Pablo Iglesias cobró 93.000 euros de Irán entre 2013 y 2015
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, recibe a título personal fondos provenientes de Irán que suman alrededor de 93.000 euros netos entre los años 2013 y 2015, según la documentación que está investigando la Policía Nacional.
Estos ingresos se han simultaneado con su sueldo de 8.000 euros mensuales como eurodiputado, cargo que ejerció entre julio de 2014 y octubre de 2015. Iglesias no ha publicado sus rentas provenientes de Teherán en el portal de la transparencia de Podemos, donde sus «salarios, honorarios y retribuciones» más recientes son de 2013 y no especifica su origen. Declara la actividad de «Presentador y Director de programa de debate televisado (Fort Apache) Enero 2013-Presente», pero no informa sobre los réditos obtenidos en el año 2014 ni en el 2015.
Los pagos a Iglesias los realiza la sociedad 360 Global Media S.L., controlada por el empresario iraní Mahmoud Alizadeh. Como muestra el documento que revela ABC y que está siendo investigado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía, Iglesias emite facturas como autónomo a 360 Global Media S.L., en este caso 5.600 euros más IVA con fecha 27 de abril de 2015, mientras ocupaba su escaño de europarlamentario. Estos honorarios corresponden a los «programas del 107 al 114». A la factura se le suma el correspondiente IVA y se aplica la retención de Hacienda.
Entramado opaco
El concepto de la factura es «Director/Presentador Fort Apache», el programa que emite Hispan TV, la cadena que impulsó el gobierno iraní en la etapa final de la presidencia del conservador islamista Mahmud Ahmadineyad para influir en España y en países de lengua española. El domicilio que figura en la factura es un piso propiedad de la madre de Pablo Iglesias.
Los fondos pasan por un complejo entramado de empresas pantalla y entidades financieras desde que salen de Irán hasta que llegan a la cuenta que Pablo Iglesias tiene en la entidad ING. El motivo, según las fuentes consultadas por ABC, puede estar en dotar de opacidad a la ruta del dinero para evitar los embargos de Irán y que las transferencias no vayan directamente del país persa a España.
El primer análisis policial concluye que el objetivo primordial es dificultar la localización del origen de los fondos. El inicio de la investigación está precisamente en los organismos del Estado que luchan contra el blanqueo de capitales. Saltó la alerta al detectar transferencias sospechosas tanto por su origen como por el destino y los importes: el dinero sale de Teherán hacia empresas instrumentales que tienen su sede en Beirut (Líbano), Kuala Lumpur (Malasia), Khorug (Tayikistán) o Belice, aunque las transferencias las reciben en cuentas abiertas generalmente en Hong Kong, Moscú, Londres y, principalmente, Dubái.
Las transferencias salen de Irán hacia varios países y luego terminan en España- ABC
Tanto las sedes de las empresas como los bancos que utilizan tienen como denominador común estar situados en paraísos fiscales o en países de opacidad bancaria. Estos traspasos de capital nunca superan los 40.000 euros, que era el importe máximo autorizado para transferencias desde bancos iraníes debido a las sanciones internacionales (se levantaron el 20 de julio de 2015 tras el acuerdo nuclear alcanzado con Estados Unidos).
Una vez alejados los fondos de Irán, las empresas instrumentales realizan las transferencias a favor de la sociedad registrada en España 360 Global Media, que explota el canal de televisión Hispan TV y que tiene su sede en la calle Abdón Terradas de Madrid, en el distrito de Chamberí. En este paso los importes son superiores, una vez salvado el límite de los citados 40.000 euros. La productora audiovisual ha ingresado por esta vía 9,3 millones de euros entre los años 2012 y 2015.
