PP, PSOE y Ciudadanos avanzan en un acuerdo sobre el Congreso
Patxi Lopez, ex lehendakari del pais Vasco en la sede del PSE en Bilbao. / javier hernandez juantegui
PP, PSOE y Ciudadanos han avanzado hacia un acuerdo sobre la Presidencia y la Mesa del Congreso que esperan cerrar durante este martes, para que se ponga en marcha en la sesión constitutiva de la Cámara del miércoles 13 de enero.
Podemos no forma parte, de momento, del acuerdo por el rechazo de todos los demás grupos a la exigencia de poder formar cuatro grupos diferenciados con las candidaturas de Galicia, Cataluña y Valencia. No obstante, fuentes de esta formación han mostrado su perplejidad por la falta de acuerdo, puesto que en la negociación han aceptado renunciar a subvenciones y a beneficios como tiempos de intervención en los debates. Carolina Bescansa, diputada y negociadora de Podemos, mantendrá este martes reuniones con los portavoces de PP y PSOE. Pedro Sanchez ha asegurado que espera que Podamos pueda sumarse al pacto .
El pacto en el que se avanza, pero que aún depende de importantes flecos, supondría que el socialista Patxi López presida el Congreso y el PSOE tenga una de las vicepresidencias. Ciudadanos y Podemos tendrían dos puestos cada uno en la Mesa. De los ocho puestos, el PP tendría dos o tres, con alguna posibilidad de que ceda uno a otro grupo nacionalista.
La negociación intentaba el lunes por la noche que el PP ni siquiera presentara candidato.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2016/01/12/actualidad/1452597846_311944.html
Categoría: ACTUALIDAD Martes 12 de Enero del 2016
El abogado de la infanta pide que se archive la causa porque Hacienda no la acusa
La batalla jurídica por que la hermana del rey sea juzgada junto a otros 17 ciudadanos en un caso de corrupción aún no ha concluido. La única certeza respecto a Cristina de Borbón y el juicio del caso Nóos es que se sentará en el banquillo en su arranque el lunes, mientras se plantean las cuestiones previas. Su defensa alegará entonces que esa debe ser la primera y la última comparecencia de la duquesa de Palma ante el tribunal. Esgrimirá la conocida como ‘doctrina Botín’, que impide juzgar a alguien que no es acusado por la Fiscalía o por el considerado perjudicado directo de su acción.
A partir de las 9.30 horas del lunes, una a una, todas las partes que lo deseen plantearán sus cuestiones previas. Se trata de peticiones al tribunal sobre cómo debe discurrir la vista oral. Los abogados de Cristina de Borbón expondrán la sentencia del Tribunal Supremo de 2007 que confirmó la decisión de la Audiencia Nacional de no juzgar al fallecido presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, en el caso conocido como ‘cesión de créditos’. El Alto Tribunal determinó que si la Fiscalía no apreciaba delito y solo lo hacía una asociación de consumidores, como acusación popular, no cabía pedir responsabilidades a Botín y el resto de imputados.
La acusación popular del caso Nóos, ejercida por Manos Limpias, solicita ocho años de cárcel y multa de dos millones de euros para Cristina de Borbón por dos delitos fiscales cometidos en los ejercicios de 2007 y 2008 en grado de cooperadora necesaria. La hermana de Felipe VI era propietaria con su marido al 50% de Aizoon, la sociedad utilizada por Urdangarin para blanquear presuntamente dinero procedente de la corrupción y por la que facturaba servicios que realizaba él y no la empresa, con objeto de evitar el pago de impuestos más elevados.
Según la instrucción, la infanta cargaba gastos personales a esa sociedad, usaba su tarjeta de crédito e incluso llegó a girarle una factura.
Los abogados del Estado representan a la Agencia Tributaria en el juicio debido a que varios de los acusados deben responder por delitos contra la Hacienda pública. Pero ni ellos, ni la Fiscalía Anticorrupción aprecian delito en la conducta de la infanta, atribuyéndoselo en exclusiva al administrador de la sociedad, su marido. Esta fue la tesis de la infanta durante su declaración ante el juez Castro, el total desconocimiento de cualquier ilegalidad.
¿Es aplicable entonces la doctrina del Supremo? Según el juez José Castro, no. El instructor del caso Nóos cree que los perjudicados por la actuación de la hermana del rey son el conjunto de los ciudadanos españoles y que el criterio de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, no puede hurtarles el derecho a acusar, ejercido en este caso por quien fue reconocido en el origen del caso como acusación popular.
