El portavoz del Gobierno Méndez de Vigo en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Emilia Gutiérrez)

El Gobierno coincide con el fiscal del 9N en que “en España la justicia es independiente” y en que “los tribunales forman parte de la democracia”. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha hecho estas reflexiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que el fiscal Emilio Sánchez-Ulled cerrase el juicio con un alegato en defensa de la independencia de la Fiscalía.

Sánchez-Ulled ha asegurado que no ha recibido ninguna instrucción del Gobierno. Además, ha sostenido que “este juicio también es democracia” antes de que el asunto quedase visto para sentencia. El fiscal mantiene su petición de diez años de inhabilitación para Artur Mas y nueve para las ex conselleres Irene Rigau y Joana Ortega por organizar el referéndum del 9N en contra de las indicaciones del Tribunal Constitucional.

“Claro que los tribunales forman parte del Estado de derecho y son democracia”, ha señalado Méndez de Vigo. “Y son también una garantía del cumplimiento de las leyes”, ha añadido. El portavoz del Ejecutivo ha insistido en que “no se puede distinguir entre ley y democracia , porque la ley es democracia”.

Méndez de Vigo recomienda a Puigdemont que, cuando vaya a Bruselas, en lugar de “hablar ante una sala llena de amigos, escuche a las autoridades europeas”

Y ha aprovechado la ocasión para recordar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el nuevo presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijo el jueves que “quien va contra una Constitución europea, va contra Europa”.

Puigdemont viajó a Bruselas el 24 de enero y allí, ante un auditorio en el que no estaban presentes la autoridades europeas, prometió que Catalunya celebrará este año su referéndum de independencia.

Por eso, Méndez de Vigo se ha permitido recomendar al presidente catalán que cuando vaya a la capital europea en lugar de “hablar ante una sale llena de amigos”, se dirija “a las autoridades competentes y escuche mensajes como el de Tajani, que es la doctina que Europa viene repitiendo desde hace mucho tiempo”.

Fuente: http://ow.ly/XFS4308SRVq

El presidente de la Generalitat, que solo responde a preguntas de la defensa, se declara máximo responsable político para exculpar a Ortega, Rigau y Homs: «La iniciativa fue mía»

El acusado apunta que «si es tan evidente que la votación era un delito, por qué el TC no hizo nada el día 9 para impedir esa votación»

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas, ha declarado esta mañana en el primer día de juicio en el TSJC por la organización de la consulta del 9-N, afirmando que dicha convocatoria fue una iniciativa política personal suya. "Las directrices venían de mi mismo. La iniciativa fue mía", ha declarado Mas en un intento de exculpar de responsabilidades al resto de encausados, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, este encausado en el Tribunal Supremo por su condición de diputado.

Mas ha venido a señalar que la convocatoria de la consulta surgió de una "demanda política, no un capricho individual o una ocurrencia de última hora, sino la consecuencia de un mandato político surgido de elecciones democráticas que nadie impugnó. El 9-N tenía unas raíces profundas claras, y estrictamente democráticas".

Mas, que se ha negado a responder a las pregunas de al Fiscalía y de la acusación particular, ha añadido que "tras la suspensión del Tribunal Constitucional de la consulta, se decidió cambiar la idea de esa consulta por una ya no directamente organizada por la administración, con su concurso, pero no directamente por ella". "Decidimos mantener la pregunta, la fecha, pero todo el sistema de garantías y de organización se cambió de forma sustancial. La idea era la misma, conocer la opinión de los ciudadanos. Eso es legal y tenemos competencias para ello, y las ejercimos", ha añadido.

"No fuimos formalmente requeridos"

En una de las cuestiones clave para la defensa, la defensa de Mas ha hecho especial énfasis en el mecanismo exacto por el que el encausado fue notificado de las distintas providencias del Tribunal Constitucional suspendiendo la consulta. Al respecto, y pese a que las resoluciones del TC eran públicas, ampliamente difundidas también por los medios de comunicación, Mas ha declarado que "no fuimos formalmente comunicados o requeridos".

Del mismo modo, y en la misma línea argumental, Mas se ha preguntado el por qué "si es tan evidente que la votación era un delito, por qué el TC no hizo nada el día 9 para impedir esa votación". Del mismo modo, Mas ha recordado que el fiscal de guardia, ante las denuncias presentadas ese mismo día en contra de la votación, "tampoco hizo nada".

«Sin efectos»

En esta línea, Mas ha añadido que "el presidente del Gobierno el día 8 dijo que lo que pasaría al día siguiente no era referéndum, ni consulta ni nada que se le pareciese, y que no tendría ningún efecto".