La empresa madrileña de capital iraní 360 Global Media recibió los fondos entre 2012 y 2015
La sociedad 360 Global Media ha llegado a recibir hasta un millón de euros en una única transferencia. Según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, esa cantidad salió de una sucursal del Commercial Bank Chemeximbank de Moscú en diciembre de 2012 con destino a la productora iraní afincada en Madrid. El titular de esa cuenta es una sociedad instrumental denominada Shokhona Limited, que no tiene su sede en Moscú sino en la ciudad de Khorug, en Tayikistán.
Otro ejemplo son los 1.800.000 euros que recibió 360 Global Media entre diciembre de 2014 y julio de 2015 desde la entidad bancaria Emirates NBD PJSC de Dubái. Estos fondos son los que sirvieron para abonar las facturas más recientes emitidas por Pablo Iglesias, como la reproducida junto a estas líneas.
El administrador único de la productora que paga al líder de Podemos, Mahmoud Alizadeh, viaja de forma periódica a Qatar, Dubái y Estambul, lugares desde los cuales luego se dirige a Teherán, según fuentes consultadas por este diario. Allí recibe instrucciones sobre la gestión de Hispan TV, una emisora que busca promocionar Irán e influir en otros países.
Los mecanismos de lucha contra el blanqueo hallaron transferencias sospechosas y comprobaron que parte del dinero terminó en dirigentes de Podemos
La cadena fue inaugurada en enero de 2012 y contó con un mensaje de bienvenida del entonces presidente de Venezolano, Hugo Chávez, la gran referencia política de los líderes de Podemos. Fue precisamente el Gobierno venezolano quien puso en contacto a Pablo Iglesias con los iraníes para que produjeran y financiaran su programa de televisión con alcance hispanoamericano.
Pablo Iglesias y su equipo más cercano de colaboradores, entre ellos Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, comenzaron a producir el programa Fort Apache en septiembre de 2012. Lo hicieron a través de Producciones CMI, la Asociación Cultural Producciones Con Mano Izquierda, entidad que también cobraba directamente de la firma 360 Global Media.
«A disposición de la Udef»
La Udef está investigando si los fondos provenientes de Irán percibidos por Pablo Iglesias, otros dirigentes de Podemos y las productoras que manejan han servido para financiar las actividades de Podemos. Esto podría constituir un delito de financiación ilegal, ya que un partido político español tiene prohibido nutrirse de fondos aportados por un gobierno de un país extranjero.
El secretario general de Podemos defendió este martes que Podemos tiene «los bolsillos transparentes» y se puso a disposición de la Policía: «Estamos encantados de que la Udef investigue y estamos a su disposición.
Categoría: ACTUALIDAD Jueves 14 de Enero del 2016
Anticorrupción pide 4 años para Rato y 6 para Blesa por las ‘tarjetas black’
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de cuatro años y medio de cárcel para el expresidente de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y de seis años para el expresidente de la segunda entidad Miguel Blesa por un delito de apropiación indebida que habrían cometido al utilizar sus ‘tarjetas black’ opacas al fisco.
El fiscal Alejandro Luzón, que no atribuye a ninguno de los procesados el delito de administración desleal, acusa en su escrito provisional de calificación a un total de 66 exdirectivos de Caja Madrid para los que pide penas que oscilan entre uno y seis años de cárcel.
El representante del Ministerio Público también pide tres años de cárcel para el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella y dos años para el exdirector general financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj y el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.
El pasado mes de diciembre, Rato pidió que constara en su procesamiento que devolvió lo gastado con su ‘tarjeta black’. El exministro sostenía en un escrito que devolvió los 54.837 euros gastados con este plástico a Bankia antes de que el grupo, dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, trasladara su informe sobre las tarjetas a la Fiscalía y se incoara esta pieza separada del ‘caso Bankia’.
Bankia pide menos años para ambos
Bankia, por su parte, pide 4 años de prisión para Miguel Blesa y 3 años para su sucesor al frente de la entidad, Rodrigo Rato, como máximos responsables de las tarjetas, al tiempo que reclama a todos los beneficiarios de las mismas que devuelvan el dinero gastado.
