El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo aprobó sin contar con el preceptivo informe de impacto de género (que trata de evitar los posibles efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres). Un portavoz del Ayuntamiento del municipio ha asegurado que recurrirá la decisión de tribunal, firmada el pasado 19 de abril por la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Un ciclista pasando al lado del vallado de la finca Romanillos. Santi Burgos

El accidentado camino del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte, que ya fue anulado por defectos de forma en su versión de 2001, se ha encontrado con un nuevo obstáculo. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han anulado el Acuerdo del Gobierno de la Comunidad que lo aprobó definitivamente en octubre de 2015 y, por lo tanto, han invalidado el propio plan. Además, el fallo condena al pago de las costas al Gobierno regional y al Consistorio de Boadilla, las dos administraciones demandadas por un particular.

La defensa de este ha sostenido durante el proceso que el PGOU no es válido porque se basa en el plan previamente anulado de 2001, porque supone una expropiación de facto de algunos terrenos en una urbanización de lujo llamada Las Lomas y porque no se redactó un informe de impacto de género durante su tramitación.

Este último es el argumento que han aceptado los jueces, pese a que el Ejecutivo madrileño y el Ayuntamiento han insistido en su defensa en que no era necesario en este caso. Sería obligatorio, dicen, si se estuviera hablando de la tramitación de un reglamento, pero un PGOU es otro tipo de normativa: una disposición general.

Sin embargo, los magistrados les llevan la contraria citando la Ley 30/2003, sobre “medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno”, así como varias sentencias del Tribunal Supremo que amplían, en su opinión, la necesidad de ese informe a otras disposiciones legales. Además, el fallo hace referencia a una ley madrileña aprobada en marzo de 2016, cinco meses después de que se aprobara el PGOU de este municipio de 50.000 habitantes a 20 kilómetros al oeste de la capital.

Un portavoz del Ayuntamiento de Boadilla destaca ese desfase temporal y añade que el Consistorio tiene la firme intención de presentar un recurso de casación contra la sentencia. Recuerda, además, que mientras ese recurso no se resuelva, el PGOU del municipio seguirá estando en vigor. Por su parte, la Comunidad de Madrid no tomará una decisión al respecto hasta estudiar el fallo, que ayer todavía no había recibido, según una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Fuente: http://ow.ly/mmtf30bLfUb

Primero se contacta con unos abogados en un país de legislación societaria favorable, pongamos Uruguay. Se les pide que creen una empresa —por ejemplo, con el hijo del dueño como principal socio— que, después de varios cambios de accionariado, acaba con otro nombre y siendo comprada por una filial del Canal de Isabel II. Poco después, se usa para adquirir, haciendo pagos a través de Suiza, una empresa brasileña por mucho más de lo que en realidad vale, enriqueciendo presuntamente por el camino a “determinadas personas” con dinero público.

Fachada de la sede del Canal en Madrid. Santi Burgos

Las explicaciones que el bufete de abogados uruguayo Algorta & Asociados ha ofrecido a los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid —para demostrar que él no hizo nada ilegal— permiten reconstruir el enmarañado proceso por el que se creó la sociedad instrumental Soluciones Andinas de Aguas. Es decir, la firma utilizada por las principales filiales del Canal en Latinoamérica (Extensia e Inassa) para adquirir en 2013 Emissão Engenharia e Construçaõ. Una compra plagada de presuntas irregularidades, que está en el centro de la Operación Lezo contra la corrupción que ha llevado a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González.

El auto del juez Eloy Velasco del pasado 21 de abril sostiene que “las justificaciones esgrimidas para intermediar la sociedad uruguaya Soluciones Andinas del Agua en la operación carecen de fundamento”. Además, añade que “en el diseño, preparación y desarrollo de la compleja operación societaria participaron activamente tanto Ignasi Maestre como el propio Edmundo Rodríguez Sobrino”. Este último, detenido junto a González, fue hombre de confianza del expresidente en los negocios del Canal en América y gerente de Inassa. Por su parte, Maestre es un empresario andorrano muy cercano a Rodríguez, propietario de Igmasa y relacionado con varios casos de fraude fiscal de futbolistas.

