“Las personas que cometa actos contrarios a la ley y que sean de corrupción, serán apartados”. La contundente respuesta del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy , en una entrevista en Canal Extremadura, sobre las acusaciones que vierte un informe de la UCO sobre el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, son ejemplo del intento del PP de dar una imagen de dureza en la lucha contra la corrupción, con la intención clara de que estos casos no le pasen factura electoral.

Rajoy recordó, sin embargo, que el presidente murciano ha sido imputado en varias ocasiones, antes de ser el máximo responsable de la Región de Murcia, y sin embargo todas las acusaciones fueron archivadas por el juez, que consideró que no existía ningún delito en sus actuaciones.

Lo que está claro es que el PP trata de acompañar con el ejemplo lo que predica y aún vulnerando su propio código ético, incorporado a los estatutos, los populares se han visto obligados a endurecer su posición, y donde antes se exigía la apertura de juicio oral para proceder al cese o pedir la dimisión de un responsable político, acusado de delitos de corrupción, ahora ha anticipado esa obligación de dimitir al momento de la inculpación, es decir, cuando la persona sea declarada investigada, lo que antes era imputada. Es el listón que le pusieron a Rita Barberá, pendiente aún de que el Tribunal Supremo decida o no si la declara investigada, para exigirle su acta de senadora, pero por primera vez se pone negro sobre blanco, al quedar fijado en el programa electoral. En concreto, ese programa subraya que “la transparencia y la ejemplaridad son una obligación. Firmaremos una Declaración de Compromiso que nos obliga a dimitir en caso de ser encausados por corrupción”.

En el PP han mantenido conversaciones con el presidente del PP y este ha asegurado a todo el que le ha querido oír, que aunque recibió a la empresa con la que se le vincula, en ningún momento llegó a contratar sus servicios, con lo que no hay nada punible en su actuación. Además, desde la calle Génova se considera, tras leer el informe de la UCO que todo está sustentado en hipótesis, pero en ninguna prueba, con lo que de momento mantendrán la confianza en el presidente murciano.

En esa línea, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría subrayó que aún no hay actuaciones judiciales contra Pedro Antonio Sánchez, y que “hay que ser muy rigurosos con los procedimientos judiciales” y muy “exquisitos con la presunción de inocencia”.

Sin embargo, en fuentes del PP se subraya que el momento electoral y la posterior negociación para la formación de gobierno si es que, como dicen las encuestas el PP gana las elecciones, pone muy difícil ser justo, con lo que en caso de que finalmente se hiciera alguna actuación contra el presidente de Murcia.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/politica/20160601/402185464374/pp-corrupcion-endurece-respuesta.html

El expolítico Francisco Granados y el empresario David Marjaliza son sin duda los dos principales protagonistas de la trama Púnica. Ambos tejieron una red de contactos, influencias e intereses que desembocó en un complejo entramado societario. En un completo informe de 270 páginas, fechado el 3 de febrero de 2016 y desconocido hasta la fecha, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla cómo los dos amigos de juventud se enriquecieron gracias a uno de los mayores pelotazos urbanísticos perpetrados en España. La operación se produjo en Valdemoro, epicentro del caso, donde Granados inició su carrera política antes de ser fichado por Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid. Un pelotazo valorado en 709 millones de euros, con plusvalías que alcanzan el 74.420%, y que propició que Granados abriera su primera cuenta en el extranjero solo 16 días después de llegar por primera vez a la alcaldía el 20 de julio de 1999.

Sumatorio acumulativo de fondos enviados a Suiza por año.

La UCO señala en el inicio del informe que, entre julio de 1999 y noviembre de 2003, Granados "planificó y confeccionó un nuevo plan urbanístico para el municipio. El devenir de la investigación ha puesto de manifiesto que las directrices de trazado y ampliaciones del nuevo plan fueron acordadas por Granados en connivencia con los empresarios del sector inmobiliario David Marjaliza y Ramiro Cid [también imputado]. De este modo, los intereses económicos del entorno societario de estos constructores resultaron profusamente beneficiados con las clasificaciones y recalificaciones de parcelas, llegando a estar incluso presentes estos en las reuniones de planeamiento urbanístico".

