«Te amo con locura, mi vida». Esto lo escribía hace apenas dos meses el que se ha convertido desde ayer, presuntamente, en el último criminal machista de nuestro país. Se llama Mounir Ayad, carpintero, marroquí, de 37 años y, al cierre de esta edición, se le buscaba por ser el único sospechoso del crimen de Raquel, natural de Éibar (Guipúzcoa), la destinataria de esas falsas palabras de amor, y de su hijo de 12 años.

Ocurrió en Alcobendas, municipio en el que esta familia convivía desde hace, al menos, tres años, tras mudarse de San Sebastián de los Reyes. La ironía quiso que la muerte visitara por partida doble, precisamente ayer, la calle del Dos de Mayo. Allí, en el bajo C del número 12, en un enorme charco de sangre, yacían cadáveres Raquel López Airas, española de 44 años, y su pequeño. El supuesto «hombre de sus vidas» desde hacía más de una década era el que había acabado con ellas. También para el pequeño había tenido grandes muestras públicas de afecto: «Lo más grande y hermoso que tengo en este mundo».

Raquel López Airas

Pero la máscara cayó poco antes de las diez y media de la mañana, cuando el sospechoso telefoneó a su prima: «Acabo de matar a cuchilladas a Raquel y al niño, están en la casa». Su interlocutora, como no podía ser de otra manera, se puso muy nerviosa, sobre todo cuando el homicida confeso cortó la llamada, sin dar más explicaciones. Ella, entonces, telefoneó al 112: «Algo ha ocurrido en la vivienda», manifestó a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la comisaría de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, que comprobaron que el aviso era real. Los sanitarios del Summa no pudieron más que certificar el óbito y no manipularon los cadáveres, que presentaban bastantes cuchilladas en distintas partes del cuerpo, para no interferir en el curso de la investigación, informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid. La casa estaba llena de sangre y revuelta.

La zona fue ampliamente acordonada y el caso ha caído en manos del Grupo V de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial. La tesis de la violencia machista es la única que manejan los funcionarios. En la vivienda también pasaron varias horas agentes de la Científica, recabando vestigios. Sobre las dos y media de la tarde, el juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas ordenaba el levantamiento de los cadáveres, a los que esta mañana se les practicará la autopsia.

Mounir no tenía denuncias por maltrato, pero sí antecedentes policiales por intento de homicidio

La madre de Mounir observaba frente al portal, en un coche, junto a otros dos familiares, rumiando su pena. Ataviada con un velo, era la encargada de limpiar el piso y cuidar del pequeño.

Raquel era una mujer de pelo moreno y rizado, complexión delgada y extravertida. Después de trabajar en la sidrería El Pelotari, alquiló un bar junto a una amiga, en San Sebastián de los Reyes, para hacerse cargo de él. El niño asistía al Colegio de Educación Infantil y Primaria Gabriel y Galán, a apenas 500 metros de la vivienda de los crímenes. Precisamente, unas manzanas más allá era asesinada el 2 de marzo una prostituta en su casa.

En cuanto al presunto homicida de ayer, el marroquí Mounir Ayad, es un hombre alto, de complexión fuerte, pelo negro y moreno de piel. Acompañó a Raquel hace tres años a firmar el alquiler del piso, aunque él no estaba en el contrato. Pasaba largas temporadas en Francia, donde trabajaba, lo que explica que apenas se le viera un par de veces en el portal. No le constaban denuncias ni medidas cautelares por malos tratos, pero sí antecedentes policiales por intento de homicidio y al menos dos robos con violencia.

Fuente: http://ow.ly/FVn830bo8Su

La decisión del Consejo Europeo del pasado día 29, que aprobó las directrices de la negociación del Brexit, de condicionar cualquier futura relación entre Gibraltar y la UE a un acuerdo previo entre el Reino Unido y España, ha otorgado a esta última un poder de veto sin precedentes sobre la colonia. A la hora de ejercer esa facultad, España se ha trazado sus líneas rojas. Entre ellas, que no admitirá un acuerdo que permita a Gibraltar mantener una competencia desleal con su entorno español. Así lo asegura el informe sobre la salida de Londres de la UE que el Ministerio de Exteriores ha enviado al Congreso.