Bankia apunta a Blesa y Rato como máximos responsables de las tarjetas
Además, solicita para el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj y también para el ex consejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella penas de un año y medio de prisión, informa Efe.
Rodrigo Rato (Andres Kudacki - AP)
La entidad, que descubrió la existencia de las tarjetas opacas, acusa a todos los exconsejeros de Caja Madrid de los delitos de administración desleal y/o apropiación indebida y pide penas de cárcel en función del dinero gastado y el que hayan podido devolver.
De ese modo, reclama dos años entre rejas a una veintena de antiguos miembros del consejo que gastaron más de 50.000 euros, entre ellos el ex secretario de Estado Estanislao Rodríguez-Ponga y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.
Devolución de gastos
Para aquellos consejeros con un gasto por debajo de los 50.000 euros, Bankia solicita penas de entre tres y seis meses, como es el caso del expresidente de CEIM Arturo Fernández y el exministro socialista Virgilio Zapatero, respectivamente.
Por otro lado, a la vista de los escritos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y del FROB, Bankia se considera la única entidad perjudicada, incluso por las cantidades cargadas a Caja Madrid y, en consecuencia, reclama que se le devuelva íntegramente el dinero gastado.
Por eso quiere que Blesa le indemnice por el total de 9,34 millones de euros, el dinero cargado por los consejeros y ejecutivos durante su presidencia, más los intereses legales; que Rato aporte 2,69 millones de euros y Sánchez Barcoj, algo más de 575.000 euros y responda de forma subsidaria por 11,46 millones.
En cualquier caso, la entidad admite que procede deducir de las anteriores indemnizaciones las cantidades devueltas entre ellos por Rato y Sánchez Barcoj, así como por otros miembros del consejo de administración y directivos, además de las cantidades consignadas en el juzgado y en diferentes notarías.
Rato, acorralado por la justicia
El caso de las tarjetas opacas es uno de los tres frentes judiciales que tiene abiertos Rato, ex director gerente del FMI y exministro de Economía, junto con una investigación en un tribunal madrileño por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales y otra en la Audiencia Nacional por un presunto fraude en la salida a bolsa de Bankia.
En el marco de las investigaciones a las que se enfrenta Rodrigo Rato, al margen del caso Bankia, el también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, fue detenido el pasado 16 de abril de 2015 por agentes de la Agencia Tributaria a instancias de la Fiscalía de Madrid, que le acusaba de varios delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes, delito este último que persigue la ocultación de patrimonio que podría cubrir deudas o fianzas.
Categoría: ACTUALIDAD Jueves 14 de Enero del 2016
El fiscal pide cuatro años y medio de cárcel para Rato y seis para Blesa por las 'black'
La fiscalía Anticorrupción ha solicitado esta mañana seis años de cárcel para el expresidente de Cajamadrid, Miguel Blesa, y otros cuatro y medio para quien le sucedió en el cargo, el expresidente Rodrigo Rato por las tarjetas opacas concedidas a los miembros del consejo de administración de la caja intervenida. El Ministerio Público considera que los dos directivos, junto con otros 53, habría cometido un delito de administración indebida.
Anticorrupción solicita además que Blesa indemnice al Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, el organismo de Ecomía a través del cual se rescató la entidad, con la cantidad de 9.344.808, 93 euros por las cantidades dispuestas por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó entre enero de 2003 y enero de 2010, que responderán de esa cantidad solidariamente con él. La cantidad que, en concepto de responsabilidad civil debería abonar Rato a ese organismo asciende a 2.694.850,72 euros por lo gastado por los usuarios a los que se les concedió entre febrero de 2010 y mayo de 2012, cuando abandonó su puesto en el banco.