Fiel a su heterodoxo estilo, Castro aludió a las campañas publicitarias del propio Ministerio de Hacienda para argumentar su posición. Lo hizo en el auto de 22 de diciembre de 2014 por el que enviaba a la infanta al banquillo de forma irremediable. "Consciente la Administración Tributaria de que esos principios no calarían fácilmente en el cuerpo social, se decidió a llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria, entre las que habrá de ser resaltada, por ser un clásico del que se ha hecho prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'lo que tú defraudas, lo pagamos todos'”, escribió entonces el juez.
El magistrado aludía así, sin citarlo, a otro fallo del Tribunal Supremo que matizó la doctrina Botín. Ocurrió en 2008, con motivo de la causa por desobediencia contra el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa. Este se había negado a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, pero no era acusado por la Fiscalía. El Supremo estableció que la doctrina Botín no era aplicable porque en el delito de desobediencia no hay unos perjudicados concretos que eviten ejercer la acusación particular, como en el caso del banquero, sino que los afectados por la desobediencia de Atutxa son el conjunto de los ciudadanos. Y por ello, permitió sentar en el banquillo a Atutxa con la única acusación de Manos Limpias.
Hay una segunda argumentación que podrían respaldar las tres juezas que forman el tribunal, de acuerdo a lo recogido en un auto de sus compañeros de la Audiencia Provincial de Palma. El 7 de noviembre, la Audiencia rechazó que la infanta fuera juzgada por blanqueo de capitales, pero en un extensísimo auto abría la puerta a que Castro la investigara por delito fiscal.
En un punto de esa resolución, los magistrados Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Diego Gómez aludían a "un matiz" que diferenciaba el caso de la infanta del de Botín, y es que la Fiscalía y Hacienda sí que van a acusar a otros imputados por delitos fiscales, por lo que sería viable que Cristina de Borbón se sentará también en el banquillo para responder sobre esos ilícitos, aunque la única acusación contra ella sea la de Manos Limpias.
Pero tanto Castro como esos tres jueces ya son pasado en el caso Nóos. Ahora serán los tres miembros del tribunal quienes decidan sobre la aplicación o no de la doctrina a la infanta. Las magistradas Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moyá escucharán las cuestiones previas planteadas por la defensa de la infanta y otras posibles partes del proceso. Eso puede llevar una o dos jornadas.
Antes del 9 de febrero
Cabe la posibilidad de que las cuestiones previas sean resueltas en el momento por el tribunal y trasladadas in voce a las partes, pero no será el caso. Las magistradas han dejado entrever a las partes que conocerán su decisión a través de un auto, esto es, una resolución razonada.
Según fuentes próximas al tribunal, el motivo es la argumentación jurídica que requieren, por su complejidad, dos de las cuestiones que se prevén que serán planteadas. Por una parte, la aplicación o no a este caso de la doctrina Botín y, por otro, la que previsiblemente presentará la defensa de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin, que pretende la nulidad de todo el proceso.
En cualquier caso, la decisión de las magistradas estará lista antes del 9 de febrero, la fecha señalada para retomar el juicio y que comiencen a declarar los imputados. Ninguna de las tres juezas está afiliada a una asociación de jueces y resulta muy difícil, por su trayectoria, determinar una inclinación ideológica. Rocío Martín ha pasado a integrar el tribunal tras la excedencia voluntaria solicitada por Juan Pedro Yllanes para integrar la lista de Podemos en las últimas elecciones generales.
De su fallo depende que la infanta sea finalmente juzgada y deba acudir a todas las sesiones que se celebren en los próximos seis meses o que responda únicamente como responsable civil a título lucrativo, supuesto para el que bastará que esté presente su representante legal.
Esta última es la responsabilidad que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción: haberse beneficiado de los réditos del delito presuntamente cometido por su marido. Es la misma situación que la del PP en el primer gran juicio del caso Gürtel que se celebrará en la Audiencia Nacional, el que afecta a la conocida como ‘Primera Época’.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide para la infanta el pago de una multa de 587.000 euros, la mitad de la cantidad que Urdangarin habría dejado de ingresar a Hacienda a través de Aizoon, siempre que se pueda demostrar el delito del marido y sea condenado. Cristina de Borbón ya depositó esa cantidad en una cuenta del juzgado a modo de fianza.
