apoyos a su investidura
En la dirección del PP, recuerdan que el techo del gasto presupuestario y el cumplimiento del objetivo del déficit afecta directamente a las administraciones regionales como las que controlan los principales dirigentes socialistas: Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara, Javier Fernández y Emiliano García-Page. Y son los cuatro que más cuestionan el "no es no" de Sánchez (al menos, en sus conversaciones privadas) y admiten que igual el PSOE tiene que facilitar la formación de Gobierno.
De la reforma de la financiación autonómica depende además el sostenimiento del sistema sanitario, a su vez uno de los principales responsables de que los ejecutivos regionales sigan sin cumplir con los objetivos de déficit fijados por el Ministerio de Hacienda.
Con el documento original sobre los cinco pactos de Estado que Rajoy ya propuso al PSOE en la anterior legislatura, el PP hará uno nuevo y más detallado con alguno de los puntos de su propia oferta electoral del 26-J que surgieron de los debates sectoriales. Serán medidas concretas para fomentar el crecimiento económico, rebajar tasas de autónomos y primeros contratos.
El presidente del Gobierno en funciones quiere completar así su oferta de medidas económicas dirigidas a fomentar el empleo en general y el de los jóvenes en particular. En el PP, comentan que su jefe siempre ha insistido en que no ve diferencias insalvables con el PSOE para pactar una política económica volcada en la creación de empleo.
Sobre la reforma laboral que Sánchez propone derogar, en los mismos medios reconocen que ahí habrá poco margen de negociación en sus líneas fundamentales: el abaratamiento del despido y el papel preponderante de los sindicatos en la negociación sectorial. "La reforma funciona a la hora de crear empleo y en todo caso se puede completar o matizar algo, pero no volver al modelo de la crisis que trajo 3,5 millones de parados", insisten los populares.
El pacto en la reforma del sistema educativo será otra de las principales ofertas que Rajoy hará a Sánchez y al resto de las fuerzas políticas que se quieran sumar. La idea estaba ya en los cinco pactos de Estado propugnados por el PP después del 20-D. La derogación de la LOMCE es uno de los puntos en que los socialistas, Podemos y los independentistas están de acuerdo desde que se implantó y el capítulo de la legislatura anterior sobre el que los populares están más hechos a la idea de la cesión.
Categoría: ACTUALIDAD Miércoles 13 de Julio del 2016