No necesitas ser rico para tener acceso a la alimentación ecológica. Es más, como advierte la nutricionista de Mamá Campo y fundadora de ZÚA-Alimentación Saludable, Vanessa Aguirre, el peor error que cometemos a la hora de empezar a consumir productos ecológicos es tratar de convertir nuestra cesta de la compra habitual en su versión 'eco'. "Pretendemos seguir consumiendo los mismos alimentos, pero buscando la etiqueta de ecológico creyendo que así la hacemos más saludable. Sin embargo, no siempre es cierto", asegura.

En este sentido, reconoce que la clave para mejorar la alimentación con alimentos ecológicos es revisar nuestra dieta y ajustarla a lo que el cuerpo necesita. "Hoy en día, por ejemplo, el consumo de carnes y embutidos sobrepasa considerablemente las recomendaciones de la OMS. Mientras que actualmente se consume una media de 150 gramos de carne al día, el consumo máximo medio debería de ser 70 gramos, es decir, la mitad", explica la experta. Y teniendo en cuenta que la carne es el artículo más caro de la cesta de la compra ecológica, como dice Aguirre, ajustando nuestros hábitos de consumo podremos reducirla a la mitad.

Además, hay alimentos mucho más económicos cuyo consumo se sitúa por debajo de las recomendaciones, como los cereales y las legumbres. "Aumentando su ingesta, no solo se abaratará nuestra cesta, sino que mejorará notablemente nuestra salud", añade la nutricionista de Mamá Campo. Y lo mismo ocurre con los productos envasados: su precio suele ser más alto, y su calidad más baja. Por eso, Aguirre insiste en que el menú se base principalmente en productos frescos como frutas, verduras, semillas, frutos secos y legumbres. "Si consumimos productos precocinados frecuentemente y tratamos de sustituirlos por su versión ecológica, no sólo seguiremos teniendo unos malos hábitos alimentarios, sino que, además, podríamos incluso duplicar el precio de nuestra cesta de la compra", señala. Tal y como recomienda la SENC (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria), este tipo de productos deben consumirse ocasionalmente porque para elaborarlos es necesario recurrir a grandes cantidades de grasas o azúcares, además de perder nutrientes durante el procesado.

"En caso de no poder acceder a un consumo 100% ecológico podemos empezar seleccionando aquellos que presentan mayores ventajas frente a su versión convencional, como los alimentos de origen animal", aconseja la experta. En este sentido, argumenta que al encontrarse en la cima de la cadena alimentaria, arrastran los productos químicos y aditivos utilizados en la producción de su propio alimento, es decir los piensos: "Muchos de los productos utilizados para incrementar la productividad de los animales son susceptibles de dejar residuos en el alimento comercializado, y se ha demostrado que estos pueden acumularse en su tejido adiposo, riñones o hígado, convirtiéndose en un grave peligro para la salud humana".

Y dentro de este grupo habría que incluir también frutas y verduras, ya que son uno de los alimentos con mayor exposición a químicos agroalimentarios. "A pesar de que las cantidades detectadas no suelen superan los límites establecidos por la legislación, es la variedad de pesticidas por una misma pieza lo que podría potenciar sus efectos tóxicos", sostiene la nutricionista Vanessa Aguirre. Eso sí, antes de pasar por caja, recuerda comprobar que los alimentos que has elegido son realmente ecológicos. ¿Cómo? Comprobando que llevan los sellos legalmente estipulados y no mensajes engañosos que pueden dar lugar a error.

Fuente: http://ow.ly/3wMC30b6JDG

La pasada ha sido una semana de infarto para el Partido Popular, que se ve obligado a ajustarse el marcapasos judicial por los escándalos de corrupción y deberá vivir con él hasta 2019. Serán las elecciones autonómicas y municipales las que prueben su estado de salud electoral, pero en Génova ya asumen que con semanas como esta última «será difícil» recobrar el pulso y la confianza de los votantes que les retiraron su confianza, a pesar de los indudables éxitos económicos del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Justo ahora que la legislatura parecía encarrilada, cuando los populares acariciaban el acuerdo presupuestario y se centraban en vender la mejoría económica de España, el PP vuelve a adentrarse en el negro túnel de la sospecha, otra vez en Madrid. Y en Génova temen que este rebrote de corrupción que ha acabado con la detención del expresidente autonómico Ignacio González sea solo la «punta del iceberg».

La estrategia, por los aires

La dirección nacional regresaba de las vacaciones de Pascua con la tensión baja después de la dimisión del presidente de Murcia y el lunes pintó una agenda pública vacía de temas, con margen para apagar las hogueras de los congresos provinciales y amplio espacio para el pacto de Presupuestos con el PNV, aún enquistado. Ni siquiera se convocó la habitual rueda de prensa tras el comité de dirección. «No hay mucho que contar», reconocían desde la sede central.

