Patxi López, presidente del Congreso con el voto de PSOE y Ciudadanos
Patxi López a su llegada este miércoles a la Cámara baja. / J. J. Guillén (EFE)
El socialista Patxi López ha sido elegido presidente del Congreso en el primer acto parlamentario de la legislatura más incierta. Presidirá los debates del Parlamento más fragmentado de la democracia, como lo prueba el hecho de que el titular del cargo no pertenezca al partido mayoritario de la Cámara. Y en el enconamiento de pasillos por el acuerdo para elegir al exlehendakari.
El Congreso se ha constituido en un ambiente de nueva época manifestada en las formas de gran parte de los diputados, la irrupción insólita de dos nuevos partidos y, sobre todo, la incertidumbre sin precedentes sobre la futura formación de Gobierno.
López ha sido elegido en segunda vuelta, por mayoría simple, con 130 votos, frente a los 71 de Carolina Bescansa, la diputada de Podemos presentada por el partido de Pablo Iglesias como reacción al acuerdo sobre la Mesa del Congreso, el primero de la legislatura. Ese acuerdo, firmado por PSOE y Ciudadanos provocó que el PP retirara su candidato y dejara el camino libre a López.
Aunque la votación es secreta, todo parece indicar que Bescansa ha tenido los votos de los 69 diputados de Podemos y las candidaturas vinculadas a este partido, más los de los dos diputados de Izquierda Unida. López fue votado solo por los 90 del PSOE y los 40 de Ciudadanos. Todos los demás grupos han votado en blanco.
El acuerdo supone que el PSOE tendrá dos puestos en la Mesa (incluido el presidente); el PP tres; Ciudadanos dos y Podemos otros dos. El pacto terminó por ser el centro de las conversaciones de los pasillos de la Cámara. Por un lado el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, lo presentó como una especie de ensayo general de lo que pretende para su investidura; Albert Rivera (Ciudadanos) como la gestión puente entre populares y socialistas; Pedro Sánchez (PSOE) como fruto de su voluntad negociadora, pero aislado de la formación de Gobierno y lamentó que Podemos no se haya querido sumar, mientras que Pablo Iglesias arremetió contra el acuerdo, como antesala de lo que considera un futuro pacto para dar al PP La Moncloa.
PSOE y Podemos han chocado por la negativa de los socialistas a aceptar que la formación morada pueda tener cuatro grupos diferenciados en función de las candidaturas con las que se presentó en Galicia, Valencia y Cataluña. Para Iglesias era condición indispensable y para Sánchez es imposible reglamentariamente. Para el primero los socialistas han permitido que la derecha tenga mayoría en la Mesa y para el PSOE es el acuerdo lógico para poner en marcha las instituciones con la estricta proporcionalidad del Hemiciclo.
El siguiente paso de la legislatura será el inicio de las consultas del Rey con los líderes políticos para poner en marcha el debate de investidura y dentro de la Cámara el próximo será la constitución de los grupos parlamentarios. Se rechazará la petición de Podemos y se aplicará flexibilidad a Democracia i Llíbertad (antes Convergencia).
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2016/01/13/actualidad/1452679625_476443.html
Categoría: ACTUALIDAD Miércoles 13 de Enero del 2016
El Estado se moviliza para salvar a la Infanta
Inmóvil, abrumadoramente inexpresiva, hierática como una efigie de la institución que representa, Cristina Federica de Borbón y Grecia, hija y hermana de Reyes de España, se sentó el lunes durante 11 horas en un banquillo junto a otras 17 personas acusadas de corrupción. Desde allí, sin apenas pestañear, con la mirada ausente y el gesto inmóvil, la Infanta y esposa de Iñaki Urdangarin, acusado de liderar una trama para desviar 6,2 millones de euros públicos con una falsa ONG, asistió a un nuevo intento del Estado y de sus dos abogados defensores particulares, Miquel Roca y Jesús María Silva, por rescatarla y librarla de la acusación de dos delitos fiscales por la que Manos Limpiassolicita que se le castigue con ocho años de prisión.