Mas ha añadido que el 9-N "no se trataba de una consulta para tener vinculaciones legales, solo para conocer la opinión de la gente", tras lamentar los infructuosos intentos del Govern de llegar a un "acuerdo" con el presidente del Gobierno para preguntar a los catalanes sobre su futuro.

Ortega: «Los voluntarios lo hicieron posible»

Tras Mas ha declarado la exvicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, que ha alegado que los "más de 40.000 voluntarios" fueron el "alma" de la consulta soberanista" y fueron ellos los que lo "hicieron posible", y no la Generalitat, que lo había dejado "en sus manos" desde días antes.

Como Mas, Ortega ha recalcado que en esos días no recibió ningún requerimiento directo del TC y ha advertido de que el Govern no tenía claro "cuál era el alcance ni los efectos" de la providencia del Constitucional.

La exconsejera Irene Rigau (Educación) ha sido la última en comparecer, abundando en la línea de defensa de los otros dos encausados. Al respecto, ha señalado que desconocían hasta qué punto la providencia del TC era de obligado cumplimiento, apuntamdo que en otras ocasiones el Gobierno de España también ha incumplido sentencias del tribunal sin que pasase nada.

Rigau ha señalado que no dio por escrito la orden a los institutos de abrir sus puertas para la votación porque es habitual dar órdenes oralmente. Del mismo modo, ha acusado a la directora del centro de L'Hospitalet que se negó a abrir el instituto de actuar por motivos políticos.

Las cuestiones previas han demorado el inicio de la declaración, básicamente por la introducción de testimonios y varias pruebas documentales hasta hoy no incorporados a la causa. En este trámite, las defensas de los encausados han reiterado su disconformidad por el hecho de que la sala rechazase la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Particularmente, la defensa del expresidente Maha afirmado que que se ha vulnerado su derecho de defensa al no haberse aceptado como prueba el informe de los fiscales reticentes a acusarle de desobediencia.

Tanto Mas como las exconsejeras Joana Ortega e Irene Riga afrontan una petición de la Fiscalía de entre nueve y diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por dos delitos de prevaricación y desobediencia grave tras desoír la orden del Tribunal Constituciones de no llevar a cabo la consulta del 9-N de 2014.

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau han llegado con media hora de retraso al Palacio de Justicia, después de haber integrado una multitudinaria comitiva desde el Palau de la Generalitat hasta el paso de Lluís Companys, donde miles de personas les han arropado antes de entrar en la sede del TSJC. Antes, el presidente Carles Puigdemont leyó una declaración institucional llamando a defender la "dignidad" del pueblo catalán.

La vista se reanuda mañana con la comparecencia de hasta quince testigos, a petición de todas las partes. El juicio, que se prolongará hasta el viernes, tendrá pasado mañana su sesión de contenido más político, con las comparecencias, principalmente a petición de las defensas, del exconsejero de Gobernación, Francesc Homs, la entonces presidenta del Parlament, Núria de Gispert, o Carles Viver, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, y ahora con el encargo de construir la arquitectura jurídica de una hipotética república catalana.

Fuente: http://ow.ly/zYl0308IIVq

La Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado y la Guardia Civil se han centrado en esta cuarta fase de la investigación de la trama de corrupción del 3 por ciento en una decena de adjudicaciones públicas -dos de ellas están desdobladas- por valor de más de 167 millones de euros.

La mayoría de las empresas beneficiadas ya habían salido en las operaciones anteriores y los períodos en los que se hicieron las licitaciones, entre 2012 y 2014, coinciden con la etapa de Artur Mas al frente de la Generalitat y Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona.

El trabajo de reconstrucción de esas adjudicaciones se ha realizado, basicamente, a partir de la documentación personal intervenida a los implicados en los registros realizados desde el comienzo de las pesquisas, en especial agendas electrónicas y manuscritas y correos electrónicos; el análisis de los concursos convocados y la comprobación del tráfico de dinero entre las empresas adjudicatarias y sobre todo la fundación Catdem, de Convergencia. La perspectiva conjunta de los datos es la que aporta las claves de lo que sucedía en Cataluña.

El ejemplo de la adjudicación de los túneles de la plaza de las Glòries de Barcelona ilustra perfectamente el modus operandi de lo que la investigación califica de organización criminal.