El objetivo era claro. Utilizar la política para hacer negocios. Granados decidió revisar el plan urbanístico de Valdemoro "para la capitalización de dicho planeamiento a favor propio, reservándose para sí determinadas contraprestaciones en forma de comisiones y participaciones societarias en el entramado empresarial beneficiado". Según declaró el propio Marjaliza ante el juez Eloy Velasco, fue Granados quien les convocó a él y a Ramiro Cid para informarles de la revisión urbanística y de las "oportunidades existentes en esta operación y su interés en participar del beneficio que podría obtener por estos negocios". Dicho y hecho. "Esta Unidad de Investigación ha podido evidenciar que más de 1,12 millones de metros cuadrados de suelo rústico en el municipio de Valdemoro perteneciente a empresas vinculadas a los empresarios investigados fueron clasificados mediante la aprobación del nuevo plan como urbano".

Evolución de los envíos conjuntos de fondos a Suiza por parte de Granados y Marjaliza entre 1999 y 2012.

La UCO revela que este plan orquestado generó unas plusvalías que supusieron para los citados empresarios "un incremento patrimonial conjunto estimado en 709 millones de euros". La revalorización del suelo, "decisión que tuvo un carácter político", alcanzó más de 550 euros el metro cuadrado, señala la Guardia Civil. Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, el suelo rústico en Madrid sin expectativas urbanísticas "adquirió un valor de mercado medio comprendido entre los 0,67 y 0,99 euros el metro cuadrado en el periodo 2003 a 2010". Según Fomento, entre esos años, "el suelo reclasificado y urbanizable en el municipio de Valdemoro alcanzó un valor de mercado sin urbanizar de entre 293,48 y 942,2 euros el metro cuadrado". La UCO también destaca que este plan fue completado por el sucesor de Granados en la alcaldía, José Miguel Moreno (también imputado). Moreno obedeció las instrucciones de su mentor político, Granados, que ya había 'emigrado' a la Comunidad, incorporando nuevo suelo urbanizable al municipio en mayo de 2004. Los investigadores destacan que Marjaliza y Cid también "se beneficiaron de la adjudicación concertada de suelo público para la construcción de vivienda de protección oficial, para lo que tenían que pagar el correspondiente peaje político en forma de comisión en efectivo".

Comparativa de envíos de fondos por persona.

1,33 millones en comisiones cuando era alcalde

Ficha de salida de Marjaliza. (Pinche para ampliar)

El 'regalo' a sus amigos constructores tuvo retorno. Entre 1999 y 2003, el alcalde Granados ingresó en metálico en sus cuentas suizas 1,33 millones de euros, cantidad que alcanzó 1,68 millones en 2005, ya en el Gobierno regional de Aguirre. El informe de la UCO señala que el dinero en negro que consiguió Granados mediante esas transacciones realizadas con testaferros fue evadido por el exdirigente del PP mediante "operativas de compensación" con total opacidad y desvinculación formal de las cuentas bancarias españolas en las que realmente figuraba su nombre. Gracias a la ayuda de los agentes de BNP Paribas Michael Trevor Langdon y Fabienne Guignard.

Para ocultar los beneficios, Granados, Marjaliza y Ramiro Cid constituyeron la empresa Servicios Patrimoniales de Obras y Vías. Cada uno con el 33%. Granados ocultó su participación en esta firma a través de otra, Ayjopen Consulting, administrada por María José Marijuán, esposa de Ignacio Palacios (amigo y jefe de Gabinete de Granados). Ayjopen fue constituida 10 días antes de la salida de Granados de la alcaldía, en noviembre de 2013. ¿Cómo repatriaba Granados su dinero suizo sin despertar las alarmas? Ayjopen vendió acciones a las empresas de Marjaliza y Cid con sustanciosas plusvalías que sumaron 900.000 euros, "que a juicio policial constituirían la patrimonialización de la participación de Granados en las mencionadas empresas". Marijuán y Palacios están imputados por la Audiencia Nacional.

Ficha de salida de Granados. (Pinche para ampliar)

El documento policial también describe que el presunto cerebro de Púnica empezó a mover esos fondos en 2007 para tratar de blanquearlos y dificultar su localización. Según declararon Trevor y Guignard, Granados temía que su cuenta suiza "pudiera ser descubierta por las autoridades españolas" en un momento en el que formaba parte del Gobierno de Esperanza Aguirre. Para impedirlo, transfirió 1,67 millones de euros a una cuenta en el banco UBS que su amigo Marjaliza controlaba a través de la sociedad 'offshore' Droz & Co SA.

Los investigadores han concluido que, en agosto de 2007, Granados realizó el último movimiento para tratar de repatriar a España todos los fondos que envió a Suiza. Solo días después de transferir 1,67 millones de euros a Marjaliza, el exdirigente del PP le vendió al constructor cuatro parcelas en Valdemoro por un total de 1,55 millones de euros, un precio muy superior al real. "Mediante esta ingeniosa operativa, el excargo público pudo disponer en nuestro país de los fondos de origen injustificado que tenía depositados en Suiza con total impunidad y opacidad, instrumentalizando para ello la infraestructura societaria internacional del constructor", señala el informe de la UCO. "Tal fue la seguridad jurídica con la que se desarrolló la sofisticada operación que el matrimonio Granados-Alarcón declaró ante la AEAT la operación en el año 2007 sin levantar sospecha alguna". 