Peatones cruzan la pista en el aeropuerto de Gibraltar, con el peñón al fondo. JON NAZCA REUTERS

España es partidaria de un Brexit soft: quisiera que el futuro acuerdo entre el Reino Unido y la UE, cuando se consume la salida, se pareciera como una gota de agua al actual statu quo,aunque es consciente de que la decisión de abandonar el Mercado Único y la Unión Aduanera y de poner coto a la libre circulación de trabajadores impondrá diferencias que quisiera minimizar.

Una relación favorable a España

Reino Unido es el cuarto mercado de bienes españoles y el primero en servicios. En 2015, la balanza de bienes fue favorable a España en más de 5.600 millones de euros. En 2014, el superávit en servicios superó los 7.000 millones de euros.

Primer destino de las inversiones españolas en el exterior, con un stock de 62.117 millones de euros en 2014.

Primer emisor de turistas a España, con 16,9 millones de visitantes en 2016.

Pero si hay una situación que no desea perpetuar bajo ningún concepto es la relación actual con Gibraltar. El informe Negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE, elaborado por la Secretaría de Estado para la UE y al que ha tenido acceso EL PAÍS, deja claro que “Gibraltar es una cuestión de Estado” y que el régimen especial del que goza la colonia “es una condición que España tuvo que aceptar en su momento [1986] para poder adherirse a las entonces Comunidades Europeas”, ya que el Reino Unido ingresó en 1973. En estas tres décadas, el estatuto del Peñón “ha derivado en una situación de injustificado privilegio”.

El documento recuerda que Gibraltar disfruta de las cuatro libertades (libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales), pero no forma parte de la Unión Aduanera ni se le aplica la legislación británica, por lo que “ha desarrollado un régimen propio extremadamente permisivo en materia fiscal, aduanera y de establecimiento de sociedades, que en la práctica lo ha convertido en un paraíso fiscal”.

Tras recordar que el Peñón no forma parte del Reino Unido —es un territorio sujeto a descolonización cuyas relaciones exteriores dependen de Londres— y que la aplicación a Gibraltar de un futuro acuerdo entre las autoridades británicas y la UE requerirá del visto bueno del Gobierno español, el informe deja claras cuáles serán sus líneas rojas: “España no puede aceptar que la UE negocie con el Reino Unido una relación que [no sea] compatible con la posición española sobre la reivindicación territorial, que [no] respete los intereses españoles, de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y que [no] impida una situación de competencia desleal con el territorio español”.

Sin embargo, lo inmediato y prioritario será negociar los derechos de los europeos residentes en el Reino Unido y los británicos en la UE. Según datos oficiales (las estimaciones son muy superiores), más de 102.000 españoles residen en el Reino Unido (50.000 dados de alta en la Seguridad Social) y 286.000 británicos en España (105.000 pensionistas).

“España mantiene que la mejor solución sería mantenerse lo más cercano a la letra o al espíritu de la actual legislación”, sostiene el informe, aunque reconoce que ello choca con la intención británica de frenar la llegada de europeos, imponiendo un sistema de cuotas o limitando su acceso a prestaciones sociales.

Mantener los intercambios comerciales

“El objetivo de España [en el futuro acuerdo comercial entre Londres y Bruselas] es mantener los actuales flujos económicos con el Reino Unido y que no se introduzcan barreras (arancelarias y no arancelarias) a los productos españoles”, señala el informe. Un motivo de preocupación es el riesgo de que productos agrícolas europeos sean sustituidos por terceros países. También advierte de la necesidad de negociar un nuevo acuerdo de pesca con Londres y la conveniencia de mantener “las normas actuales en áreas esenciales para el sector turístico”.

Derechos de los residentes

Aunque la Comisión ha advertido de que jurídicamente no hay derechos adquiridos, España aboga porque en el acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas “se reconozcan la totalidad de los derechos que ahora tienen los nacionales residentes en virtud de la legislación comunitaria”. Esos derechos serían aplicables a los ciudadanos y sus familiares que estuvieran residiendo en territorio de la otra parte “en la fecha de corte que se decida, que debería ser la de la retirada del Reino Unido de la UE”. Inicialmente, el 29 marzo de 2019.