En noviembre de 2014 el Diario Oficial de la Unión Europea, y un mes después el BOE, publicaban la licitación de la citada obra pública por más de 85 millones de euros. Enero de 2015 era la fecha límite para la presentación de ofertas, mientras que quien contrataba era Bimsa, que presidía Antoni Vives, entonces concejal de Urbanismo y teniente de alcalde.

Anotaciones clave

Coincidiendo con esas fechas, Xavier Tauler, de Copisa, comienza a hacer gestiones con personas clave de Convergencia que sabía que podían echarle una mano en su propósito de conseguir la obra, si bien alguno de ellos no tenía relación directa con la adjudicación.

Resulta cuando menos extraño que quisiera tratar con responsables de un partido político un tema como éste, que es de pura y simple gestión de Urbanismo de un ayuntamiento, en este caso el de la Ciudad Condal.

No obstante, el entorno de Tauler conocía que también había tenido contactos directos con Antoni Vives, el presidente de Bimsa y con un papel clave en la empresa municipal. Para entonces, siempre según esas fuentes, ya tenía muy claro que su sociedad tenía muchas posibilidades de resultar adjudicataria de la obra como miembro de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras constructoras con las que mantenía buenas relaciones.

Hasta ese momento el asunto presentaba perfiles extraños, pero por sí solos no serían suficientes para sustentar con una mínima base acusaciones de corrupción. La clave es la irrupción de Andreu Viloca, por entonces tesorero de Convergencia y también de sus fundaciones, quien al parecer, según los datos disponibles, se puso en contacto con el empresario para mantener una reunión.

No se conoce el resultado de la misma, pero sí que en esas fechas la sociedad de Tauler, Copisa, ingresa nada menos que 40.000 euros en la cuenta de Catdem en concepto de donación. Y resulta igualmente extraño que unos días después de que terminara el plazo de presentación de ofertas por las obras de los túneles la misma sociedad realizara un nuevo envío de dinero al mismo destinatario, esta vez de 25.000 euros.

En ese momento, claro está, podría pensarse aún que Copisa simplemente quería contribuir al buen desarrollo de las actividades de la mencionada fundación nacionalista. Pero es que en su entorno Tauler había confirmado que en efecto esa UTE de la que formaba parte su empresa iba a ser la elegida por Bimsa. Por si fuera poco, ese mensaje lo había lanzado antes de que se publicara el resultado del concurso, lo que finalmente sucedió a finales de febrero.

En esta última fecha, como estaba previsto, Bimsa adjudicó las obras a esa unión temporal de empresas en la que participaban, además, Benito Arnó e Hijos y Comsa. Es decir, todo apunta a que con la apariencia formal de un concurso público con todas las garantías se ocultaban una serie de actuaciones cuando menos de dudosa legalidad.

Mismo modus operandi

Las fuentes consultadas por ABC insisten en que el modus operandi se repite en cada expediente investigado, obviamente con las matizaciones propias de cada adjudicación. Precisamente esa reiteración es la que hace pensar que se trataba de una forma de actuar perfectamente planificada y que como objetivo último tenía hacer llegar a las arcas nacionalistas importantes cantidades de dinero.

Además de las diez adjudicaciones que han desencadenado la actuación de ayer, al parecer los investigadores podrían haber recontruido este «círculo vicioso» en otros tantos casos. No obstante, se quiere analizar la abundante documentación intervenida ayer -se ha acedido al contenido de varios ordenadores de los investigados- para decidir los próximos pasos que se deben dar.

Esta nueva fase de la investigación ha puesto especialmente bajo sospecha la adjudicación de obra pública por el gobierno municipal de Xavier Trias en Barcelona.

El juez encargado del caso ha decretado el secreto de sumario para garantizar el avance de unas pesquisas que han provocado un auténtico terremoto en el nacionalismo catalán. Y no hay que descartar que en el futuro se sigan produciendo actuaciones como las de ayer, ya que cada vez se dispone de datos más incriminatorios.

Fuente: http://ow.ly/Nfyw308E2Gk

Las pocas opciones que aún quedaban para un acuerdo entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón han quedado dilapidadas en las últimas horas. Podemos se ve abocado a un enfrentamiento entre los dos máximos referentes del partido en el congreso de Vistalegre II porque a 48 horas del límite del plazo de negociación la ruptura entre los dirigentes es absoluta. Ninguno de los dos equipos quiere ser el primero en anunciar que no habrá un pacto e insisten en que todavía queda tiempo. Pero, en paralelo, los dos asumen que un giro a la actual situación es casi imposible. Al mismo tiempo que sube la tensión.