El auto del juez señala como “fecha decisiva” abril de 2012, cuando Maestre compró la empresa que luego se convertiría en Soluciones Andinas. Sin embargo, la documentación del bufete uruguayo demuestra que estaba detrás de la creación de esa firma desde mucho antes.

Responsabilidad limitada. Maestre se pone en contacto con Algorta & Asociados el 15 de agosto de 2008 por correo electrónico para decirles que está “estudiando la utilización de una sociedad anónima o limitada uruguaya para operar con Brazil [sic]”. La idea, asegura, es poder cobrar rentas de alquiler a una compañía brasileña. Cuando el bufete se pone manos a la obra, el empresario andorrano decide que su nueva firma nazca bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada (SRL). Estas, según la legislación uruguaya, no exigen requisitos previos o permisos para un inversor extranjero, no restringen la repatriación de capitales y, a diferencia de las sociedades anónimas, no están sometidas al control de la Auditoría Interna de la Nación.​

La preparación se completa el 14 de septiembre, cuando Maestre le pide a los abogados que sean ellos los que “constituyan una SRL” y que “posteriormente se realice una compraventa de las participaciones a la sociedad/persona designada por Igmasa”. Todo, “para facilitar el proceso de constitución y ganar mucho tiempo”, asegura.

La empleada accionista. En dos meses, el 27 de octubre de 2008, se inscribe en el registro nacional de comercio de Montevideo la sociedad Turman Investments SRL. El 99% de las acciones se ponen a nombre José Miguel Algorta Garicoits, hijo del dueño del bufete, y el 1% al de María Esther Campo Solares, que en algunas informaciones de la prensa uruguaya aparece como secretaria del bufete y en otras, como socia. El objeto principal de la mercantil se circunscribe a “la realización de todo tipo de actividades de inversión y tenencia de activos”.

De mano en mano.[ En febrero de 2009, Igmasa pide al bufete un cambio de accionariado: “Les recordamos que los accionistas de Turman serán los siguientes: Sociedad Fundación Himalaya (99%) y Yavango (1%)”. Ambas son mercantiles interpuestas offshore, con sede Islas Vírgenes y Panamá, respectivamente. Más tarde, Fundación Himalaya cede el 1% a Daniel José Herrera (otro presunto testaferro).

En agosto de 2011, el bufete se desentiende de la operación: entrega la totalidad de documentos a Pablo Roca, representante de Igmasa en Uruguay. Pero el Diario Oficial del país suramericano permite seguir el rastro. Por ejemplo, registra otro movimiento en marzo de 2012: Fundación Himalaya vende sus acciones a Yavango, y Daniel José Herrera a Tana Investment Company.

Aparece el Canal. En este tránsito, llega marzo de 2013, momento en el que la primitiva Turman, con la que se inició todo cinco años antes, cambia de nombre y se convierte en Soluciones Andinas de Agua. Poco después, en junio, esta vende la mayor parte de sus participaciones a las filiales del Canal Inassa y Extensia. Y el 14 de noviembre de ese mismo año, esas dos empresas del Canal adquieren con ella, por 21,5 millones de euros, Emissão, una empresa que al mes siguiente valía 10,2 millones; al año, 5,1 millones y que ahora está en pérdidas. El juez Velasco trata de averiguar, entre otras cosas, si alguien se repartió el dinero que se quedó por el camino.

Fuente: http://ow.ly/Wq9M30bLfIa

Instantánea de la M30. ANTONIO HEREDIA

El Consejo de Administración de Madrid Calle 30 ha penalizado a EMESA, socio privado de la sociedad mixta, con 995.000 euros por falta de cumplimiento de distintos compromisos contractuales relacionados con la instalación de una red wifi, de otra red de comunicaciones y de servicios de mantenimiento.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de noviembre el mismo órgano abrió seis expedientes de penalidades, tras los cuales se inició el plazo para la presentación de informes y alegaciones que ha concluido esta semana en tres de los expedientes.

En la primera resolución se hace referencia a carencias de inspección, mantenimiento e inventariado de los apoyos del bypass. En el contrato modificado de 2007 se incluyó una partida para la inspección especial y mantenimiento de esas instalaciones por la que el Ayuntamiento ha abonado más de 3 millones de euros. No se ha detectado ningún riesgo de seguridad, pero sí un incumplimiento de contrato.