Calzada con dos botines marrones, la hermana de Felipe VI quemó de la mano de su defensa su último cartucho para librarse del juicio por el caso Nóos apelando a la llamada doctrina Botín y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, manteniendo que no se le puede juzgar por un delito contra la Hacienda Pública basándose únicamente en la acusación popular que encarna Manos Limpias. La Fiscalía Anticorrupción y, muy especialmente, la Abogacía del Estado, que sí mantienen su denuncia contra su esposo por ese delito y no contra ella, volvieron a secundar su tesis con vehemencia, defendiendo que, por contra de lo que sostiene el juez instructor José Castro, el lema de Hacienda somos todos que usó el magistrado que investigó el caso Nóos para justificar que sus actos perjudican al bien común «no puede pasar del ámbito publicitario».
La Abogacía del Estado defiende a la infanta Cristina argumentando que 'Hacienda somos todos' es sólo publicidad
Fue un debate profundo, de largo alcance jurídico y que sentará un hito en la historia y la literatura judicial españolas. Tres jueces de la Audiencia Provincial de Palma, encargadas de juzgar la causa, deberán ahora decidir si la Infanta puede ser exonerada refugiándose en esa doctrina o si, por el contrario, debe seguir siendo juzgada en un proceso que congregó a más de 500 periodistas.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, como la defensa de Cristina de Borbón, consideran que la Infanta debe beneficiarse de la doctrina Botín porque la Agencia Tributaria entiende que ella no ha cometido ningún delito. Esa jurisprudencia, inaugurada en 2007 para el banquero, impone el sobreseimiento de la causa cuando así lo reclaman la Fiscalía y el perjudicado por el posible delito (y Hacienda insiste que sólo ella lo es en este caso), aunque la acción popular sostenga la acusación. Únicamente Manos Limpias pretende la condena de la ex duquesa de Palma a ocho años de cárcel como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales que su marido habría cometido a través de la sociedad familiar Aizoon.
El fiscal Pedro Horrach tomó la palabra al borde de las 12.00 horas. Su primera frase, una cita textual del republicano Manuel Azaña: «Lo que importa es tener razón, y después de tener razón, importa casi tanto saber defenderla; porque sería triste cosa que, teniendo razón, pareciese como si la hubiésemos perdido». Tras ello, señaló que su función «es defender la legalidad». Por ello, sostuvo que la acusación popular de Manos Limpias no puede llevar por sí sola a juicio a la Infanta.
El fiscal presenta otro informe de Hacienda a favor de la Infanta Cristina EL MUNDO
El fiscal, que aportó de forma sorpresiva un nuevo informe de Hacienda favorable a la Infanta, invocó en el juicio dos sentencias que desarrollaron la doctrina Botín. Una de ellas proviene de la Audiencia de Vizcaya. «No es normal que un ciudadano de Bilbao no se siente en el banquillo y otra aquí sí», señaló, en referencia a la misma. El fiscal aseguró que en la misma situación «ninguna persona se ha sentado en el banquillo».
Así, insistió Horrach en que juzgar a la Infanta «es quebrantar la igualdad y discriminar de forma injustificada a dos ciudadanas», dijo, aludiendo de manera muy expresiva en condiciones de igualdad a la Infanta y a la esposa de Diego Torres, Ana Tejeiro, para quien también pide el archivo respecto de los delitos fiscales, aunque no de los de blanqueo.
Si fue enérgico Horrach en su defensa de la Infanta, la gran sorpresa de la jornada la protagonizó la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares. No por el posicionamiento ya conocido, sino por el tono empleado por Dolores Ripoll, quien llegó a afirmar que la frase Hacienda somos todos es sólo «publicidad».
Ese lema, afirmó, debe circunscribirse «al ámbito para el que fue creado: el de la publicidad, exclusivamente como forma de concienciación al país». La representante de la Hacienda Pública en la causa se alineaba así en una intervención cargada de intensidad con la defensa de la hermana de Felipe VI, aludiendo al auto con el que el juez Castro decidió definitivamente sentarla en el banquillo.
