El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se encontró con Julio Anguita la pasada semana para avanzar en la idea de confluencia electoral que el veterano comunista abandera desde hace meses y que ahora parece una realidad a punto de cerrarse. Según ha podido saber El Confidencial, Iglesias se entrevistó de forma muy discreta con el exlíder de Izquierda Unida el martes 12 de abril, aunque en el entorno de ambos políticos restan importancia al encuentro y aseguran que “hablan y conversan muy a menudo”. Cuatro días después, en una mesa redonda durante el tercer aniversario del Frente Cívico, el movimiento social liderado por Anguita, se reunieron dirigentes de primer nivel de Izquierda Unida y Podemos. Alberto Garzón y Rafa Mayoral pudieron conversar entonces abiertamente en la capital cordobesa sobre la posibilidad de una confluencia electoral para las próximas generales. Desde entonces, todo se ha precipitado.

Anguita planteó en ese foro la necesidad de crear ya una mesa, un órgano donde se pudiera dialogar y pactar un programa en común. Defendió una candidatura conjunta de mareas, movimientos sociales y políticos. Ya conocía el cambio de posición de Iglesias. Evitó la palabra confluencia, que ya abanderó ante la cita de diciembre sin éxito, pero una vez más estaba empujando a la integración de ambos partidos políticos en unas nuevas elecciones que dio por descontado que se celebrarán dentro de dos meses. Al foro asistió también Juan Carlos Monedero. Garzón fue muy explícito en su apoyo a una candidatura conjunta. Desde Podemos, Mayoral se mostró más reservado.

El 'padre espiritual' de Podemos

Tres lustros después de jubilarse, Anguita sigue siendo un influyente político con mucha notoriedad y popularidad. El ‘califa rojo’ decidió apartarse a un segundo plano, pero nunca ha dejado de estar muy presente en el escenario de la izquierda.

Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados. (EFE)

A él acudieron Iglesias y Monedero, quienes nunca han ocultado su admiración hacia el dirigente cordobés, cuando pergeñaban la fundación de Podemos. Le pidieron que formara parte del proyecto, pero el veterano comunista les dio calabazas con la convicción de que se debía a IU. Los líderes de la formación morada siempre lo han señalado como una especie de ‘padre espiritual’, una etiqueta que él ha llevado sin dejar de lado a Izquierda Unida. De hecho, sus últimos gestos y palabras públicas han tratado de dejar claro que su apoyo incondicional es para Alberto Garzón, a quien ha loado tanto o más que a Iglesias en un juego de equilibrios complicado.

Anguita fue el ideólogo del 'sorpasso' al PSOE, una teoría que defendía la posibilidad de desbancar a los socialistas como fuerza hegemónica de la izquierda. En el Parlamento andaluz estuvo cerca, en el conocido como bienio de la pinza (1994-1996), pero después el sueño del ‘califa rojo’ se fue a pique. Ahora ese ‘sorpasso’ al PSOE vuelve a ser el auténtico motor de la posible alianza de Podemos e IU. Anguita lleva mucho tiempo mediando o empujando hacia una posible confluencia electoral de la izquierda. Desde poco después de que Podemos emergiera en las elecciones europeas, el líder comunista comenzó a tomar la palabra para defender la importancia de que todas estas nuevas fuerzas y movimientos sociales se presentaran juntos a las elecciones y remaran en la misma dirección. Fue Anguita quien más abiertamente remó en contra del pacto de IU con el PSOE en Andalucía. Desde el Frente Cívico circuló un documento en las redes sociales reclamando la ruptura inmediata de aquel acuerdo.

Anguita 'castigó' públicamente al líder de la formación morada afeándole su prepotencia

Tras la quiebra de aquel acuerdo, y después de que la socialista Susana Díaz decidiera poner punto y final a la relación con sus socios adelantando los comicios andaluces, Anguita tomó un papel más activo. Tanto que, durante el acto central de IU en la campaña de las andaluzas, reapareció en un mitin después de 15 años. En aquel encuentro volvió a apostar abiertamente por la confluencia electoral, con algunas frases lapidarias que calaron en la militancia de IU: “No hay que hablar con el PSOE, los nuestros son otros” o “Tender la mano no es rendición”. Desde ese momento, Garzón sabía que contaba con un aliado inmejorable para convencer al ala más dura de su partido sobre la confluencia con Podemos.