En el caso de que deje de estar acusada, cualquiera de las partes podría pedir que declare como testigo, cuestión sobre la que deberá decidir el tribunal. Si las juezas creen que no le es aplicable la doctrina Botín, la infanta declarará la última en la ronda de acusados que comienza el 9 de febrero.
Fuente:http://www.eldiario.es/politica/hermana-intentara-doctina-Botin-banquillo_0_471403220.html
Categoría: ACTUALIDAD Lunes 11 de Enero del 2016
La Fiscalía y Hacienda piden que se aplique la doctrina Botín a la Infanta
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria han anunciado que reclamarán que Cristina de Borbón, hermana de Felipe VI, sea exonerada de someterse a juicio en aplicación de la doctrina Botín. Se trata de una construcción jurisprudencial inaugurada por el Tribunal Supremo en 2007, según la cual la acción popular no sería suficiente por sí sola para sentar en el banquillo a un imputado cuando el Ministerio Fiscal y la víctima del posible delito reclaman el sobreseimiento. En este caso, sólo el sindicato Manos Limpias pide una condena para la infanta.
Obviamente, en ese mismo sentido se pronunciarán los letrados de Cristina, el catedrático Jesús María Silva, y Diego Torres, Manuel González Peeters, este último porque beneficiaría a su esposa, Ana Tejeiro. Peeters ha adelantado igualmente que pedirá una nulidad de las actuaciones.
La infanta y su marido, Iñaki Urdangarin, se sientan entre los acusados con semblante muy afectado, con ojeras y aspecto cansado. Ambos han llegado este lunes a las 8,12 horas al edificio de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma, donde comparecen como acusados en la primera sesión del juicio del caso Nóos.
Llegada a la Audiencia Nacional de Palma de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina
El matrimonio ha llegado en el mismo coche y el cuñado del Rey ha abierto la puerta del coche a su mujer.
Han entrado juntos al edificio donde se celebrará el juicio a partir de las 09.15 horas, sin ofrecer declaraciones a las decenas de periodistas que esperan a las puertas, aunque la infanta ha saludado con un "hola" a los informadores, informa Efe. Después han accedido al interior después de pasar por el arco de seguridad
Minutos antes habían llegado sus respectivos abogados. El primero en acceder ha sido el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, sobre las 07.50 horas, y cinco minutos después lo ha hecho el equipo que defenderá a la infanta: Miquel Roca, Jesús María Silva y Jaume Riutord.
18 acusados en el banquillo
Durante este lunes, se sientan en el banquillo once políticos y gestores públicos de diferente rango, con un presidente autonómico y ex ministro del PP y el número dos del Ayuntamiento de Valencia como personajes destacados, entre los que están Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina.
Estos 18 acusados se sentarán ante tres magistradas de la Audiencia Provincial de Palma para responder por acusaciones que suman en total más de 100 años de cárcel. Se les acusa de formar parte de las administraciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid que, de 2004 a 2006, regaron a la supuesta ONG del ex duque de Palma con más de seis millones de euros públicos por trabajos que la Fiscalía y el juez instructor consideran injustificados e irreales; y de rendir pleitesía administrativa a Urdangarin, saltándose por acción u omisión la legislación en materia de contratación.
Los abogados de la infanta, Roca y Silva, pedirán la estricta aplicación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y de dicha doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2007, en virtud de la cual la acusación popular no está legitimada en solitario para sentar a alguien en el banquillo por delitos fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidieron que la causa fuera sobreseída para la Infanta, aunque la consideran responsable civil a título lucrativo: por haberse beneficiado de 587.413 euros en el primer caso y de 168.571 euros según los representantes legales de Hacienda.
Iñaki Urdangarin se enfrenta a una petición de condena de 19 años y 6 meses de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de 26 años y 6 meses por parte de Manos Limpias. También lo acusan la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que pide 8 años; la Abogacía del Estado que pide que cumpla 3 años y 6 meses, y los socialistas del Ayuntamiento de Valencia que reclaman una condena de 11 años para el marido de la infanta.
Fuente: http://www.elmundo.es/baleares/2016/01/11/56935a2d268e3ed4638b45e5.html
Categoría: ACTUALIDAD Lunes 11 de Enero del 2016
Arranca el juicio oral con la Infanta en el banquillo
A las nueve y cuarto de la mañana de este lunes ha empezado el juicio oral del caso Nóos, en el que por primera en la historia, una Infanta de España se encuentra sentada en el banquillo de los acusados, junto a otras 17 personas, entre ellas su marido, Iñaki Urdangarín. [Sigue el juicio en directo]
Doña Cristina llegó a la sala del juicio con su marido una hora antes de que empezara. Ambos se bajaron de un coche gris en la puerta del edificio y con el rostro serio accedieron inmediatamente a su interior, donde ya les esperaban sus abogados.