La semana debía servir para ofrecer buenos datos económicos desde el Gobierno. En lo político, se preparaba la vuelta a la actividad parlamentaria, paralizada muy a pesar de los populares por las luchas intestinas del PSOE.

Pero de la calma Génova pasó a la hiperventilación. A mediodía del martes de la semana pasada la cúpula del PP sufrió un vuelco al corazón con la notificación del tribunal de la Gürtel citando como testigo al presidente, Mariano Rajoy. El miedo a que los titulares judiciales emborronaran la imagen y la gestión del Gobierno se apoderó de la cúpula, que tras reunir a su gabinete de crisis se revolvió contra esa decisión con un severo comunicado que no a todos en el Partido Popular gustó. «Nos devuelve a los tiempos de la negación», se lamentó el sector más combativo contra la corrupción.

Veinticuatro horas después, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy se desmarcó de la crítica a los jueces vistiendo de «normalidad» su testificación. Pero lo cierto es que la redada, esa misma mañana de miércoles, contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sepultó a todos. Por más que el aguirrismo fuera la víctima directa, la conmoción ha sido general.

Ventana a la esperanza

Solo se abrió una pequeña ventana para la esperanza y el PP nacional se asomó a ella: «Ha sido el Gobierno de Cristina Cifuentes quien ha puesto en conocimiento de la Justicia posibles irregularidades en la etapa anterior. Este partido no vuelve la cara a la corrupción, al revés, la denuncia», fue el mensaje del partido estos días, empeñado en que la regeneración empieza con ellos.

Sin embargo, el enrocamiento de Esperanza Aguirre al frente del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid «no ayuda», admiten en último término fuentes de la dirección nacional consultadas por ABC.

La frustración entre los altos cargos es, en cualquier caso, evidente. «Creíamos que la corrupción estaba amortizada, pero da igual lo que hagas, la sombra de esa sospecha nos persigue», señalan en Génova, donde se reconoce que no termina de calar entre la ciudadanía el mensaje de que es este Gobierno el que más ha hecho contra la corrupción. «Así es imposible. Esto es demoledor», se quejaba el viernes un dirigente nacional.

Los nuevos responsables autonómicos, recién salidos del congreso con la tarea de reconquistar el mapa electoral en 2019, también acusan los golpes que ha sufrido la marca. «Es muy difícil recuperar la confianza de la gente si seguimos en el vapuleo continuo», asegura un barón territorial en conversación con este periódico.

Horizonte judicial

El horizonte judicial, con el caso Gürtel abierto en canal, las imputaciones por Púnica que no cesan y los nuevos escándalos como el del Canal de Isabel II, seguirá siendo muy negro durante largos meses, tal vez años, según las previsiones internas. «Lo tenemos cuesta arriba. El daño es infinito», admite un responsable popular, que en todo caso recuerda que ya han pasado malos momentos antes. «El peor», reconoce, fue cuando estalló en 2013 el escándalo de los papeles de Bárcenas, la suuesta caja B del partido, que puso contra las cuerdas al Ejecutivo en pleno abismo de la crisis. Entonces, considera el partido, Mariano Rajoy ya ofreció explicaciones y admitió el error del ya famoso mensaje enviado al extesorero nacional: «Luis, sé fuerte».

Los populares se afanan ahora en diferenciar la última eclosión de corrupción en la Comunidad de Madrid de la situación personal del presdente del Gobierno, llamado como testigo en el juicio de la Gürtel. «No tiene nada que ocultar ni nada más que aportar. Irá, responderá y punto», dicen los populares, sacudiendo la presión sobre el líder.

A partir de ahí, Génova y La Moncloa se centrarán en «lo importante», en alusión a la recuperación económica del país. La consigna del PP, pese a esta semana negra, es «insistir» en la buena marcha de la economía. El medio millón de puestos de empleo que se crearán al año, según las previsiones del Gobierno, debe imponerse a la lacra de la corrupción, confían sus estrategas políticos con la mirada fija en las urnas que se abrirán en dos años.

Mientras, el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, anunció ayer que comparecerá en el Congreso para explicar su reunión el pasado marzo 8 de marzo con Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González, porque no tiene «nada que ocultar». «Estoy absolutamente tranquilo», dijo.

Fuente: http://ow.ly/sJGc30b6Ju8

PorN. Edmonson

No hay zona que se resista, en una sola sesión se pueden modelar los glúteos, las piernas, la cintura y las caderas. También es posible eliminar los michelines, reducir la celulitis y tensar la piel de las zonas tratadas.