Si las evidencias del día a día constatan ese camino hacia la confrontación electoral, la jornada de ayer fue especialmente clarificadora. Y es que Iglesias y Errejón ni siquiera podrán presentarse al congreso con un pacto de mínimos sobre dos asuntos en los que a priori debería existir consenso: la ponencia sobre igualdad y feminismo, sobre la que hay diferencias pero tampoco parecen insalvables; y por lo que es aún más importante, la Comisión de Garantías, es decir, el órgano judicial o el tribunal interno de Podemos.

En este segundo apartado la colisión es frontal y enfurece los ánimos de unos y otros. Podría incluso tener intervenir el Consejo Ciudadano para votar de urgencia sobre esta última cuestión, tal y como piden los errejonistas. Algo que sería inédito y que desencadenaría ya una guerra total entre Iglesias y Errejón. Pues es un órgano con mayoría afín al secretario político y que podría doblegar el brazo del secretario general.

Si hubiera habido un pacto en esos dos asuntos habría ayudado al menos a seguir buscando un desbloqueo de los escollos principales de la negociación, que están en las ponencias política y organizativa. Sin embargo, al final son dos temas que han contribuido a socavar aún más las posibilidades de un acercamiento y a incrementar las hostilidades entre las dos principales corrientes.

Preparando el terreno de la confrontación

En este contexto, las palabras de Errejón sonaron ayer reveladoras. «Habrá algunos acuerdos a los que lleguemos antes y habrá acuerdos a los que llegaremos después de que nuestra gente se haya pronunciado», dijo ayer. Y este martes, Irene Montero, jefa de gabinete de Pablo Iglesias, remataba ese pesimismo reconociendo que hay cosas que hacen "difícil" y "complicado" cualquier acuerdo. "Hemos podido avanzar poco (...). En estas semanas se han enfatizado más las diferencias que lo que nos une", admitió en RNE.

Y, en paralelo, los indicios de que irán separados se acumulan. El número dos ha lanzado su propia web para promocionar su imagen personal y ha anunciado un gran acto para este sábado 4 de febrero en los cines Palafox de Madrid. Justo el día en el que empiezan oficialmente las votaciones al congreso de Podemos. Lo que para Montero es "su web de candidato" y la presentación oficial de "su proyecto".

Asimismo, las candidatutas de Errejón e Iglesias ya están recaudando dinero con donaciones de los simpatizantes para financiar sus respectivas campaña internas. Un periodo que arranca el sábado y que concluirá el sábado 11 de febrero, ya en pleno congreso de Vistalegre.

Hace tiempo que los dirigentes pablistas y errejonistas vienen allanando el terreno para amortiguar el impacto que entre las bases va a tener la noticia de que finalmente no hay acuerdo. Pablo Echenique o Rafael Mayoral han señalado muchas veces que no hay que «dramatizar» si hubiese una confrontación y a ese mismo verbo se agarró también Errejón. Lo que da cuenta de hasta qué punto está la situación. «Decimos que una formación política no puede elegir hacer primarias y luego dramatizar que el grueso de las decisiones las decida la gente», dijo. Porque lo importante no es llegar de la mano, sino «al día siguiente ir juntos».

De momento los ánimos están cada vez más crispados. Los pablistas y los anticapitalistas plantaron a los errejonistas en la reunión convocada para buscar un acuerdo sobre el documento de igualdad. Y eso molestó, pues los ausentes exigen que es Errejón quien debe asumir su ponencia pactada entre ambos con el círculo de Feminismo. «Llama la atención de quienes hablan de unidad y ruptura de la unidad que no vengan a las reuniones donde precisamente tratamos de ponernos de acuerdo», reprochó Clara Serra.

Guerra por la Comisión de Garantías

Pero lo que más ha tensado en estas últimas horas la relación entre los equipos es el asunto de la Comisión Garantías. El Equipo Técnico encargado de preparar el congreso -donde están las tres corrientes- dio el lunes por imposible un pacto de consenso sobre cómo elegir a los miembros del órgano judicial de Podemos y cuáles deben ser sus incompatibilidades para garantizar su «independencia». Así que al final los afines a Iglesias decidieron remitir el problema a la propia Comisión de Garantías para que resolviese la situación. Dado el enfrentamiento enquistado entre los pablistas y, unidos en este caso, errejonistas y anticapitalistas.