Pero aquellas llamadas a la integración no tuvieron ante la cita electoral del pasado diciembre ningún tipo de consecuencia. Pablo Iglesias, en un Podemos donde entonces Íñigo Errejón llevaba la voz cantante sin discusión, rechazó la confluencia electoral. En Andalucía se intentó hasta el último minuto, pero la dirección nacional de la formación morada frenó cualquier intento de integración con el convencimiento de que IU era una rémora y lastraba el discurso de la transversalidad, ni izquierda ni derecha, que agrandaba el espacio electoral de Podemos. Aquella negativa insistente de Iglesias le valió que Anguita públicamente le afeara su “prepotencia” y le pidiera “humildad”.

Pablo Iglesias visitó a Julio Anguita para avanzar en la confluencia de IU y Podemos

Podemos e Izquierda Unida acercan posturas cara al 26-J

Anguita, como Antonio Maíllo (el líder de IU Andalucía, que nunca ha dejado de arropar a Alberto Garzón en su proyecto de confluencia frente a otros referentes del partido que se oponen a la desaparición de las siglas), ha sido clave para volver a retomar las conversaciones con Podemos. Pudiera parecer una cuestión baladí, pero el hecho de que Iglesias se encontrara con Anguita hace dos semanas y solo días después este públicamente reclamara una mesa de diálogo es “definitivo” para muchos. La principal condición de IU es que las candidaturas conjuntas sean para todo el país y no por territorios, en una especie de cálculo de Podemos que apostaría por las confluencias solo en aquellas comunidades donde le salen más rentable. Ese escollo está superado, pero la conformación de las listas y la fórmula de confluencia aún está por definir. Para los errejonistas, que ya tragan con la candidatura única, no debería de pasar de un mero “matrimonio de conveniencia” para superar la nueva cita con las urnas, pero sin ir más allá en la integración de las estructuras políticas e incluso manteniendo campañas separadas. Se trata, insisten fuentes de Podemos, de sumar en unas elecciones convertidas en una segunda vuelta. Nada más.

Sintonía entre Teresa Rodríguez y Maíllo

Desde IU Andalucía, no dejan de mostrar ciertas reservas y mucho escepticismo ante la afirmación de que el acuerdo con Podemos está cerrado. Hay desconfianza porque ya en una ocasión se quedaron en puertas. El hecho de que el pasado miércoles trascendiera de forma interesada que había pacto preocupó a algunos dirigentes de la federación de izquierdas, que temen que tras este anuncio no haya más que un método de presión a Pedro Sánchez. Las relaciones de Maíllo con la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, son muy cordiales. Cada vez más, pese a las reservas iniciales. Tras la incorporación de Maíllo, por una baja para superar un cáncer, los gestos cómplices entre ambos partidos en la Cámara andaluza no dejan de sorprender. La secretaria general de la formación morada forma parte de la corriente de Izquierda Anticapitalista que ya ha hecho público un comunicado a favor de la  confluencia. Para la elaboración de las listas todavía queda tiempo, pero sin duda en el caso de que haya una sola papeleta de la izquierda el proceso será complicado. IU, con 69 alcaldías, un grupo parlamentario en Andalucía de cinco diputados y una vigorosa estructura del Partido Comunista (PCA), se siente ahora más fuerte para negociar que meses atrás.

Una proyección puramente aritmética de los resultados del pasado 20 de diciembre asegura que la marca Podemos más IU sumaría cuatro escaños más al Congreso en Andalucía, con nuevos parlamentarios en Sevilla, Jaén, Málaga y Granada. El número uno de Podemos en la lista sevillana fue Sergio Pascual, ya cesado como secretario de organización y que podría ser ‘sacrificado’ para dar este puesto de salida a IU. En Málaga, donde Podemos ofreció en las conversaciones abiertas en las pasadas elecciones plaza para Alberto Garzón, lidera la candidatura morada el profesor Alberto Montero. IU da por hecho que su líder irá por Madrid. En Jaén, se abre hueco con el ingreso en prisión de Andrés Bódalo. El puzle no va a ser nada fácil, pero el acuerdo está cerca. Y que Iglesias fuera a buscar la ‘bendición’ de Anguita días atrás, para muchos fue revelador.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2016-04-22/pablo-iglesias-visito-a-julio-anguita-para-avanzar-en-la-confluencia-de-iu-y-podemos_1188130/