Los tratamientos corporales de última generación consigen fulminar la grasa antiestética, reducir “la piel de naranja” y atenuar la flaccidez en una sola sesión. Este proceso de remodelación corporal se realiza mediante una técnica quirúrgica de alta precisión, tan avanzada que permite esculpir la figura evitando las incisiones traumáticas, los puntos de sutura y las grandes cicatrices. Los procedimientos se practican habitualmente bajo anestesia local y no requieren hospitalización. Por lo general se puede hacer vida normal al día siguiente de la intervención.

ESCULPIR LA FIGURA

Los procedimientos tienen una duración de poco más de una hora, se practican habitualmente bajo anestesia local y no requieren hospitalización.

El procedimiento consta de tres fases. En primer lugar, con la ayuda de un escáner corporal de alta precisión que permite visualizar el interior de las zonas que hay que tratar y conocer su estado, se determina la cantidad de grasa que es preciso eliminar de cada zona para obtener un buen resultado. A continuación, con la energía que genera un aparato tecnológicamente avanzado se “bombardea” sobre los depósitos de grasa que necesitan tratamiento. La energía atraviesa la piel, llega al tejido graso y, además de desintegrar parte de los excesos de grasa seleccionados, provoca una contracción de la piel (efecto lifting) capaz de atenuar la flaccidez. Parte de la grasa disuelta se expulsa gradualmente por las vías fisiológicas, y el resto, se extrae introduciendo en la zona tratada (a través de una incisión milimétrica que no requiere puntos de sutura) un dispositivo que elimina los depósitos de grasa antiestéticos que se hayan resistido a la acción de la energía y el excedente de grasa que el organismo no puede expulsar.

Finalmente, en las zonas de donde se ha extraída la grasa, se efectúa un masaje específico con un rodillo motorizado que actúa regularizando la superficie de la piel. Antes de someterse al tratamiento es necesario realizar una visita diagnóstica para descartar cualquier tipo de contraindicación. La visita diagnóstica cuesta 30 euros y la intervención oscila entre los 2.000 y los 3.000 euros. Las distintas unidades que realizan este procedimiento ofrecen sistemas de financiación que ponen el tratamiento al alcance de todos los bolsillos. Los procedimientos los realiza el equipo de la Unidad de Remodelación Corporal en el Hospital Ruber de Madrid

Fuente: http://ow.ly/lOZQ30b6Jmk

El macrobotellón de ayer en la plaza del Dos de Mayo - ABC

Ha vuelto a ocurrir. La plaza del Dos de Mayo, epicentro del barrio de Malasaña, se convirtió ayer durante horas en una bacanal de alcohol, con la vista gorda del concejal del distrito de Centro, Jorge García Castaño.

El enclave fue utilizado por cientos de personas para realizar un macrobotellón, en el que, según denunciaron los vecinos a ABC, no movió un dedo la Policía Municipal. Este hecho lo confirmó el diputado autonómico socialista y residente del barrio Diego Cruz.

El lugar y las calles adyacentes quedaron llenas de botellas y un reguero de bebida y orines, pese a que una ley autonómica lo prohíbe con sanciones de hasta 600 euros.

Es conocido el interés del Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) por conmutar las multas económicas por trabajos comunitarios, so pretexto de que el castigo económico, dicen en el Ayuntamiento, no está acabando con el consumo de alcohol en la calle.

Esta «nueva política» de la marca municipal de Podemos sobre este asunto se refleja en la caída en picado de las sanciones administrativas (que debe interponer la Policía Municipal), que, además, cada vez se abonan menos.

EL macrobotellón de ayer se producía coincidiendo con la celebración del evento de arte callejero «¡Pinta Malasaña!», tal y como ocurrió el año pasado y que levantó ampollas entre los vecinos y paseantes del barrio, por el estado en que quedó tras la ingesta colectiva de alcohol.

Fuente:  http://ow.ly/zF3r30b6Jbv

Manuela Carmena saluda a Mariano Rajoy, en una imagen de archivo - EFE

En 2006, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), acordaron una norma que, en apariencia, recogía las históricas demandas políticas de Madrid como capital de España. La llamaron Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. En ella se hablaba de protocolo, régimen jurídico, reconocimientos, coordinación, comisiones de trabajo, competencias, pero ni una palabra de dinero. La crisis económica ya había asomado por primera vez sus garras y Zapatero y Ruiz-Gallardón prefirieron no mentar la bicha.

Hoy, once años después, la actual regidora, Manuela Carmena, quiere desempolvar aquella norma que fue aprobada primero en Consejo de Ministros y luego por las Cortes, y colocarle algunas cifras. Según ha sabido ABC, el Ayuntamiento de Ahora Madrid y el PSOE, que le apoya en el Consistorio, tienen intención de echar unas cuentas, que alcanzarían nueve cifras, para que el Gobierno se haga cargo de «los costes de capitalidad que sirvan para compensar a Madrid». El canon que se maneja se acercaría a los 500 millones, tal y como se calculó cuando se aprobó la citada ley pero nunca se plasmó en el texto por falta de voluntad política.