El tribunal de Podemos, puesto en cuestión por una gran parte de la organización por sus decisiones en favor de los intereses de Iglesias, dictaminó ayer que se votase en los próximos días y con las mismas reglas que en el primer congreso de Vistalegre. Eso impide a Errejón y Anticapitalistas aplicar un nuevo y estricto plan de incompatibilidades, como que las personas a sueldo del partido o con cargos institucionales no puedan ser elegidas para ese comité. Pues se entiende que pueden decantarse por quien les paga o a quien deben su puesto.

La versión del equipo de Iglesias a EL MUNDO es que el Equipo Técnico "no podía tomar este tipo de decisiones políticas", pues el régimen de incompatibilidades es algo que deben votar todos los inscritos en una asamblea. Por tanto, explican que a lo más que pueden llegar es a comprometerse políticamente con una serie de requisitos para ayudar a esa "independencia" del órgano. Son tres: no presentar a candidatos agrupados en listas, no presentar personas que tengan un cargo orgánico en el partido (en cambio sí lo pueden tener en una institución) y, esto es importante, no presentar a personas que hayan sido miembro de la Comisión de Garantías.

Esta última cesión es especialmente relevante porque gran parte de las incompatibilidades se dirigían a cortar el paso a la presidenta, Gloria Elizo, y a su marido, Pablo Fernández, a quienes errejonistas y anticapitalistas señalan vehementemente por las "aberraciones" cometidas por la Comisión. Ella dirige el área de Legal en Podemos, además de ser vicepresidenta cuarta del Congreso, mientras que él es el responsable de Recursos Humanos de la formación. Ahora ninguno de los dos repetirá en la Comisión de Garantías por el compromiso hecho público anoche por Pablo Echenique.

Sin embargo, Errejón y Anticapitalistas quieren un régimen más estricto para que la Comisión de Garantías deje de ser la "correa de transmisión" de la Ejecutiva. En un comunicado del equipo del número dos se denuncia que el Equipo Técnico ha roto el mandato del Consejo Ciudadano de "aprobar las decisiones por consenso". "Nos sorprende que el equipo de Podemos para Todas, liderado por Echenique, haya roto unilateralmente la dinámica de trabajo por consenso del Equipo Técnico y que plantee que la actual Comisión de Garantías, muy desprestigiada en este momento, decida las condiciones de su reelección", critica.

Así, Errejón solicita "al Consejo Ciudadano de Podemos que revoque esta decisión" y "mandate" al Equipo Técnico "la reglamentación de la convocatoria para la renovación de la Comisión de Garantías". Esto significaría reunir de urgencia a la dirección o, como mínimo, votar; aunque sea de manera telemática. Para que lo que se necesitan según los estatutos la petición del 25% de sus miembros. Sería todo un órdago a Iglesias porque los afines a Errejón tienen mayoría en dicho consejo.

Por tanto, no sólo es que no vaya a haber un acuerdo entre Iglesias y Errejón para evitar el choque de trenes en Vistalegre II, es que la guerra entre corrientes es cada día más beligerante y hostil.

Fuente: http://ow.ly/4baG308wAF5

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos

Alberto R. Roldán

No tener ruido interno le permite afrontar los retos a los que se enfrenta Ciudadanos con más seguridad. Rivera sigue buscando el equilibrio y mide cada palabra sobre su pacto con el PP para mantener el pulso, pero sin abrir conflictos.

–¿Aprobado o suspenso para Rajoy en estos tres primeros meses?

–El balance es positivo. Estábamos ante la perspectiva de una Legislatura sin mayoría, con un pacto que tampoco alcanzaba la mayoría absoluta y muchos no apostaban nada por que pudiese funcionar. En la investidura ya le dije a Rajoy que si cumplía sus acuerdos nos iría bien. Y es verdad que es un sudoku difícil porque hay que cuadrar acuerdos, hay que forzar al PP a cambiar sus políticas y hay que conseguir a veces que el PSOE se abstenga o se sume. Pero esto va mejor de lo que muchos pensaban.

–Pero los acuerdos se cuentan con una mano. Techo de gasto y alguno de los pactos que el PP ha escenificado sonoramente con el PSOE.

–Hay muchos más acuerdos que tienen detrás el impulso de mi partido. Como la Ley de Autónomos, que estará en vigor en abril y que afecta a más de tres millones y medio de autónomos; el acuerdo que hemos impulsado para ampliar la baja de paternidad a partir del uno de enero; o el Plan contra la pobreza infantil. También es histórico que esté funcionando una mesa parlamentaria y una comisión para estudiar la reforma de la Educación. Y la reforma de la Ley Electoral empezará a andar en febrero. En términos políticos hay muchos avances, aunque el proceso legislativo siempre es lento. Además, ahora hay otro espíritu, y eso se nota en que hay muchas medidas que salen con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara porque acaba sumándose el PSOE. Creo que va a ser una Legislatura larga y fructífera.