El escrito del fiscal solicita cuatro años de cárcel para José Antonio Moral Santín (IU), Francisco Barquero Noriega, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, Antonio Romero, Ricardo Romero de Tejada (ex secreterio general del PP de Madrid), José María de la Riva, Ignacio Navascués, Ramón Espinar, Rodolfo Benito (CC OO), Alberto Recarte, José María Arteta, Jesús Pedroche (expresidente de la Asamblea de Madrid), Gonzalo Martín, Mercedes Rojo, Francisco José Moure, Jorge Gómez, Juan José Azcona, Gerardo Díaz Ferrán (exlíder de la CEOE), Pedro Bedía y Darío Fernández Yreguas.
Para José Manuel Fernandez Norniella (exsecretario de Estado de Hacienda) pide tres años, y otros dos a Luis Blasco. Igual que para Pablo Abejas (exdirector de Economía de la Comunidad de Madrid), Rubén Cruz, Miguel Ángel Araujo, Antonio Rey de Viñas, Antonio Cámara, María Carmen Cafranga, Javier de Miguel, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar, Juan Gómez, Francisco José Pérez, Miguel Ángel Abejón, Rafael Torrs, Cándido Cerón, Fernando Serrano, Alejandro Couceiro, José María Buenaventura, José Acosta (exlíder del PSOE en Madrid) y Beltrán Gutiérrez.
El exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en una imagen de archivo. (Gtres)
Un tercer grupo de acusados, para los que se piden dos años y medio de cárcel, está constituído por el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, por el director financiero de la entidad y encargado de gestionar las tarjetas, Ildefonso Sánchez Barcoj, Matías Amat, Ricardo Morado, Ramón Ferraz, Mariano Pérez Claver, Enrique de la Torre, José Manuel Astorqui, Carlos María Martínez, Carmen Contreras, Carlos Vela y Ramón Martínez Vilches.
Al exlíder de UGT de Madrid José Ricardo Martínez le solicita dos años y uno y medio para empresario hostelero y expresidente de la patronal madrileña Arguro Fernández, así como al exministro de Felipe González Virgilio Zapatero y el empresario y yerno de Villar Mir y amigo del Rey Felipe VI Francisco Javier López Madrid.
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El fiscal pide cuatro años y medio de cárcel para Rato por las tarjetas 'black' de Bankia
Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, junto a su sucesor, Rodrigo Rato. (Pablo Monge)
El juicio sobre las tarjetas black cada vez está más cerca. La Fiscalía ha solicitado hoy cuatro años de cárcel, para el expresidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, y seis años de prisión para su predecesor en el cargo Miguel Blesa por el uso y la gestión de las polémicas tarjetas opacas de la caja. Rato también ocupó el cargo de presidente de Bankia (tras la fusión de siete cajas), donde perpetuó la utilización de las tarjetas.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy ante la Audiencia Nacional el escrito de acusación correspondiente a la pieza separada de las tarjetas de crédito opacas de la entidad bancaria Caja Madrid. En su escrito, la Fiscalía acusa a diversos consejeros y directivos de la entidad del delito de de apropiación indebida por el uso continuado de las tarjetas de crédito para gastos de libre disposición.
La Fiscalía acusa a un total de 66 personas de un delito continuado de apropiación indebida. Para el que fuera presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, solicita seis años de prisión y una indemnización de 9.344.808 euros, cantidad dispuesta entre enero de 2003 y enero de 2010 por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó.
Para Rodrigo Rato, presidente de Bankia, el fiscal solicita 4 años y seis meses y una indemnización de 2.694.850 euros por las cantidades dispuestas entre febrero de 2010 y mayo de 2012 por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó.
La Fiscalía aplica la atenuante de reparación del daño a 11 usuarios de las tarjetas.
La petición de cárcel para los dos expresidentes va acompañada de una petición de inhabillitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena.
Para otros 20 acusados que fueron consejero de Caja Madrid, entre los que destaca el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el exdirigente de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín y varios exaltos cargos y alcaldes el Partido Popular como Ricardo Romero de Tejada o Estanislao Rodríguez Ponga, la fiscal solicita cuatro años de prisión. Y para otros 20 consejeros pide 2 años de prisión, al haber estado en el cargo menos tiempo.