España no solo defiende —como ya se recoge en las directrices del Consejo Europeo— que se garanticen los derechos de los actuales residentes permanentes (los que llevan más de cinco años), sino que reclama “un acuerdo sobre los derechos de los residentes temporales (los que llevan más de tres meses), que tienen una expectativa de acceder a la residencia permanente”.

El informe critica el procedimiento aplicado por las autoridades británicas para acreditar los periodos de residencia, al señalar que “debería ser tan ágil y transparente como sea posible”, por medio de pruebas documentales fáciles de obtener y que “puedan incluso expedir, en su caso, las autoridades nacionales”.

Respecto a las prestaciones de la Seguridad Social, aboga por “mantener el actual modelo de reconocimiento de prestaciones” [los británicos causan un gasto sanitario en España de más 250 millones anuales y reciben unos 650 millones en pensiones] y subraya la necesidad de “preservar esos mismos derechos para los [más de 7.000] trabajadores transfronterizos en Gibraltar”.

El acuerdo que regulará las futuras relaciones entre el Reino Unido y la UE no estará en vigor antes de 2023, varios años después de que se haya consumado el divorcio. Así se deduce del informe remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al Congreso, que recuerda que “la Comisión [Europea] prevé un periodo de negociación de nuevos acuerdos de entre cinco y siete años” y pone el ejemplo del CETA recientemente firmado con Canadá, cuya negociación se ha prolongado durante siete años.

Aunque el Reino Unido ha pedido que el divorcio y el futuro acuerdo se negocien simultáneamente, lo que permitiría ganar dos años, este planteamiento ha sido rechazado por el Consejo Europeo, que ha impuesto la negociación sucesiva. En una primera fase se negociarían los derechos de los europeos residentes en suelo británico (y a la inversa) y el llamado “cheque de salida” (el coste financiero del divorcio) y solo cuando haya “avances sustanciales” sobre las condiciones de una “salida ordenada”, se pasaría a discutir el futuro acuerdo comercial.

El grupo negociador (task force) de la UE que dirige el francés Michel Barnier —quien el próximo día 10 comparecerá ante el Congreso de los Diputados— espera obtener “suficiente avances sobre las principales cuestiones del acuerdo de retirada en el curso de 2017”. Si este cálculo, que parece demasiado optimista dada la complejidad de los temas a tratar (especialmente la deuda financiera de Londres), se cumple, el año próximo podría arrancar la negociación del futuro acuerdo. Antes, el Consejo Europeo deberá aprobar sus directrices, como ya ha hecho con las del divorcio.

La demora en la entrada en vigor del futuro acuerdo —que probablemente deberán ratificar los Parlamentos de los 27— ha llevado a la UE a prever un “periodo transitorio”, que debería ser “claramente definido y limitado en el tiempo”, aunque nadie sea capaz de prever cuánto.

Fuente: http://ow.ly/hK0b30bnXhK

Terrazas en el centro e Madrid, el 1 de mayo de 2017. Carlos Rosillo

En el distrito Centro de la capital hay 229 terrazas que carecen de autorización, según un informe realizado por el Ayuntamiento en 2015, el último año del que existen datos oficiales. El número equivale a más de la cuarta parte de las de la zona, donde hay autorizadas 630. La Cámara de Cuentas de la Comunidad destaca que, pese a que se levantan las instalaciones ilegales, algunos propietarios de los locales "vuelven a instalarlas", y que falta personal para los controles.

En el centro de Madrid se concentra el grueso de los establecimientos hosteleros de la capital (casi un 25% del total), pese a que allí vive solo el 5% de la población. Los 150.000 residentes de la zona sufren a menudo colapsos del espacio público, causados por la presencia de veladores, que en más de una cuarta parte de los casos no tienen autorización.

Según los últimos datos oficiales disponibles, elaborados por el distrito de Centro en 2015, se encuentran en el corazón de Madrid 229 instalaciones que carecen de autorización, frente a 630 terrazas que sí son legales. La Cámara de Cuentas, que analiza estas cifras en su último informe de fiscalización y control de las concesiones de servicios públicos del Ayuntamiento, advierte de que las sanciones a menudo resultan ser ineficaces para resolver el problema.

Condiciones para ocupar la calle

La ordenanza prevé algunas condiciones para permitir la ocupación de espacio público.