–¿Se ha sentido maltratado con la forma en la que PP y PSOE han solemnizado los acuerdos a los que han llegado?

–No tengo esa sensación. Acabamos de pactar la reforma de los órganos reguladores y del Banco de España, de las cláusulas suelo o del bono social. Entiendo que algunos echen de menos el bipartidismo, pero España ha votado ya en cinco ocasiones por un mapa distinto al que siempre había. Este nuevo modelo ha venido para quedarse y C’s se está esforzando en hacer pedagogía para que la política del pacto sea fructífera.

–¿No tiene entonces nada que echarle en cara al PP?

–Estamos cumpliendo el programa que pactamos con ellos. No hay precedente de que con este número de escaños se hayan conseguido cambiar tantas cosas.

–Pero en el camino se van quedado cuestiones que eran clave en su discurso, como la limitación de mandatos, los aforamientos.

–Algunos tienen mucha prisa y sólo llevamos doce semanas de Legislatura. Ya estamos trabajando con el PP en la reforma para eliminar los aforamientos. Y también preparamos la reforma de la Ley de Gobierno para incluir una limitación de mandatos que afecte al presidente del Gobierno. Nosotros nos sentimos muy cómodos llegando a acuerdos, y ya lo hemos demostrado a nivel autonómico y municipal. Luego, desde el punto de vista de la comunicación, cada uno juega su partido y eso es legítimo. Pero vamos avanzando en el programa pactado y hay que aprovechar también los cien puntos comunes que el pacto con el PP comparte con el acuerdo que firmamos con el PSOE.

–¿La reforma para limitar los mandatos afectará a Rajoy?

–Sí. Estamos preparando una reforma de la ley para presentarla con el PP. Pero no es una ley contra Rajoy.

–El PP no lo ha incluido en los Estatutos que aprobará en el Congreso de febrero y las declaraciones que hacen desde ese partido apuntan a que Rajoy puede volver a ser candidato a La Moncloa.

–A mí me importa muy poco lo que digan los Estatutos del PP porque afectan a su vida interna. Pero vamos a presentar una reforma para que se cumpla lo pactado y limitar los mandatos del presidente del Gobierno, como mínimo; y luego veremos si afecta también en otros niveles, pero estamos seguros de que Rajoy cumplirá lo pactado.

–¿Pero usted lo ha hablado personalmente con Rajoy y tiene su compromiso de que no volverá a presentarse?

–Él me ha dicho que cumplirá lo pactado. Si no lo hace habrá que buscar una mayoría alternativa y tendrá que explicar a los españoles por qué traiciona su palabra. Y por qué no apoya a nivel nacional lo que el PP sí ha respaldado en el Parlamento andaluz para limitar los mandatos de Susana Díaz. Aznar, además, lo aplicó voluntariamente.

–¿Cómo va la negociación de Presupuestos?

–Paralizada.

–¿Por qué?

–El Gobierno no los presenta. No sabemos si es porque está esperando a las primarias del PSOE, pero es poco razonable. España no puede permitirse el lujo de dejar en manos de unas primarias la tarifa plana a los autónomos o derechos que afectan a muchos españoles. Nosotros les pedimos que los traigan cuanto antes a la Cámara. Rajoy tiene nuestro apoyo si cumple con el acuerdo que destinaba casi 4.000 millones para partidas sociales e inversión. Nos han dicho que lo van a hacer, pero hay que verlo. Ahora hacen falta más apoyos.

–¿Los del PNV?

–O el PSOE.

–El PSOE ya ha dicho que «no» y hasta Rajoy se ha mostrado comprensivo.

–No tiene sentido que el PSOE se abstenga para que haya Legislatura y no facilite que haya Presupuestos. Hay que cambiar de mentalidad y entender que los Presupuestos son una oportunidad para conseguir que tus políticas se aprueben. En otros países, sin mayoría, es la oposición la que aprueba los Presupuestos. El mantra de algunos de que aprobar los Presupuestos es traicionar tus principios no tiene ningún sentido. En Andalucía el PSOE ha contado con nuestro apoyo para sacar adelante sus Presupuestos, y en Madrid lo ha tenido el PP. Y el PP también los ha permitido en Asturias y en Extremadura. Por supuesto que se le puede pedir al PSOE que se implique. Y deberían haber aprendido ya que negociando se consiguen más cosas para tus votantes y para España.