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2016-06-01/granados-suiza-dinero-marjaliza-punica-16-dias-alcalde_1209493/

Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV. (Pablo Monge)

La regulación para proteger a los pequeños inversores de productos tóxicos avanza lentamente, pero va abriéndose paso. La segunda edición de la directiva europea para defender de abusos a los particulares (Mifid 2) se retrasará hasta 2018, aunque estaba previsto que entrara en vigor el próximo enero, pero toda la normativa ligada a esa regulación ya está en marcha.

La CNMV comunicó la semana pasada su intención de cumplir con las directrices sobre la evaluación de los conocimientos y competencias publicadas por el supervisor europeo (Esma). En este documento, que puede consultarse en CincoDías y que va unido a la entrada en vigor de Mifid 2, se pone negro sobre blanco las exigencias para los trabajadores de las entidades que informen de productos o asesoren sobre ellos.

La obligación toca de lleno a los 197.830 empleados de banca que había en España a cierre de 2015, según el Banco de España. “Las directrices del supervisor europeo exigen formación específica no solo para poder asesorar, sino también para los trabajadores que den informaciones que no estén por escrito”, explica Josep Soler, presidente de EFPA Europa. Esta asociación ofrece ya cuatro certificados que prueban diferentes niveles de conocimientos.

Las claves

La Esma quiere una mayor convergencia en los conocimientos y competencias del personal que informe o asesore a los clientes de productos financieros. También se refiere a “normas de conducta ética”.

La CNMV podrá “exigir niveles superiores de conocimientos y competencias al personal que preste asesoramiento y dé información”. La Esma solo plantea unos mínimos.

Los empleados deberán haber demostrado por al menos seis meses que pueden prestar los servicios pertinentes.

El supervisor español deberá decidir qué exámenes han de pasar los empleados para dar información o asesoramiento. Lo más probable es que la evaluación sea de un tercero y no de la entidad.

De entrada, las directrices marcan dos niveles. Las personas que ofrecen información de productos y las que además proporcionan asesoramiento. Pero los requerimientos de conocimientos son muy similares. A las primeras se les exigen 10 puntos; entre ellos, que conozcan las características y los riesgos de los productos, que sean conscientes de los costes para los clientes de los artículos financieros y que tengan conocimientos básicos para su valoración. Los trabajadores que den consejos concretos de inversión deberán “conocer cómo el producto puede no ser adecuado”, que sepan los requisitos de idoneidad y que conozcan principios de gestión de carteras.

El documento de Esma es extremadamente duro y pone ejemplos muy restrictivos en los que no sería necesario probar la cualificación. Son aquellos trabajadores que digan dónde se puede encontrar información, los que distribuyan folletos o documentos y los que no tengan contacto directo con los clientes. Fuentes del sector señalan que alrededor del 80% de la plantilla del sector financiero tendrá que someterse a las directrices. Estas implican una evaluación de los conocimientos, a través de un examen, que será, casi con toda probabilidad, externo. De los casi 200.000 trabajadores del sector deberían pasar la evaluación 160.000.

La CNMV ya ha enviado una carta a las asociaciones del sector (AEB, CECA, UNACC y Fogain) para que den traslado a sus asociados de la decisión. El supervisor que dirige Elvira Rodríguez debatirá con el sector [...] las distintas alternativas para dar cumplimiento a las directrices. El objetivo inicial era tener listos “los requisitos de formación, certificaciones y actualización de conocimientos para las personas” antes de julio.

La plantilla deberá cumplir también con las normas éticas de las entidades

Fuentes financieras señalan que la CNMV está en conversaciones no solo con las distintas asociaciones del sector, sino con las entidades una a una. El supervisor deberá decidir cuál o cuáles son las fórmulas para examinar a los trabajadores del sector.

Javier Borrachero, presidente de CFA Society Spain, asociación que ofrece un título reconocido en 14 de los 28 países de la UE, bendice la regulación de la profesión –hasta ahora, no había ningún tipo de control– y anticipa que se impondrá un modelo independiente de supervisión. “En otros países es el supervisor el que designa una serie de entidades que pueden avalar los conocimientos, no solo técnicos, sino también éticos”, sentencia.