El presidente del Parlamento canario, Antonio Castro,el 30 de octubre de 2014 inaugura las jornadas de Ausbanc. Parlamento de Canarias

La presencia de jueces como ponentes en jornadas jurídicas organizadas por la asociación Ausbanc, cuyo presidente, Luis Pineda, está en prisión por extorsión, ha causado estupor en un sector de la carrera judicial y fiscal. Magistrados consultados sostienen que pese a ser legal que se cobre por participar en este tipo de cursos, si no se elige bien la entidad con la que se colabora se puede dañar la percepción de imparcialidad de los integrantes de la carrera. El Consejo General del Poder Judicial defendió este jueves que los jueces acudan a estos foros porque no lo prohíbe su régimen de incompatibilidades.

Después de que EL PAÍS publicara este jueves que jueces y fiscales de toda España participaron desde 2010 en el Foro de la Justicia, organizado por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), y percibieron entre 800 y 1.500 euros por sus conferencias, la estupefacción se instaló en parte de la judicatura, especialmente entre jueces y fiscales de base. Las charlas principales de estos congresos estaban presididas por Luis Pineda, encarcelado el pasado lunes por extorsionar a bancos a cambio de no publicar informaciones negativas y que supuestamente se alió con Miguel Bernad, líder de Manos Limpias, para chantajear a personas y entidades contra las que se habían querellado.

Ausbanc, una entidad cuya actividad era objeto de controversia pública antes incluso de la Operación Sansón en la que Pineda y Bernad fueron detenidos, invitó a varios profesionales del sector de la Justicia a sus foros.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se apresuró este jueves a aprobar una declaración en la que recordaba que el cargo de juez o magistrado es incompatible “con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella”.

El órgano de gobierno de los jueces subrayó que la presencia de miembros de la carrera en “foros, cursos o jornadas públicos junto a otros actores del sector de la Justicia contribuye a enriquecer el debate, fuera de las salas de vistas, sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad”.

El Reglamento de la Carrera Judicial, que recoge el régimen de incompatibilidades de los magistrados —el más severo entre los empleados públicos junto, quizá, los miembros de las Fuerzas Armadas— defiende el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica como “una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos”.

“Mil euros por una conferencia es una burrada”

El importe de 800 a 1.000 euros que algunos jueces aseguran haber cobrado por participar en el Foro de la Justicia organizado por Ausbanc también generó este jueves opiniones enfrentadas. “Mil euros por una conferencia es una burrada”, afirma un magistrado madrileño. “300 o 400 euros por ponencia ya es algo muy generoso. No es igual una mesa redonda, que una ponencia exclusiva, que sea un tema inédito, y no es igual exponer que entregar un estudio por escrito, pero yo lo máximo que he llegado a cobrar fueron 600 euros de la Universidad Autónoma de Madrid por un trabajo con estudiantes que me llevó un cuatrimestre”.

A Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales, el importe de 1.000 euros no le parece, sin embargo, “desproporcionado”. “Depende de la materia, del sector y del ponente”, afirma. “Yo he dado conferencias gratis, en otras me han obsequiado con una botella de vino y en otros casos he cobrado”.

Las asociaciones judiciales se alinearon, aunque con notables matices, con la declaración del Consejo. Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), manifestó: “La participación en este tipo de jornadas y cursos jurídicos está contemplada y amparada en la normativa orgánica y el Reglamento de la Carrera Judicial. Son actividades de colaboración que se vienen desarrollando con transparencia absoluta”. Sin embargo, a renglón seguido añadió: “Naturalmente, lo que evidencian estos casos puntuales es que por un principio elemental de prudencia debemos seleccionar con un criterio de rigor aquellas instutuciones o entidades con las que podamos desarrollar colaboraciones en el ámbito docente”.

Joaquín Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, también fue un paso más allá que el Consejo. “Partimos de la base de que la actuación de los jueces que asistieron a estos foros no hicieron nada ilegal ni inmoral: acudieron sin conocer la información que se ha destapado ahora”. Y añade: “Sin embargo, se debe analizar si la participación en este tipo de actividades formativas pueden afectar al principio de imparcialidad, porque surjan dudas de que el juez pueda beneficiar a quien le está pagando”.