Mobiliario. Podrá estar compuesto de mesas, sillas y sombrillas móviles, además de elementos separadores móviles, de información y de jardinería.

Delimitación. Los elementos que delimitan una terraza pueden ser una construcción ligera, tarima o cubrimiento del pavimento, toldo o sombrilla con sujeción al pavimento.

Concesiones. Las terrazas pueden instalarse en terrenos de uso público de forma estacional (entre el 15 de marzo y el 31 de octubre) o anual.

Los incumplidores utilizan varios trucos para sortear la ordenanza de terrazas y quioscos de hostelería y restauración, explica la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, con tan solo modificar la titularidad de la licencia del establecimiento se cambia automáticamente la titularidad de las autorizaciones. Esta maniobra burocrática permite eludir las sanciones.

La Cámara también subraya que la Policía Municipal puede levantar el mobiliario cuando los comerciantes no tienen la autorización municipal o cuando lo instalen en exceso. A partir de ese momento, inicia el expediente sancionador, que puede llevar a una multa de hasta 3.000 euros. Según datos oficiales, estas "actas de levantamiento" se duplicaron entre 2014 y 2015, pasando de 122 a 244.

Sin embargo, según se desprende del informe, algunos dueños de los locales afectados vuelven a instalar las terrazas ilegales tras la intervención policial. Esto ocurre porque "falta personal para atender el elevado volumen de actas y para hacer un correcto seguimiento de los expedientes", dice la Cámara de Cuentas.

El Ayuntamiento puede también multar a los dueños de los locales si colocan mesas y sillas antes de la hora permitida o las retiran después de la establecida para ello. Esas sanciones se imponen también en el caso de que los hosteleros dejen mesas y sillas apiladas en la vía pública durante la noche. Los datos reflejan que entre 2014 y 2015 el Consistorio incrementó las inspecciones. Pasó de 1.146 actuaciones en 2014 a 1.784 en 2015.

Diálogo con los operadores

El concejal de Centro y Chamberí, Jorge García Castaño, explicó en junio de 2016 que el ejecutivo municipal de Ahora Madrid, formación que gobierna la capital desde 2015, aboga por un diálogo directo con los hosteleros para mejorar la situación. Mencionó como casos de éxito los acuerdos logrados con los dueños de bares y restaurantes en la plaza de la Paja y en la de Cascorro, donde se racionalizaron tanto el espacio ocupado como el número de veladores.

La ordenanza municipal aprobada durante el ejecutivo de Ana Botella (PP) intentó agilizar los procedimientos y facilitar la instalación de veladores, por ejemplo permitiendo a los hoteles y "aquellos establecimientos con una actividad de hostelería como uso asociado, como teatros, academias, tiendas, museos o gimnasios, que tengan una cafetería, un bar o un restaurante", colocar una terraza en la calle.

El concejal Castaño sostuvo en el pleno que dicha ordenanza permite la concesión "arbitral" de los permisos para levantar terrazas, y explicó que el gobierno local quiere aprobar un nuevo texto normativo este año. Las líneas maestras de esta normativa municipal se dirigirán a fomentar el diálogo con hosteleros y vecinos. Según explicó el edil, la nueva ordenanza tendrá el objetivo de "conseguir una mejor redistribución del espacio público, que haga compatible la movilidad peatonal, la instalación de terrazas o veladores y la seguridad".

La Comunidad impulsa la ampliación de los horarios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, trabaja desde el pasado verano en la ampliación de los horarios de las terrazas en toda la región. El pasado enero, el Gobierno autónomo acordó con la Asociación de Hostelería de la Comunidad (La Viña) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad (FRAVM) permitir que las terrazas de bares y restaurantes estén abiertas desde las 8.00 de la mañana hasta la una de la madrugada. Además, se podrá ampliar el horario de cierre hasta las 2.30 de la madrugada en el caso de las zonas no residenciales.

La medida ha sido pensada para impulsar el comercio e incrementar la competitividad del sector hostelero, contribuyendo a la generación de empleo. Después de que esta ampliación de los horarios de las terrazas se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad, es necesario que los Ayuntamientos de la región la adopten para que pueda entrar en vigor.