Castro decía que ese eslogan «fuerza a plantearse la naturaleza del delito contra la Hacienda Pública como atentado a un bien jurídico colectivo de interés general y que, por tanto, no vulnera un bien jurídico individual, que pudiera ser propio y exclusivo de la Agencia Tributaria». Se refería el juez a que la doctrina Atutxa, según su interpretación, anula la doctrina Botín en el sentido de que, cuando lo que se protege con el delito es un bien colectivo, la acción popular sí está legitimada para sostener la acusación por sí sola, aunque no lo hagan el Ministerio Fiscal ni el perjudicado.
La abogada del Estado argumentó, en la línea planteada por los defensores de la Infanta, que lo que dice la doctrina Atutxa no es eso, sino que, en realidad, se refería a delitos que, por su «peculiar naturaleza», no cuentan con un perjudicado concreto que pueda personarse en el procedimiento. Ripoll aseguró que «no existe base legal para afirmar que el delito contra la Hacienda Pública es un delito de los que, por definición, carece de perjudicado». «Es el erario público, y la Hacienda Pública estatal puede ejercer las acciones que considere pertinentes en el ejercicio de sus derechos».
Uno y otra siguieron la línea que había marcado previamente el abogado de la Infanta Cristina, Jesús María Silva, que argumentó que «la pesadilla de los grandes juristas es llegar a juicio bajo la acusación sólo de la acción popular» para defender el sobreseimiento del caso respecto de la hermana de Felipe VI. «Está en juego el significado mismo del proceso penal», razonó. En que la ciudadana Cristina de Borbón debe librarse de esa «pesadilla» coincidieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Fuente: http://www.elmundo.es/baleares/2016/01/11/5694297846163fbc708b45dc.html
Categoría: ACTUALIDAD Martes 12 de Enero del 2016
Sánchez derogaría la reforma laboral como primera medida con Podemos y Ciudadanos
Pedro Sánchez dio este martes una nueva vuelta de tuerca a su apuesta por un Gobierno «de cambio progresista» que es «lo que han votado los españoles», dijo en su discurso tras la formación del Grupo Socialista de esta nueva legislatura: anunció las quince primeras proposiciones de ley y no de ley, entre las que destacan «derogar» de la reforma laboral del PP, instaurar la renta mínima vital para las 720.000 familias sin ingresos y subir el salario mínimo interprofesional (SMI).
Una serie de medidas en la misma línea de las presentadas por Podemos en su ley de Emergencia, pero alejada de las propuestas de Ciudadanos, especialmente las dos últimas, su otro socio en el gobierno progresista que ha ofrecido. De hecho, Sánchez ya ha rechazado el contrato único que propone Albert Rivera.
El resto de las proposiciones de ley y no de ley son: derogación de la LOMCE, impulsar un Pacto contra la violencia de género, recuperar el sistema universal de salud, reconstruir el Pacto de Toledo para asegurar el sistema público de pensiones, volver al marco legal de la RTVE de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero para recuperar la «pluralidad» informativa, impulsar la reforma fiscal, ratificar el Pacto por la Ciencia, pendiente desde la legislatura pasada, revertir los últimos cambios del PP en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prohibir los indultos a condenados por corrupción, proposición de Ley contra la pobreza energética, e impulsar la reforma del Reglamento del Congreso.
Sánchez anuncia las quince primeras proposiciones de ley y no de ley de su hipotético Gobierno
El líder socialista, que comenzó con una condena al atentado en Estambul, fue muy claro ante los suyos: la gran coalición PP-PSOE «sería un gran fraude» a la mayoría de españoles, en concreto un 70% (todos los que no apoyaron al PP el 20-D), que votaron «cambio» y además de izquierda.
Tras recoger su credencial como diputado, Pedro Sánchez se dirigió a los 90 diputados, a los senadores y a los europarlamentarios socialista para recordar que la iniciativa de formar gobierno sigue estando en manos de Mariano Rajoy, pero es el PSOE el que ocupa el «centro» en el tablero de los pactos y no renuncia a ello.
Eso sí, sin «líneas rojas», en alusión a Podemos, a cuya cabeza de lista por Barcelona, Ada Colau, replicó que la alternativa de los socialistas al referéndum de autodeterminación catalán es una reforma constitucional y una posterior consulta de ratificación en toda España. Sánchez obvió que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y capacidad, por tanto, de bloquear cualquier reforma de la Carta Magna.