Por su parte, Foro Judicial Independiente defendió igualmente la posibilidad de que los jueces puedan impartir cursos y conferencias de manera retribuida en consonancia con el prestigio profesional que cada magistrado pueda obtener con su trayectoria profesional. Ahora bien, añaden, esto debe hacerse "de manera prudente y evitando que se puedan producir casos en los que se pueda afectar negativamente a la imagen de imparcialidad del Poder Judicial".

Aunque algunos de los jueces y fiscales consultados apoyan la participación remunerada de sus compañeros en actos de Ausbanc, casi todos admiten que en el caso de instituciones privadas, como lo es la asociación de consumidores investigada, hay que ser especialmente escrupulosos antes de aceptar cobrar por colaborar con ellos. “Yo no iría porque podría llegar un día en que tengas litigios con ellos y surja el problema”, afirma el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado.

“Se hace un daño a todos tremendo, por quince magistrados se extiende la imagen de que los jueces confraternizamos con los corruptos”, sostiene otro magistrado de lo penal que declinó hace dos años la invitación de Ausbanc para asistir a sus jornadas. “En el ambiente flotaba que eran unos piratas que cobraban por hacer buena publicidad, pero no tuve constancia de ello más allá de lo ambiental”, señala.

Un código ético

El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, comparte las reticencias a cobrar de organismos privados, pero va más allá. “Hace falta un código ético”, asegura. En su opinión, este código debería prohibir cobros como los efectuados por Ausbanc o, por ejemplo, que jueces o fiscales acudan invitados a palcos de estadios de fútbol o plazas de toros. “Si vas te vinculas a los presentes en ese palco y algún día te puedes encontrar con ellos en un caso”, avisa.

Su asociación ha reclamado esta regulación a la Fiscalía General del Estado que, por ahora, no la ha abordado. La elaboración de un código ético para jueces y fiscales se ha reclamado también en el Consejo de Europa.

Pero no todos los fiscales comparten esta máxima de Viada. Emilio Frías, portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, no ve inconveniente en cobrar de una institución privada. “Es legal y no está mal visto. Además, hay que tener en cuenta que es de las pocas actividades que nos están permitidas a jueces y fiscales para aumentar los ingresos”, afirma.

En la misma línea se pronuncia Raimundo Prado, el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria. “Quizá habría que preguntarse por qué los jueces da clases, preparan a opositores, imparten conferencias. A lo mejor es que no están bien retribuidos de acuerdo a su preparación y responsabilidad”.

“Debe legislarse para evitar situaciones poco estéticas”

Los partidos pidieron este jueves al Consejo del Poder Judicial que investigue si los magistrados que participaron en las actividades de Ausbanc comprometieron su imparcialidad. “El Consejo, si lo cree oportuno, en su autonomía e independencia, debería estudiar lo que ha sucedido. Esperamos que hayan funcionado todos los controles. Si hay algún indicio de prevaricación, estamos convencidos de que los juzgados y los jueces llegarán hasta el final”, dijo Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE.

José Manuel Villegas, vicesecretario de Ciudadanos y portavoz de Justicia, manifestó: “Sin creer que la independencia de un juez se ponga en tela de juicio por cobrar de una conferencia, creemos que es normal que se generen suspicacias. Pensamos que debería haber una regulación más estricta de las actividades de los jueces para evitar situaciones que cuanto menos son poco estéticas”.

La portavoz de Justicia del PP en el Congreso, María Jesús Moro, distingue si los cursillos y foros pagados por Ausbanc tenían o no fines académicos: “Hay cosas muy distintas. Hay foros académicos, como los de otros tipos de asociaciones, de abogados, de jueces o de fiscales, que se plantean para ilustrar y profundizar sobre materias que afectan a los consumidores y esos me parecen normales, pero si la presencia de los jueces se plantea con otra finalidad, que puede poner en duda o cuestionar su profesionalidad o independencia, entonces la responsabilidad recaería sobre los que participan en esas reuniones”. Moro indicó que si se demuestra que los jueces ponían en entredicho su profesionalidad el Consejo del Poder Judicial debería abrir una inspección.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2016/04/21/actualidad/1461266443_108700.html

La senadora del PP y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá

La hipotética y cada vez más probable convocatoria de nuevas elecciones libraría a Rita Barberá de ser investigada por el Tribunal Supremo por un delito de blanqueo de capitales, relacionado con una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia, pese a que los magistrados llegasen a concluir que hay motivos suficientes para ello. Los trámites procesales hasta llegar a ese momento hacen del todo imposible que se llegue a la petición de suplicatorio antes de la disolución del Senado, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

Ayer, el juez del «caso Imelsa» que investiga si hubo blanqueo en el PP de Valencia envió al Tribunal Supremo la parte que afecta a la ex alcaldesa y senadora, ya que considera que las explicaciones que ha dado hasta ahora no excluyen su posible implicación y el juzgado no es competente sobre aforados.