La segunda resolución se refiere a la falta de instalación de la red wifi en la totalidad del anillo que estaba incluida en el contrato inicial. "Este servicio de mejora sería beneficioso para trabajadores y usuarios, pero no se ha prestado", han explicado desde el Consistorio.

Por último, en la tercera resolución se apunta a la falta de instalación de una red de comunicación PDH que mejoraría el sistema de gestión de comunicaciones entre las instalaciones de la infraestructura y el centro de control.

La totalidad de las penalidades asciende a 995.000 euros correspondientes a los 375.000 euros, 320.000 euros y 300.000 euros de cada una, como adelantó este jueves 'eldiario.es'.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó la creación de una comisión de investigación acerca del modelo de gestión de Madrid Calle 30. La primera sesión de trabajo a la que serán llamados a comparecer cargos políticos, técnicos y representantes de la sociedad civil tendrá lugar el próximo mes de junio.

Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento, que tiene el 80 por ciento del capital, y por EMESA, que cuenta con el 20 por ciento restante. La compañía privada está formada por Ferrovial Servicios SA, Dragados SA y API Conservación S.A.

Fuente: http://ow.ly/XjHb30bF7Zp

Carles Puigdemont con el periodista Quico Sallés en el coloquio-almuerzo titulado "Momentos decisivos", organizado por la entidad Sobirania i Justícia

Moncloa no está trabajando en la preparación de una futura entrevista con el presidente de la Generalitat. Dicen que Carles Puigdemont no les ha pedido nada, pero que, en cualquier caso, no está en la agenda ni habrá una reunión en la que en el orden del día figure la negociación de un referéndum ilegal. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, coincidirá hoy, en principio, con Puigdemont en Barcelona. Compartirán almuerzo, acompañados de empresarios y otros representantes de la sociedad civil catalana, con ocasión de la inauguración del Salón del Automóvil, un escaparate internacional de primer nivel. Y desde Moncloa anticipan ante el acto que la clave es la importancia de la conexión de Cataluña a España y a Europa, frente al proyecto de desconexión secreta en el que trabaja el independentismo y que quiere impulsar «con secretismo y urgencia a la desesperada».

En el Gobierno prevén que Puigdemont intentará nuevos golpes de efecto en las próximas semanas, y que entre ellos estará el de seguir con «sus maniobras para presentarse como mártir de la supuesta cerrazón de Madrid». Ahí se enmarca su recurrente insistencia en una negociación y en una entrevista con Rajoy, que luego ni siquiera formaliza como petición, pero que pretende que le sirva en su estrategia de sostener el argumento de que Madrid no quiere dialogar.

Ayer, de hecho, Puigdemont destacó que propondrá de nuevo con «énfasis y convicción» negociar el referéndum al presidente del Gobierno cuando el Pacto Nacional por el Referéndum concluya su trabajo. Este pacto es una plataforma que busca apoyos a la consulta ilegal y ha organizado un gran acto para el viernes 19 de mayo, fecha para la que prevé que podría dar por concluido su trabajo y, por tanto, abrir la negociación.

Moncloa insiste en que Rajoy no puede sentarse a negociar sobre una iniciativa ilegal. Y que, por tanto, si sigue estando en la agenda de la Generalitat, no hay espacio para una reunión ni para discutir sobre calendarios ni preguntas de una consulta que no va a celebrarse. «No hay posibilidad de pactar lo que es ilegal. Y Puigdemont lo sabe».

Rajoy tomó nota del sentido de la entrevista que mantuvo con Artur Mas, cuando este último era el presidente de la Generalitat, y que fue utilizada por Mas para presentarse en Cataluña bajo la pancarta de que el Gobierno de Madrid había dado un portazo a su oferta de negociación y coger oxígeno «manipulando la realidad». «Aquello fue una reunión para la propaganda y lo que pretende ahora Puigdemont también». Ahora bien, al tiempo, desde el Gobierno también subrayan la disposición de Rajoy «sin fecha de caducidad» a reunirse con Puigdemont para hablar del resto de temas pendientes en la agenda y de las reivindicaciones que, en el marco de la ley, éste quiera plantearle. Tomando como referencia el documento de 46 peticiones que la Generalitat presentó al Ejecutivo central, y sobre los que no ha querido discutir en esta Legislatura, porque como condición ha colocado en primer lugar el referéndum.