–¿Cuándo van a registrar la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP?

–Dijimos que debía estar en marcha en el primer trimestre del año y lo lógico es que quede registrada en febrero. El PSOE ya tiene registrada una comisión, y nosotros esperamos que el PP dé su visto bueno porque fue una condición para que la Legislatura echara a andar.

–¿Aceptarán que su marco de actuación no afecte sólo al PP?

–Yo estoy de acuerdo con que no puede ser un «y tú más». Ni un show ni un circo. Pero tiene que ser una comisión que sirva para saber cómo se financió el partido que gobierna España. En cualquier país serio se constituiría una comisión política para saber qué ha pasado porque una cosa son las responsabilidades políticas y otra, las penales. Hay que saber si las mordidas, como parece, funcionaron también en el PP y si los políticos que gobiernan están implicados en ello. Cuando el PP firmó el acuerdo le pareció bien.

–Más bien no le quedó otro remedio que tragarse el sapo.

–Pero cuando uno dice que sí, asume ese compromiso. Febrero es la fecha lógica, y como con todo lo pactado, primero hablaremos con el PP, y si no colaboran buscaremos una mayoría alternativa.

–En un tema ya tan judicializado, ¿qué verdad política se puede encontrar todavía? Ni Rajoy ni nadie de la dirección del PP están sentados en el banquillo.

–Ir a la cárcel no es lo mismo que depurar responsabilidades políticas. Está lo que deciden los juzgados, con sus pruebas y garantías judiciales. Pero también hay que preguntarse quién sabía qué, quién es el responsable y si había gente al corriente en la dirección del partido.

–Pero si la Policía y los jueces no han encontrado pruebas que señalen responsabilidades en la dirección del PP, ¿por qué y cómo las va a encontrar una comisión parlamentaria?

–En democracia hay que diferenciar los ámbitos. El político y el judicial. El PP apoyó la comisión del «caso Pujol» y no dijo entonces que aquello era un espectáculo. Nosotros vamos a trabajar para conseguir que sea una comisión útil.

–¿Pedirán que declare Rajoy?

–No hay que anticipar acontecimientos, pero no hay que descartar nada. Habrá que fijar el plan de trabajo y lo normal es que primero comparezcan los expertos y los funcionarios, y luego los políticos.

–¿Su relación con Rajoy es tan difícil como parece? ¿Se llevan tan mal?

–Hay mucho de mito en eso. Nuestra relación es cordial, diría que buena. Pero somos dos partidos nacionales, que competimos entre nosotros y con otras formaciones. La relación política es difícil, pero en lo personal es buena.

– Después de todo el desgaste acumulado en la pasada Legislatura, usted hizo campaña pidiendo su «cabeza». ¿No le sorprende que Rajoy sea el presidente y digan las encuestas que volvería a ganar mejorando resultados?

–España ha atravesado momentos de mucha incertidumbre y eso impulsa el voto refugio. El reto de los nuevos partidos, que no somos populistas, es conseguir que los ciudadanos voten en conciencia y por el proyecto de país que quieren, y no por miedo o contra otro. Nosotros nos hemos beneficiado de los males del bipartidismo, pero el populismo también ha crecido.

– ¿Y ahora qué le preocupa? ¿Las dificultades para tener discurso y posición sin parecer sólo un partido bisagra?

–Eso me ocupa, no me preocupa. Nosotros somos un partido liberal, de centro, de gobierno, no somos solo el fruto de un cabreo o de unas circunstancias. Conseguimos medio millón de votos en las últimas elecciones europeas, y año y medio después alcanzamos los tres millones y medio. Las encuestas dicen que el PP puede quedarse igual o crecer, pero Ciudadanos también crece. Sin duda que hay un espacio de centro que está consolidándose.

–Mirando ya a Cataluña, ¿se ha dirigido a Rajoy para preguntarle por lo que hay detrás de las declaraciones del ya ex senador de ERC, que ha hablado de ilegalidades por parte de la Generalitat para impulsar la independencia?

–Es un tema gravísimo. Si han cogido los datos fiscales de los catalanes estamos ante un delito. Y hay que investigar a fondo. Con Rajoy he hablado de Cataluña y sabe que cuenta con nuestro apoyo para hacer cumplir la Ley. Pero también le he pedido que seamos más proactivos, que el argumento no sólo sea la ley, sino que entremos a fondo en debates político como el de la financiación. El Gobierno de España tendría que hacer un esfuerzo y afrontar temas pendientes como el de dar un impulso a las infraestructuras catalanas, como hace, por ejemplo, con el AVE a Galicia. El Gobierno tiene que separar las reclamaciones identitarias de las que no lo son, y en lo que vaya en esa dirección contará con nuestro apoyo.