En la sala de vistas, la Infanta y su marido se encuentran sentados en la última fila; Doña Cristina en la primera silla de la derecha y su marido, tres sillas a su izquierda. En concreto, la Infanta tiene el pasillo a su derecha, y a su izquierda a Salvador Trinxet Llorca, que fue empleado de la empresa De Goes Center for Stakeholders Managmente SL.
El juicio oral, que empieza hoy con las cuestiones previas, se celebra en un edificio del Polígono Son Rossinyol de Palma, situado frente a una cárcel. En este edificio sólo se ha celebrado otro juicio con anterioridad, en concreto fue el macrojuicio del caso Kabul, de narcotráfico. Al comienzo de la vista estaba convocada una manifestación republicana en la puerta del edificio, que apenas logró reunir a media docena de manifestantes.
Doña Cristina asistió a la sala vestida con un pantalón gris, una chaqueta negra y un pañuelo de color vino y beige en el cuello, mientras que su marido viste americana azul marina, camisa azul celeste, corbata azul y pantalón gris. Como está establecido, preside la sala un retrato del Rey, hermano de la Infanta Doña Cristina.
Todo parece indicar que la Infanta y su marido se desplazaron a la isla en la noche del domingo en un vuelo comercial que procedía directamente de Zurich y que han pasado la noche en Mallorca, aunque no lo hicieron en el Palacio de Marivent, que es la residencia de la Familia Real en Palma. La primera vez que Urdangarín se desplazó a Palma para declarar ante el juzgado sí que pernoctó en esta residencia de Patrimonio Nacional.
A diferencia de lo ocurrido hace un año, cuando Doña Cristina acudió muy sonriente a declarar al Juzgado de Palma como imputada, esta vez la Infanta ha mantenido el gesto serio durante todo el tiempo.
El juicio oral comenzó con la lectura por parte del letrado de la Administración de Justicia de los escritos de acusación y defensa, tras lo cual el tribunal abrió un turno de intervenciones para que las partes plantearan cuestiones previas. El tribunal está integrado por tres mujeres: Samantha Romero Adán, Rocío Martín Hernández y Eleonor Moyá Roselló.
Categoría: ACTUALIDAD Lunes 11 de Enero del 2016
La defensa de la Infanta solicita que se aplique la doctrina Botín
La infanta Cristina (al fondo) en el banquillo de los acusados al inicio esta mañana del juicio «Nóos»
El letrado defensor de la infanta Cristina Jesús María Silva ha solicitado hoy la nulidad de la acusación por la que se sienta en el banquillo en el juicio del caso Nóos porque se están vulnerando sus "derechos fundamentales".
En el turno de cuestiones previas con el que se ha iniciado el juicio ante la Audiencia de Palma, Silva ha subrayado que no reclama la exoneración de la infanta en aplicación de la doctrina Botín, sino por la "jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo" en sucesivos pronunciamientos.
El letrado ha subrayado que Manos Limpias, acusación popular en la causa, no está legitimada para mantener en solitario la imputación de doña Cristina si no la acusan ni la Fiscalía y acusaciones particulares.
A su juicio, el auto de apertura de juicio oral vulnera el derecho fundamental a la defensa de la hermana del Rey, por lo que debe ser anulado.
Silva ha citado a varios prestigiosos penalistas para calificar el encausamiento sostenido en solitario por una acusación popular como "una de las peores pesadillas" de los teóricos del Derecho.
Ha indicado que, además del fallo del Tribunal Supremo que exoneró de acusación al banquero Emilio Botín en 2007, hay pronunciamientos posteriores del mismo órgano que confirma y precisa la misma jurisprudencia
El letrado, que se ha quejado reiteradamente de que en el debate público sobre el caso se hayan obviado sentencias muy aclaratorias, ha aludido particularmente a un pronunciamiento del Supremo en el que planteaba que en el procedimiento abreviado sólo es admisible la apertura de juicio con la única acusación popular cuando no existe posibilidad de personación de la acusación particular.
Además, el Supremo ha planteado expresamente que este principio es "vinculante para todos los órganos de la jurisdicción", ha enfatizado.
Categoría: ACTUALIDAD Lunes 11 de Enero del 2016