«El 20-D no logramos los resultados que esperábamos, pero también es cierto que somos la primera fuerza del cambio»
Dijo que con él se acabarán «los frentes» y la inacción en el tema catalán, que es lo que ha provocado Mariano Rajoy en estos cuatro años. «El 20-D no logramos los resultados que esperábamos, pero también es cierto que somos la primera fuerza del cambio», insistió.
Incluso tuvo tiempo para referirse al juicio del «caso Noos», en cuyo banquillo se sienta la Infanta Cristina, para señalar que las administraciones implicadas en la trama corrupta de Iñaki Urdangarín eran del PP. «Esa es la españa que queremos dejar atás los socialistas y que necesita un cambio político», señaló Sánchez.
Y en cuanto a la reclamación de Podemos para que se constituyan cuatro grupo parlamentarios con sus 69 diputados, señaló que eso no es posible porque en el Congreso «se dilucidan las cuestiones de índole nacional» y es el Senado la Cámara territorial.
Categoría: ACTUALIDAD Martes 12 de Enero del 2016
La UDEF investiga a Podemos por financiarse con 5 millones de euros procedentes de Irán
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está investigando a Podemos por su presunta financiación ilegal a través de las empresas audiovisuales que administra en España el iraní Mahmoud Alizadeh Azimi. Según ha podido saber El Confidencial de fuentes cercanas al caso, los investigadores disponen de informes de inteligencia que concluyen que el partido de Pablo Iglesias habría recibido a través de ese entramado societario más de 5 millones de euros aportados directamente por el régimen de Teherán para financiar su actividad y facilitar que pudieran conseguir el peso y la influencia decisiva que tiene en estos momentos.
La investigación arrancó en la primera quincena de diciembre, aunque no trascendió para evitar que pudiera interpretarse como una intromisión en la campaña de las generales. No obstante, los informes de inteligencia que han dado lugar al caso se remontan meses atrás. Según ha podido saber este diario, el eje de la trama lo constituiría la sociedad 360 Global Media, una firma del sector audiovisual montada de la nada por Alizadeh Azimi en abril de 2012 que ha declarado unos ingresos totales desde entonces de 7,2 millones de euros.
Cobro de facturas infladas
La mayor parte de esa facturación es fruto de la emisión en España del canal público iraní en castellano Hispan TV, lo que justificaría la inyección en la sociedad de fondos del régimen de Teherán. Sólo en 2014, 360 Global Media declaró unos ingresos de 2.968.132,69 euros. Además de esa firma, el iraní Alizadeh Azimi también controla otras dos mercantiles que habrían recibido igualmente dinero de su país con el supuesto objetivo de financiar la generación de contenidos sobre el país persa: Producciones Audiovisuales Press TV y Producciones Audiovisual Hispan TV.
Plató de TV de Hispan TV.
Sin embargo, los investigadores sostienen que esos fondos también fueron utilizados por Irán para sufragar la creación de Podemos y su actividad ordinaria durante sus primeros meses de vida. Las pesquisas han detectado que, cumpliendo órdenes de Teherán, 360 Global Media y el resto de empresas del conglomerado de Alizadeh Azimi habrían inflado presuntamente de forma sistemática las facturas que abonaron desde 2013 a sociedades de dirigentes de Podemos por la supuesta prestación de servicios audiovisuales para canalizar de esa forma ayudas irregulares al partido. En total, los dirigentes del partido y sus sociedades satélite habrían cobrado del conglomerado en torno a 5 millones de euros.
La cúpula al completo de Podemos
Una de las firmas que más pagos recibió de la red del empresario iraní es la Asociación Cultural Con Mano Izquierda, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que fundó curiosamente el propio Iglesias sólo un día antes de que se constituyera 360 Global Media, el 8 de abril de 2012. El líder de Podemos utilizó Con Mano Izquierda para producir el programa Fort Apache, un espacio de debate y entrevistas presentado por él mismo, pero Iglesias también habría recibido pagos directos por esos trabajos. Los investigadores han detectado que el líder de Podemos cobró más de 100.000 euros semanas antes de que saliera precipitadamente de Con Mano Izquierda en septiembre de 2014, tras descubrirse que estaba utilizando una entidad sin ánimo de lucro para facturar a 360 Global Media.