Cinco magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo –el presidente, Manuel Marchena, y Francisco Monterde, Ana Ferrer, Juan Ramón Soriano y José Manuel Maza– serán los encargados de decidir, en última instancia, si hay motivos suficientes para investigar a la actual senadora del PP y ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá por un delito de blanqueo, en relación con una presunta financiación ilegal del Partido Popular en esa ciudad. Una vez que la Sala reciba la exposición razonada –lo que sucederá hoy– se designará un ponente por estricto orden de reparto y se solicitará informe al Ministerio Fiscal sobre el fondo y la competencia. Es decir, si entiende que hay motivos suficientes para se lleve o no a cabo esa investigación. Una vez cuente la Sala con el correspondiente dictamen del Ministerio Público, que se pronunciará a favor de que el Supremo investigue a Barberá, será cuando se pronuncie sobre la exposición razonada. Al respecto, caben tres opciones: considerar que no hay elementos suficientes de imputación en estos momentos, por lo se devolvería nuevamente al juzgado de instancia para que continuara con la investigación hasta que, en su caso, se afianzaran los indicios; rechazar directamente la exposición razonada, o admitirla a trámite. El ponente será el encargado de dictar el auto que contenga el sentir de la Sala. Si, con todos esos elementos, los magistrados admiten a trámite la exposición razonada, se designará un instructor, por un turno previamente establecido, y que no será ninguno de los han formado la Sala de Admisión, que será el encargado de practicar las diligencias oportunas. Entre ellas, podría «ofrecer» a Rita Barberá que compareciese voluntariamente a declarar, en calidad, eso sí, de investigada, tal como sucedió con los que entonces eran aforados en el «caso de los ERE».

Estos trámites suelen durar varios meses hasta que, finalmente, el instructor decide si hay elementos para actuar contra ella «con todas las consecuencias», que sería el momento en que instara el suplicatorio. Ello debería hacerlo el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en un escrito dirigido al Senado, que sería quien tuviese que dar luz verde a que se investigara la senadora popular.

Con todos estos pasos procesales, y en la hipótesis de que se admitiera a trámite la exposición razonada, «sería del todo punto imposible» que se pudiera no sólo conceder, sino ni siquiera pedir, el suplicatorio al Senado. A pesar de que las cámaras se disolverían ante unas posibles elecciones el 2 de mayo y Rita Barberá no perdiese su condición de aforada, toda vez que es miembro de la Comisión Permanente, no habría tiempo material de resolverlo antes de las nuevas elecciones, el 26 de junio.

Basta mirar a los antecedentes de aforados para comprobar que esos trámites llevan no pocos meses en resolverse, y, en este caso, estaría también la dificultad añadida de que el Senado estaría disuelto. Todos esos factores hacen difícil que Rita Barberá sea investigada por el Tribunal Supremo, con independencia de que la Sala y el instructor, en su caso, apreciaran que hay motivos para ello.

El magistrado justifica el envío de la exposición razonada al Supremo en que Rita Barberá fue «una más» de las personas que aportaron mil euros al PP de Valencia mediante una transferencia bancaria, que posteriormente le sería «devuelto» en efectivo por el partido, produciéndose de esa forma el blanqueo de capitales.

Sin embargo, el juez deja claro que ninguno de los investigados que reconocieron haber recibido el dinero tras la «aportación», ni los testigos que se negaron a efectuarla, ha involucrado a la ex alcaldesa valenciana del PP en esos hechos. Ninguno de ellos, afirma el magistrado, «testimonia una participación concreta, personal, de la aforada María Rita Barberá en la entrega de dinero, ni en la propuesta o indicación para que dicha entrega se llevara a cabo o se aceptara».

En todo caso, esgrime el magistrado que resultaría «incoherente» que todos los que aportaron esos mil euros estén ya como investigados en la causa, y no estuviera en esa misma condición Rita Barberá, cuando realizó la misma conducta.