Un sistema retributivo "sin amparo legal"
El escrito de la Fiscalía explica que con la entrega de tarjetas de crédito que escapaban a cualquier control de la entidad se consagró durante la presidencia de Miguel Blesa "una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos formalizados o decisiones adoptadas por los órganos de administración de Caja Madrid".
El Ministerio Público recuerda que Blesa encomendó al exdirector general de la caja Ildefonso Sánchez Barcoj la gestión de las tarjetas. Este se encargó, a través de sus secretarias, "de dar las indicaciones correspondientes al Departamento de tarjetas para la emisión y cancelación de las mismas y las eventuales modificaciones de sus límites, sorteando así al órgano competente".
Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2016/01/14/mercados/1452782000_966712.html
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Renault se desploma en Bolsa por la sospecha de fraude en las emisiones
Sede central de Renault en Francia.
El fabricante de automóviles Renault ha asegurado que las autoridades galas están realizando pruebas en vehículos de diferentes marcas del país, entre las que se encuentra Renault, y afirmó que durante el proceso no se ha detectado ningún dispositivo manipulador de emisiones.
En un comunicado, la compañía confirmó que, a raíz del caso del software Volkswagen, las autoridades francesas crearon una comisión, a través de la que realizarán pruebas a cien vehículos en el país, entre los que se encuentran 25 unidades de Renault (debido a su cuota de mercado en el país).
En este sentido, la corporación señaló que hasta finales del pasado mes de diciembre se habrían analizado once vehículos, entre los que se incluyen cuatro de la firma del rombo, en los que no se habría revelado la presencia de un software o dispositivo que manipulara las emisiones.
La compañía explicó que la comisión técnica creada tiene el objetivo de garantizar que los fabricantes franceses de automóviles no equipan en sus vehículos software o dispositivos similares a los instalados en algunos modelos de Volkswagen.
Ante esta situación, la empresa indicó que las pruebas en curso son positivas, ya que pueden anticipan soluciones para mejorar sus vehículos, tanto los de las fábricas como los de los modelos en circulación y apuntó que presentó un Plan de Emisiones, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de sus vehículos.
Por otro lado, la firma destacó que, en paralelo, la Dirección General de Política, Asuntos del Consumidor y Competencia de Control de Fraude de Francia decidió llevar a cabo una investigación para valorar los primeros análisis de dichos vehículos realizados por la comisión.
En el marco de dicha investigación paralela se realizaron visitas a la sede central de Renault, así como al Centro Técnico de Lardy y al Tecnocentro de Guyancourt. La firma señaló que sus equipos están cooperando en ambos procesos.
Sin embargo, pese al mensaje tranquilizador de la marca automovilista, las acciones de Renault se han desplomado y han llegado a caer más de un 21 % a mitad de la sesión de hoy en la Bolsa de París.
La caída de los títulos de la marca del rombo se produce después de que el sindicato CGT informara de que agentes de la Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Represión del Fraude investigan los departamentos de "homologación y puesta a punto de los controles del motor".
Según ese sindicato, las pesquisas podrían estar relacionadas con "las consecuencias del caso de los motores trucados de Volkswagen", de manera que Renault también hubiera falseado datos de las emisiones de sus vehículos, informó la agencia AFP.
El desplome bursátil de Renault ha arrastrado también al segundo constructor francés, PSA Peugeot Citroën, cuyos títulos caían a media sesión más de un 8 %.
Los registros en Renault, informaron medios locales, tuvieron lugar en el centro de ingeniería de Lardy, el de tecnología de Guyancourt, la planta de Plessis-Robinson y su sede de Boulogne-Billancourt, todos en los alrededores de París.
Los agentes se incautaron de los ordenadores de varios responsables, siempre según el sindicato.
Tras el escándalo de Volkswagen, Renault anunció un plan de inversión de 50 millones de euros para reducir la diferencia entre las emisiones contaminantes de sus vehículos y su homologación en condiciones reales.
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