Con Mano Izquierda también habría cobrado facturas infladas a las empresas de Alizadeh Azimi por la realización de otros programas de televisión, como el espacio de debate La Tuerka. Esos espacios no sólo habrían servido para financiar al partido, sino que también habrían actuado como plataforma de dirigentes de Podemos que jugaron un papel destacado en los primeros meses de vida de la formación, como Juan Carlos Monedero y Tania Sánchez. Otros dirigentes de la dirección actual, como Carolina Bescansa e Iñigo Errejón, también se aprovecharon del eco de esos programas para hacerse un hueco en la primera línea de la política nacional.
Dirigentes de Podemos en la campaña electoral. (Reuters)
El dinero habría llegado desde Irán a España a través de terceros países para dificultar su rastreo y sortear el bloqueo al que estaban sometidos hasta 2014 todos los movimientos de fondos con ese país. De hecho, los investigadores han detectado que ninguna de las sociedades de Alizadeh Azimi recibió un solo pago directo de Teherán. Los fondos entraron en su conglomerado mediante triangulaciones con sociedades de Dubai, Bielorrusia y Malasia, entre otros Estados, otro elemento que incidiría en el presunto ánimo de ocultación de los pagos a Podemos.
Este diario se ha puesto en contacto con el partido para recabar su versión sobre este procedimiento, pero sus portavoces han preferido no hacer declaraciones hasta la rueda de prensa que la formación ha convocado a las 13.30 horas en su sede, tras la reunión que van a mantener sus dirigentes con los líderes de las fuerzas que acudieron junto a Podemos a las generales.
Hasta cuatro años de cárcel
Los hechos detectados podrían constituir un delito de financiación ilegal. La Ley de Financiación de Partidos introdujo en 2007 la prohibición de utilizar fondos aportados por gobiernos extranjeros. En concreto, en el artículo 7.2 especifica que “los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”. Sin embargo, no establecía ninguna pena para esa infracción.
Pero la situación cambió radicalmente con la reforma del Código Penal de 2015, que entró en vigor el pasado 1 de julio. En el artículo 304 bis, la norma fija penas de prisión de hasta cuatro años de cárcel para quiénes incumplan el artículo 7.2 de la Ley de Financiación de Partidos y multas de hasta cinco veces el importe de la donación recibida. Es suficiente con superar una aportación de 100.000 euros, una cuantía que Podemos rebasaría holgadamente según estiman los informes de inteligencia a los que ha tenido acceso este diario.
Los expertos en delitos económicos de la UDEF trabajan ahora para determinar el dinero exacto que habría recibido la formación de Iglesias y en qué momento habría llegado el dinero a sus cuentas, una circunstancia que determinará la gravedad de las responsabilidades penales a los que podrían enfrentarse los dirigentes de Podemos. Si la UDEF aprecia finalmente la concurrencia de algún delito, elaborará un informe que remitiría posteriormente a la Fiscalía Anticorrupción para que el Ministerio Público valore la apertura de un procedimiento penal.
La UDEF investiga a Podemos por financiarse con 5 millones de euros de Irán
Pablo Iglesias habla sobre su relación con Irán
No es la primera vez que la sombra de la financiación ilegal gravita sobre el tercer partido más votado en las generales del 20 de diciembre. Monedero se vio obligado a dar un paso atrás en febrero de 2015 tras descubrirse que dos años antes cobró del Gobierno de Venezuela 425.150 euros por unos supuestos trabajos de asesoría que nunca ha mostrado en público. La Agencia Tributaria le abrió además una investigación por cobrar ese supuesto asesoramiento a través de una sociedad, Caja de Resistencia Motiva2, para pagar menos impuestos.
Categoría: ACTUALIDAD Martes 12 de Enero del 2016
El tribunal admite los informes presentados por Horrach y la Infanta
(De izda-dcha, detrás-delante) la Infanta Cristina, Salvador Trinxet Llorca, Alfonso Grau Alonso (tapado), Miguel Tejeiro Losada (tapado), Iñaki Urdangarin Liebaert, Diego Torres, Ana María Tejeiro Losada, Mercedes Coghen Alberdingk (tapada), Luis Lobón Martín (tapado), José M. Aguilar Colas, Elisa Maldonado García, Jaume Matas, Marco A. Tejeiro Losada y Juan Carlos Alia Pino.