En Reino Unido, el organismo equivalente a la CNMV en España, la Financial Services Authority (FSA), ha elegido cuatro entidades capaces de verificar que los empleados del sector saben lo suficiente. En Francia, la Autorité des marchés financiers (AMF) ha nombrado tres. La capacitación, además, no será para siempre, sino que las revisiones deberán hacerse cada año.

Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2016/05/31/mercados/1464720789_299043.html

Maduro en su programa de televisión "En contacto con Maduro"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que actuará judicialmente contra España por incitar al "odio" con el fin de "justificar cualquier cosa": una "invasión, o un magnicidio contra mi". En una comparecencia en televisión, el mandatario venezolano aseguró que citó al embajador de Venezuela en Madrid y está preparando un grupo de juristas españoles, europeos y venezolanos con el fin de solicitar el amparo a favor del derecho a la paz en Venezuela y al derecho a la verdad del pueblo español "porque a los medios de comunicación de la derecha española se le fueron los tapones".

"El que quiera venir a Venezuela y conocer la verdad es libre de caminar donde quiera y de hablar con quien quiera" y conseguirá "una

y otra opinión", dijo Maduro. Pero recalcó que en esencia, Venezuela es "un país libre, democrático, en paz, construyendo su destino" y vaticinó que "los problemas que tenemos hoy los superaremos". "Si ustedes ven la prensa en España, por ejemplo, verán una propaganda de guerra", aseguró Maduro, quien dijo que él no niega las dificultades por las que atraviesa Venezuela y por eso dictó un decreto de emergencia económica, pero insistió en que "ese país de desastre que presentan en España es para tapar la miseria, el hambre y la tragedia social que hay en España", donde "es espantosa la campaña de guerra". Maduro dijo que por ello va a llevar a cabo una serie de actuaciones jurídicas en España y en Europa "para que se respete el honor de Venezuela y cese esta campaña de guerra psicológica donde están inyectando odio y justificando cualquier acción violenta y de guerra contra su país", indicó.

REVOCATORIO

Mientras Maduro arremete contra España, la oposición sigue pendiente de la petición de un referéndum revocatorio contra el jefe de Estado venezolano. Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, ha anunciado que una comisión de siete diputados, presidida por el diputado Enrique Márquez, acudirá este miércoles a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para consignar un documento en el que se emplaza a la institución a publicar el cronograma de dicho referendum.

Y es que, según Allup, el CNE está posponiendo el revocatorio "y va a asirse a una sentencia de la Sala Constitucional para alejar el referéndum tanto como pueda". "Seguiremos agotando todas las vías democráticas para lograr el referendo este año", destacó Ramos Allup, quien dejó claro que la lucha pacífica en la calle no cesará, ya que es un derecho constitucional. La Mesa de Unidad Demcrática (MUD) ha puesto en marcha una 'hoja de ruta' para expulsar a Maduro del Palacio de Miraflores antes de que expire oficialmente su mandato, en 2019, que incluye un referéndum para que los venezolanos decidan sobre su continuidad en el cargo. La oposición ha entregado casi dos millones de firmas --frente a las 200.000 necesarias-- para activar la consulta popular y ha protagonizado marchas multitudinarias para exigir al CNE que cumpla estrictamente los plazos. El motivo de la urgencia es que, si el referéndum revocatorio no se convoca antes del 10 de enero, aunque los venezolanos decidan la salida de Maduro, no habrá elecciones inmediatas porque el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, asumirá el cargo de forma interina hasta 2019.

 

RAJOY: "ANTES DABA ESTACAZOS A OBAMA"

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha asegurado que el mandatario venezolano, "busca un enemigo exterior". "Antes le daba estacazos a Obama y ahora a un hombre más modesto, como yo", ha manifestado.

Así se ha pronunciado en un entrevista en el Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado por los ataques del presidente venezolano, quien incluso le ha retado a debatir con él. "Hay cosas que hay que tomárselas con espíritu deportivo", ha apostillado.

Rajoy ha afirmado que le "da mucha pena lo que está ocurriendo en Venezuela" y ha agregado que le gustaría que aquel país "funcionara como una democracia". En este sentido, ha tachado de "vergüenza" que el opositor Leopoldo López "esté en la cárcel", ya que "no ha hecho absolutamente nada". El jefe del Ejecutivo ha insistido en que en Venezuela "la situación económica es terrible" y ha dicho que Maduro "busca un enemigo exterior", si bien eso "no va a resolver los problemas" del país.