Fuente: http://ow.ly/7bEA30bnX4g

Los madrileños comienzan a ver el futuro con cierto optimismo, según la encuesta que Metroscopia ha realizado para EL PAÍS. No obstante, el 50% de los encuestados (un sondeo sobre 1.200 personas, con un margen de error de +-2,9 puntos) sigue creyendo que “la situación económica actual en la Comunidad es mala”; pero el porcentaje se ha reducido en 21 puntos con respecto al obtenido en el sondeo de 2014. Además, si aquel año el 39% opinaba que el panorama económico de Madrid era “mejor que en el conjunto de España”, ahora lo piensa el 52%. Los votantes del PP y de Ciudadanos son los más optimistas

Los madrileños están convencidos, según se desprende del sondeo realizado entre el 24 y el 26 de abril pasados, de que la economía de la región empieza a mejorar. En menos de tres años, su percepción negativa (“mala situación”) se ha reducido 21 puntos porcentuales: del 71% al 50%. Incluso, el 38% cree que ahora la situación es “buena” (16% en 2014), mientras que el 11% la califica de “regular”. La reducción de la tasa de paro entre 2014 y la actualidad (de más de un 20% al 14,6%) es una de las causas que han podido provocar este cambio en la apreciación de los sondeados.

Por partidos, los votantes del PP son los más optimistas (el 67% considera que estamos en un buen momento económico). Los que apoyan a Ciudadanos están divididos (el 44% tilda la etapa de “buena” y el 42% de “mala”). Por el contrario, los madrileños que están dispuestos a respaldar con sus papeletas al PSOE y a Podemos en unas futuras elecciones tienen una percepción muy distinta de la realidad económica. La consideran “mala” el 61% de los que manifiestan votar a los socialistas y el 73% de los que lo harían por Podemos.

Sin embargo, los encuestados no son tan optimistas con respecto al panorama político de la región. Para el 72% es “negativo”, casi el mismo porcentaje que en 2014 (71%), unos datos que extrañan a los expertos en demoscopia porque, “aunque el PP sigue gobernando, ya no lo hace con mayoría absoluta y necesita el apoyo de Ciudadanos”. Y sobre todo, porque ninguno de los líderes de la región evaluados en 2014 (Ignacio González, Tomás Gómez, Gregorio Gordo y Luis de Velasco) sigue “en primera línea” y los actuales (Cristina Cifuentes, Ángel Gabilondo, Ignacio Aguado y Lorena Ruiz-Huerta) tienen una mejor imagen entre los votantes, si bien los dos últimos son poco o nada conocidos.

El sondeo destaca, además, que en la Comunidad de Madrid se ha instalado una “cultura política multipartidista y de coalición similar a la presente en el conjunto de España”. Una amplia mayoría de madrileños (71%) opina que lo mejor es que existan varios partidos de tamaño similar para que aumente el pluralismo en la Asamblea, “aunque eso haga más difícil la formación de gobiernos”.

De hecho, siete de cada diez preguntados (72%) manifestó que preferiría que ningún partido lograse la mayoría absoluta y que tuviera que verse abocado a pactar con otras formaciones. Solo los votantes del Partido Popular se muestran disconformes con esta premisa. El 58% de los que apoyan al PP sostiene que “es mejor que haya solo dos grandes partidos porque, aunque se reduzca el pluralismo, se facilita la conformación de gobiernos”. En cambio, los votantes del PSOE (84%), los de Podemos (90%) y los de Ciudadanos (77%) son firmes defensores de que “el partido que gane las elecciones lo haga sin mayoría absoluta y no pueda formar gobierno” sin la ayuda de otro grupo político.

Actividad parlamentaria

En lo referente a la “actuación política” que las formaciones desarrollan en la Asamblea de Madrid, la encuesta revela que los sondeados indican un fuerte rechazo hacia lo que hacen en el Parlamento regional. El 63% desaprueba la gestión de los populares en el hemiciclo, el 59% la de los socialistas y el 67% la de los diputados de Podemos. Solo Ciudadanos recibe más apoyos que rechazos a su actividad parlamentaria: al 51% de todos los encuestados le gusta, aunque no les vote.

Precisamente, los madrileños que confiesan respaldar al PP también se muestran conformes con la actividad del partido de Albert Rivera en la Asamblea de Madrid. Al 71% le gusta. A los del PSOE y Podemos, en cambio, no les convence. El 58% y el 65%, respectivamente, desaprueba la gestión parlamentaria del grupo que encabeza Ignacio Aguado en Vallecas.