El fiscal Pedro Horrach no sólo aprovechó ayer el trámite de cuestiones previas del «caso Nóos» para pedir al tribunal que impida a Manos Limpias, por falta de legitimidad, mantener como acusada a la Infanta Cristina. Por si acaso el tribunal no acepta sus argumentos, el representante de Anticorrupción aportó por sorpresa a la sala un último informe de la Agencia Tributaria que certifica, adelantó, que la hermana del Rey no cometió, con los criterios tributarios al uso, ninguna infracción tributaria, lo que impediría en cualquier caso, recalcó, que pueda acusársela de delito fiscal.
Fue el propio Horrach quien –pese a los cinco informes elaborados por Hacienda entre mayo y diciembre de 2013 en los que concluye que Doña Cristina no cometió delito fiscal– encargó a la Agencia Tributaria un último dictamen, en este caso elaborado por la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda, que el pasado 26 de diciembre envió al fiscal de Anticorrupción su conclusión, a saber, que la hermana del Rey ni siquiera cometió una infracción administrativa.
Con el informe en la mano –que ya está a disposición de las partes y del tribunal y que ha quedado incorporado al proceso como prueba pericial– Horrach insistió en la imposibilidad de acusar a la Infanta, como hace Manos Limpias, de ser cooperadora de los delitos tributarios que se imputan a su marido en los IRPF de 2007 y 2008. «No es posible trasladar al proceso penal lo que no está previsto como infracción administrativa en las leyes tributarias», subrayó el representante de Anticorrupción.
El postrero golpe de efecto de Horrach ratifica la tesis, defendida por la Fiscalía durante la investigación del «caso Nóos», de que si Hacienda no ha abierto ningún expediente administrativo para sancionar a Doña Cristina (y Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, que se encuentra en idéntica situación respecto a la imputación por delito fiscal), es imposible sostener una acusación por ese motivo.
El fiscal solicitó igualmente al tribunal la declaración de la inspectora autora del citado informe durante la vista oral, a lo que la Sala accedió, por lo que las magistradas escucharán de primera mano las explicaciones técnicas de la funcionaria que redactó el dictamen.
No obstante, el «plan B» de Horrach para convencer al tribunal de la ausencia de delito «sería innecesario» si –como se encargó de recordar el propio fiscal de Anticorrupción– la Sala atiende finalmente sus argumentos y rechaza la legitimidad de Manos Limpias de mantener en solitario la acusación contra la Infanta. Después de que la Audiencia Provincial de Palma negase cualquier responsabilidad penal de Doña Cristina en relación al Instituto Nóos e instase al juez José Castro a investigarla por delito fiscal y, en su caso, blanqueo, la Agencia Tributaria remitió al instructor hasta cinco informes en los que negaba la existencia de delito fiscal. Los autores de esos informes comparecieron incluso ante Castro para exponerle sus conclusiones, pero el magistrado decidió pese a todo, el 22 de diciembre de 2014, abrir juicio oral contra ella como cooperadora necesaria de los delitos fiscales imputados a su esposo.
Castro no dejó pasar la oportunidad de saldar cuentas con Hacienda y le reprochó, en primer lugar, que “se atribuya la cualidad de perjudicada” eligiendo “penalmente y a su capricho” a los supuestos responsables del delito (Iñaki Urdangarín y Diego Torres) “excluyendo inexplicablemente a otras” (en referencia a la entonces duquesa de Palma y a la esposa de Torres).
Tras fijarle Castro una fianza de casi 2,7 millones de euros para hacer frente a posibles multas derivadas de una hipotética condena, la Audiencia de Palma rebajó sustancialmente esa cantidad y la dejó en 587.413 euros argumentando que, aunque fuese condenada como cooperadora de esos dos delitos fiscales, la cuantía acordada por el instructor no era proporcional a la participación que Manos Limpias atribuye a Doña Cristina en esos presuntos delitos, ya que esos 2.697.150 era “la máxima pena de multa posible legalmente”.
Categoría: ACTUALIDAD Martes 12 de Enero del 2016