Los intentos de los Gobiernos de la ciudad para que el Estado asumiera la «factura» que le supone a Madrid prestar servicios en su condición de capital vienen de lejos. De la Ley de Capitalidad, un asunto recurrente desde la Transición y las primeras elecciones democráticas, hablaron Enrique Tierno, Juan Barranco, Rodríguez Sahagún y, por supuesto, Álvarez del Manzano, el antecesor de Gallardón. Pero los distintos inquilinos de La Moncloa nunca entendieron la necesidad de esa contraprestación teniendo en cuenta los beneficios económicos que también lleva aparejado ser la primera ciudad de España, fundamentalmente en materia económica y de demanda interior y exterior para el turismo.

Además, el reforzamiento institucional y político de la Comunidad autónoma tampoco ayudó a tomar una decisión que, de alguna forma, restaría lustre competencial a la región de Madrid, ya desde hace años uno de los principales motores económicos de España.

Lucro cesante

Solo el segundo presidente socialista optó por una fórmula intermedia, que atendía a la propia Constitución, que reconoce en su artículo 5 la especificidad de la Villa de Madrid y que fue aceptada por el equipo de Gallardón. Pero, para los actuales gestores de la ciudad, desde el punto de vista de la financiación aquella norma solo fue papel mojado.

Madrid tuvo que dejar para mejor momento la anhelada contraprestación del Estado por los gastos con que corre y el lucro cesante que le supone su condición institucional. Para el anterior Gobierno municipal, ese dinero que deja de ingresar la capital corresponde, entre otras, a las labores que desarrolla la Policía Municipal en materia de escolta y vigilancia, cuando jefes de Estado visitan Madrid u otros acontecimientos internacionales, como congresos o reuniones multilaterales, que obligan a la ciudad a convertirse en anfitriona estatal. Sin olvidar las manifestaciones que recorren sus calles como consecuencia de su naturaleza de escaparate nacional e internacional. También se manejan las exenciones en el IBI de que disfrutan los edificios oficiales y del impuesto de circulación de los vehículos de autoridades, incluidos los diplomáticos.

La norma de 2006 solo contemplaba la coordinación en la organización y celebración de actos oficiales de carácter estatal, así como la protección de personas y bienes como consecuencia del ejercicio por los ciudadanos del derecho de reunión y manifestación cuando el ámbito de la convocatoria presentase dimensión estatal. Pero no incluía ningún capítulo financiero para dotar de más ingresos a la capital. Esa norma, que consta de 55 artículos, solo consiguió saltar a los titulares de los periódicos porque por primera vez regulaba las competencias del Pleno municipal, del alcalde y la Junta de Gobierno, determinando las atribuciones de estos órganos, y posibilitando al regidor el nombramiento de un presidente del Pleno, facultad que utilizó Gallardón para distinguir el papel del Ejecutivo del «parlamentario»; pero no así Carmena, que asume directamente esa función como en su momento hicieron el resto de sus antecesores.

Madrid, D. F.

Hoy, más de una década después, los partidos de izquierda del Palacio de Cibeles no están satisfechos con la norma. El PSOE cree que «tiene limitaciones que le han impedido cumplir sus fines», además de no haberse articulado sobre la comisión que preveía entre las tres Administraciones.

Lo cierto es que tanto populistas como socialistas están hablando no solo de blindar las competencias a través de una carta municipal; sino también de constituir una red de consorcios para la prestación de servicios junto a otros municipios de su ámbito, conformando así una suerte de área metropolitana, al estilo de Barcelona y de algunas urbes americanas, como México y Washington D. C. La idea sería situar a Madrid a medio camino entre una Comunidad autónoma y un Ayuntamiento al uso, dotándole de interlocución directa con el Estado y con los Gobiernos regionales.

Esa propuesta socialista se complementaría con el propósito de Ahora Madrid de mejorar la financiación y derogar los límites a sus competencias, que fija la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, precisamente una de las normas por las que ha chocado Carmena con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cuenta del incumplimiento del techo de gasto en 233 millones de euros. Finalmente, el Ayuntamiento optó por congelar ese montante ante la amenaza del Gobierno de aplicar penalizaciones si hacía uso de un dinero que superaba el límite legal de desembolso de las Administraciones públicas.

Por el momento, ni PP ni Ciudadanos parecen convencidos de mover la ficha de la capitalidad frente al Estado, pero desde los grupos de izquierda no se va a tirar la toalla.

Fuente: http://ow.ly/FT1W30b6IYA