En paralelo a la estrategia del soberanismo para dar el último impulso al «proceso», «a sabiendas de que no podrán celebrar la consulta», Moncloa va a intensificar su presencia en Cataluña. La bautizada como «Operación diálogo» que, sostienen, «se ha mostrado eficaz para descolocar a los líderes soberanistas y poner sordina a su propaganda sobre la inacción del Gobierno». El miércoles, la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, volverá a Barcelona para inaugurar unas jornadas de derechos de los menores en Internet. Participarán los secretarios de Estado de Justicia, Seguridad, Educación, Servicios Sociales, Igualdad y de la Sociedad de la Información, y Agenda Digital. Mientras que la clausura correrá a cargo del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

«El tiempo se acaba y el laberinto se les complica. Está asfixiados legal y políticamente. No pueden reconocerlo porque tienen muchos satélites alrededor que han estado alimentado y a los que no saben como frenar. La realidad es la que es. El Estado de Derecho tiene todo preparado para responder. Y será una respuesta proporcional pero implacable a la hora de evitar que se cometa la ilegalidad del referéndum», explican en el Gobierno.

Fuente: http://ow.ly/9J4p30bF4Vt
 

El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid ha abierto diligencias previas contra 16 personas entre las que se encuentra la actual delegada del Gobierno de Madrid Concepción Dancausa y otros 14 cargos públicos por un supuesto delito societario relacionado con una ruinosa operación en Mercamadrid. El juzgado les ha informado de que está realizando una investigación por admnistración desleal o fraudulenta motivada por una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, como adelantó EL PAÍS, y que todos figuran en calidad de investigados, término con el que ahora se denomina jurídicamente a los imputados. El juzgado también ha ofrecido a los posibles perjudicados de Mercamadrid que emprendan acciones.

En la lista de investigados se encuentra José Enrique Núñez Guijarro, exprimer teniente de alcalde del Gobierno de Ana Botella y actualmente diputado del PP en la Asamblea de Madrid;  Manuel Troitiño Pelaz, exmiembro del Ayuntamiento de Madrid y ex diputado autonómico, y ahora concejal en Majadahonda; José Manuel Torrecilla Jiménez, exdirector general de Mercamadrid ; Dolores Flores Cerdán, exdirectora general de Economía y Desarroyo Económico del Ayuntamiento, y Silvia Llerena Muñoz, jefa de Planificación Estratégica y Operaciones de Mercasa.

También se nombra como investigados a María Jesús Prieto, que fue secretaria general de Mercasa y vicepresidenta primera de Mercamadrid; a Pablo Manuel González González, hermano del expresidente de Madrid Ignacio González, que era responsable de Mercasa; Manuel Beltrán Pedreira, vocal y subdirector técnico de Canal de Isabel II y Pablo J. M. del Amo Serrano, que fue consejero delegado de Madridec.

En el extenso listado también figura Marta Fernández-Pirla Martínez, hoy en el Tribunal de Cuentas pero que fue miembro de los consejos de administración de Mercamadrid, Ifema, Madrid Destino, Madrid Calle 30, el Club de Campo o la empresa de servicios funerarios de Madrid y el empresario José Domingo Rodríguez Losada, un pujante constructor de la época del auge inmobiliario de Marbella.

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó a finales de abril una denuncia contra Dancausa, por "un delito societario del artículo 295 del Código Penal" contra las arcas de Mercamadrid durante la época en la que fue concejal en el equipo de gobierno de la alcaldesa Ana Botella. La iniciativa de la fiscalía se produce un año después de que el actual Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena le remitiera un informe en el que denunciaba malversación de caudales públicos en la adjudicación de unos terrenos en Mercamadrid. Una extraña operación en la que los gestores del mercado central de mayoristas, dependiente del Ayuntamiento de la capital, ceden unos terrenos municipales y, en lugar de cobrar por ello, acaba pagando 41.500 euros al mes al beneficiario, y así hasta 2032.

Fuente: http://ow.ly/YbBj30bAXX6