Otro de los aspectos que destapa el estudio de campo de Metroscopia es que el Partido Popular de Cristina Cifuentes sigue siendo, como ya lo fue en la encuesta de 2014 con Esperanza Aguirre al frente, la formación que más rechazo genera entre los votantes. El 51% de los madrileños “no lo votaría en ningún caso”, si bien los datos han mejorado con respecto a hace tres años, cuando el 54% de electores mostró su rechazo total a esa formación. Tras el PP, Podemos acumula el mayor porcentaje de animosidad electoral. Un 50% del censo jamás escogería una papeleta del partido de Pablo Iglesias.

En donde sí se ha producido un cambio muy notable es en lo referido a la posibilidad de votar o no en el futuro al PSOE. En 2014, uno de cada tres madrileños (31%) aseguró que nunca daría su apoyo a los socialistas. Ahora, este porcentaje se ha reducido al 14%.

Fuente: http://ow.ly/DYkR30bnWUp

Placa del cementerio de la Almudena que ha sido retirada. Cristóbal Manuel

La empresa municipal Funeraria ha ordenado el desmontaje de los últimos vestigios de la Legión Cóndor en el cementerio de La Almudena, una medida adoptada en vísperas del 80 aniversario del bombardeo de Gernika, en el que esta unidad de aviación del ejército nazi tuvo un papel fundamental, ha informado el Ayuntamiento.

El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, dará cuenta de ello en el Pleno de este miércoles. Hasta hace pocos días permanecía en pie el frontal de un mausoleo en honor de ese contingente hitleriano y de los siete pilotos enterrados en La Almudena.

Ahora se ha retirado el frontal y únicamente se han colocado pequeños indicativos con los nombres de los enterrados sobre sus sepulturas. 'Aquí descansan pilotos alemanes caídos en la lucha por una España libre. Aviadores alemanes muertos por Dios y por España ¡Presentes!', rezaba esa inscripción en castellano.

Esos textos ya no pueden leerse después del desmontaje total del frontal en el que habían sido reproducidos esos textos. La Legión Cóndor fue un contingente hitleriano con centenares de aviones que tuvo un papel crucial en la victoria de los sublevados franquistas en la Guerra Civil. Además de ser protagonista del bombardeo de Gernika tuvo un destacado papel en la batalla de Madrid.

Mauricio Valiente defenderá en el Pleno el reconocimiento y homenaje del Ayuntamiento de Madrid a las víctimas del nazismo y el impulso de acciones y actos para promover la memoria de estas víctimas. En su intervención el concejal recogerá testimonios de víctimas españolas que sufrieron los horrores de los campos de concentración y la persecución hitleriana.

La retirada responde a la voluntad de la nueva empresa municipal funeraria de eliminar vestigios totalitarios y a la expresa indicación de la Embajada de Alemania. En una carta enviada por el embajador alemán en Madrid se solicitaba expresamente a la funeraria que "antes del 25 de abril de 2017 procedan al desmontaje de las placas de hormigón". Señalaba que el mausoleo no goza de protección patrimonial y su titularidad es de la República Federal de Alemania, por lo que no existían obstáculos para la retirada. "El desmontaje deberá incluir la retirada de todo el frontal", subrayaba en la misiva el embajador, que pedía "siete placas pequeñas y sencillas que servirán para la identificación de las personas enterradas allí".

Todas esas indicaciones se han cumplido ya. La placa en honor de la Legión Cóndor fue motivo de debate en el Ayuntamiento de Madrid en 2010. Finalmente, fue el Estado alemán, a través de su embajada también en esa ocasión, el que solicitó la retirada de la inscripción. "Permaneció la placa sobre la que poco después volvió a aparecer el mismo texto serigrafiado por desconocidos. Es precisamente el deseo de evitar que esto vuelva a ocurrir lo que ha llevado a la Empresa Funeraria Municipal y la embajada a acordar el desmontaje completo del frontal cuando se cumplen 80 años del lanzamiento de 31 toneladas de bombas sobre la población civil en la masacre de Gernika", explican desde el Consistorio.

Fuente: http://ow.ly/BBA330bbtyt