Fuente: http://www.larazon.es/internacional/maduro-anuncia-que-actuara-judicialmente-contra-espana-por-incitar-al-odio-LD12770496#.Ttt1bDblsT0yJXG
 

Pedro Sanchez visita la Feria del Libro de Madrid este martes. ULY MARTÍN

Varios dirigentes territoriales del PSOE han aceptado la reforma federal de la Constitución y el reconocimiento en ella de la “singularidad” de Cataluña, pero rechazan fijar una relación de bilateralidad entre el Estado y esa comunidad autónoma. Esa ha sido su respuesta a la iniciativa de Pedro Sánchez de establecer un “pacto político con Cataluña”. El líder socialista ha aclarado a los suyos que se refiere a elaborar un nuevo Estatuto para Cataluña y rechaza que vulnere la Declaración de Granada, la propuesta territorial clave que el partido aprobó en 2013. Su impulsor y exsecretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ve elementos en el nuevo proyecto que choquen con ese documento.

La mayoría de los dirigentes territoriales del PSOE aluden a las actuales vísperas electorales como un elemento esencial para no exponer públicamente sus impresiones y sus preocupaciones por la propuesta de Sánchez en torno a Cataluña. Tan solo Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha; Francina Armengol, su homóloga de Baleares y dirigentes de Andalucía y Castilla y León accedieron este martes a expresarse en voz alta.

Tanto la ubicación territorial como la cercanía a Sánchez marcan las opiniones, a favor y en contra. Los opuestos al pacto bilateral, que ven inaceptable, creen que este debate solo les puede perjudicar en muchas zonas de España; no lo ven así, sin embargo, en Baleares o Castilla y León.

El propio Sánchez ha explicado personalmente a algunos de sus barones, como García-Page o Javier Fernández, presidente de Asturias, las claves de su propuesta: todo partirá de una reforma de la Constitución que reconocerá “singularidades” a Cataluña, pero también a otras comunidades. El paso siguiente será elaborar un nuevo Estatuto para esa comunidad.

Fuentes de la dirección socialista reconocen que en la idea de Sánchez, incluida en un documento que sintetiza las propuestas de gobierno y que los dirigentes del partido conocieron este martes, no se explica que se trata de negociar un nuevo Estatuto, por la carga peyorativa que tiene en Cataluña después de que el último fuese declarado inconstitucional en aspectos sustanciales tras haber sido aprobado en referéndum en esa comunidad.

Rechazo

El rechazo esencial de algunos dirigentes surge ante el concepto de relación “bilateral”. “En el marco de la reforma constitucional, y aprobado en consecuencia por todos los españoles, se acordará un pacto político con Cataluña que, respetando las implicaciones del principio de igualdad, reconozca su singularidad y mejore su autogobierno”, señala la iniciativa.

De ese enunciado, el portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Mario Jiménez, mano derecha de la presidenta de la junta, Susana Díaz, desprende que pueden saltarse el principio de igualdad entre los españoles y quedar vulnerada la Declaración de Granada. “Si se trata del pacto que requiere un Estatuto de autonomía, nos gustaría que se formulara en otros términos y tiene que aclararse definitivamente para que no haya dudas”, defendió Jiménez.

Sin embargo, García-Page consideró, tras conversar con Sánchez, que no se vulnera la declaración de 2013, pese a lo interpretable del texto, aunque recalcó: “Sí a la singularidad, pero no a la bilateralidad”.

Para el líder castellanomanchego, se da por supuesta la singularidad, pues España es “un país que tiene singularidades en todos sus territorios”. García-Page se mostró partidario de “buscar soluciones habladas”, pero no las defenderá “a costa de privilegios” para Cataluña ni contra la igualdad del resto de comunidades autónomas.

En la buena dirección

Para Armengol, con la propuesta se camina en la buena dirección de “una línea federal del Estado”, al reconocer las singularidades. “Evidentemente, Cataluña las tiene”, asumió la presidenta balear, aunque sostuvo que ella iría más lejos y fijaría las competencias de cada comunidad en la Constitución y no en los estatutos. “Pero es un avance valiente para tender los puentes necesarios”, concluyó.

El secretario general de Castilla y León, Luis Tudanca, ve imprescindible abordar el debate territorial aunque solo el PSOE haga propuestas. No ve choques con la Declaración de Granada, que señala: “Necesitamos reformar la Constitución para incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad”.

Su impulsor, Alfredo Pérez Rubalcaba, terció en el debate: “La propuesta recoge lo aprobado en Granada: una reforma constitucional en una dirección federal que especifique las singularidades de Cataluña, también las del resto de las comunidades, y seguida de un nuevo Estatuto que las incluya y desarrolle”.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2016/05/31/actualidad/1464723617_307724.html