–¿Piensa que la «operación diálogo» empieza a ser un fracaso?

–El problema es la gestión de las expectativas y eso de «operación diálogo» suena muy grandilocuente, pero con un cuarto de hora de diálogo no se soluciona el problema de 30 años en Cataluña. Hace falta un plan de actuación estratégico con medidas concretas dirigidas a los catalanes, pero no a Puigdemont o Junqueras.

–Cuando hablaba antes de la financiación, ¿pide más dinero para Cataluña?

–No. Pido que se reforme el sistema.

–Pero eso es lo que se va a hacer este año.

–Bueno, pero vamos tarde. Se tendría que haber reformado en 2014 y ahora han dicho que en 2017. No se puede dar argumentos al separatismo.

–Pero no es sólo lo que pide Cataluña, sino equilibrar los intereses de todas las comunidades, ¿no?

–Cuando gobiernas un país no puedes omitir tus obligaciones. Hace dos años y medio el Gobierno de España, con mayoría absoluta, podía haber cumplido la Ley y haber reformado el sistema. Pero el problema fue que los barones territoriales del PP no se ponían de acuerdo.

–Y que no había dinero para repartir.

–Pero esto no es una repartidora, es mucho más complejo. No va de repartir subvenciones, sino de pactar los parámetros para que haya un reparto equilibrado de los recursos. No se trata de repartir dinero para consolidar un sistema de privilegio para algunos. Yo no quiero privilegios ni para mi tierra. No comparto lo de pedir un cupo fiscal para Cataluña. La caja tiene que ser común; otra cosa es cómo marcamos qué parámetros tiene que tener cada uno en esa caja, para qué son las políticas comunes y cuáles son autonómicas. Pongo un ejemplo: si una comunidad autónoma quiere tener seis televisiones públicas, se las tendrá que pagar, y si quiere tener policía autonómica, pues se la tendrá que pagar. La caja común tiene que quedar muy claro que es para la Sanidad, la Educación o la dependencia, y no para otras cosas. Y si alguien quiere bajar o subir el IRPF, que lo haga y se lo diga a sus votantes. Deberíamos darles corresponsabilidad fiscal, pero contarle a la gente qué se quiere hacer.

–¿Cree que en Cataluña habrá al final otro intento de referéndum?

–El debate presupuestario es una ocasión para combatir esa amenaza. Nosotros vamos a pelear para que en los Presupuestos haya algunas partidas que puedan beneficiar a Cataluña, igual que a otras comunidades. Pero si el Gobierno de Puigdemont sigue en esa vía, habrá que evitarlo. No puede haber otro 9-N porque es una mala imagen política de España, constituye un enfrentamiento entre bandos en la sociedad catalana y luego hay que abrir procesos penales por el hecho de no evitarlo. El Gobierno debería intentar pararlo antes de que ocurra.

–¿Lo que está pidiendo es que intervenga el juez y la Policía para evitar que se pongan las urnas?

–Pido que intervenga el Estado de Derecho. Lo que no puede ser es que se abran los colegios para hacer un referéndum ilegal o que la televisión pública promocione un hecho ilegal. La Justicia tendrá que actuar si se incurre en algún acto delictivo.

–Ha arrasado en las primarias, pero sin movilizar a las bases. ¿Qué lectura hace?

–Agradezco el apoyo que me han dado los militantes. Hemos demostrado que somos el partido más democrático, más unido, con el liderazgo más valorado, sin corrupción y con más futuro. Los militantes de C’s tienen la opción de votar a su presidente, a la Ejecutiva, las ponencias, a los cabezas de lista de sus municipios o Comunidades Autónomas. Ha sido un proceso transparente de democracia interna frente a procesos de otros partidos que se han roto o se han partido en dos o frente aquellos que prohíben la democracia interna para elegir a sus líderes.

–A usted le critican por abusar de su liderazgo. ¿Ciudadanos puede ser sin Rivera?

–Sin duda. Mi objetivo es que Ciudadanos sea sin Rivera. El primer objetivo de un líder político es buscar nuevos líderes, y, de hecho, mi Ejecutiva está plagada de ellos. Todos son líderes autonómicos, municipales o en el Congreso. En vez de temerle al talento los he incorporado a mi Ejecutiva. Y en mi partido, a diferencia del PP, todos los militantes votan.

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