Imputación sin concretar

Además, alude a la «efectiva posición, como superiora jerárquica» de la principal investigada, María del Carmen García-Fuster, quien era la secretaria del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia, que sería la que, presuntamente, entregaría los billetes a los «donantes», tal como reconoció la entonces concejala de Cultura María José Alcón en una conversación telefónica con su hija.

En esa misma conversación, la ex concejala alude en algún momento a Rita Barberá, aunque «si bien sin hacer una imputación precisa de hechos concretos en esa operativa».

El escrito del juez

- Mismo trato

Fue «una más» de las que reconocieron haber efectuado una aportación de mil euros al PP de Valencia, por lo que debe estar en la misma situación que los demás investigados.

- Superioridad y confianza

Era la «superiora jerárquica» de la ex responsable del Grupo del PP en el ayuntamiento, y tenía una «relación personal y de estrecha confianza con la principal investigada».

- Sin testimonio en su contra

El juez reconoce que ningún investigado o testigo ha manifestado una «participación concreta personal» de Barberá «en la entrega de dinero», en que se hiciese o se aceptara.

- Pruebas imprecisas

La principal investigada cita a Barberá en una conversación donde reconoce haber aportado mil euros, pero «sin hacer una imputación precisa de hechos concretos».

- No habrá nuevos datos relevantes

La UDEF ya ha expresado verbalmente al juez de la investigación «nuevos datos significativos de una implicación concreta» de Barberá en estos hechos.

Fuente: http://www.larazon.es/espana/el-juez-pide-al-supremo-que-impute-a-rita-barbera-por-blanqueo-LB12464807#.Ttt1LvNoV67e7rk
 

Mariano Rajoy ha recibido con buen ánimo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su primera visita a La Moncloa.

El presidente del Gobierno en funciones ha aguardado la llegada de Puigdemont en la misma puerta del edificio principal de La Moncloa, en el que se celebran las reuniones semanales del Consejo de Ministros. Un apretón caluroso de manos y sonrisas por parte de ambos a las 5.04.

Ya en el interior, Rajoy ha obsequiado al president con un ejemplar facsímil de la primera edición (1614) de la segunda parte de El Quijote, en la que Miguel de Cervantes narra el viaje del ingenioso hidalgo a Barcelona.

Un detalle amistoso para emprender con buen pie un encuentro muy esperado en el que Puigdemont, tal y como él mismo ha asegurado, espera plantear al presidente en funciones la lista ampliada "de agravios" con los que, en su opinión, el Ejecutivo central castiga a Cataluña y la somete a un "bloqueo institucional".

Así lo ha explicado él mismo en la sesión de control que esta misma mañana se ha celebrado en el Parlament, en la que ha insistido en que él acude a la cita con el presidente del Gobierno en funciones con "un razonable escepticismo, un prudente optimismo y con corrección institucional".

El president ha agradecido el que desde el gabinete de Mariano Rajoy no se haya impuesto veto alguno respecto a los temas a abordar en el encuentro, pero no ha dudado en recalcar que es imprescindible que el Gobierno central "deje hacer" para permitir el avance de Cataluña.

Puigdemont se refiere esencialmente a la sucesión de recursos presentados por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional para poner freno a la hoja de ruta soberanista emprendida por la Generalitat. El Gobierno central ha recurrido, y en consecuencia paralizado, todas las actuaciones de las instituciones catalanas desde el 9 de noviembre de 2014 -fecha de la consulta soberanista ilegal- conducentes a avanzar en el camino hacia la desconexión del Estado.

El presidente de la Generalitat tiene la intención de explicar a Rajoy el proceso que pretende seguir para situar a Cataluña "a las puertas de la independencia", aun a sabiendas de que sobre esta cuestión la respuesta de La Moncloa será un "no rotundo". Además, quiere exponer las medidas que intentará poner en marcha para revertir los recortes sociales y que él liga estrechamente con el propio plan soberanista. En este sentido, rescatará y ampliará la lista de 23 demandas que ya planteó en julio de 2014 su predecesor en su última visita a Madrid.

En aquel documento, la Generalitat reclamaba más oxígeno presupuestario y un alivio en el objetivo de déficit. Será esta una petición que hoy se escuche de nuevo en La Moncloa ante las crecientes dificultades económicas de Cataluña y su imposibilidad de acudir a los mercados para financiarse por su penosa calificación crediticia.

También se reclamaba una compensación por la anulación del impuesto autonómico a los depósitos bancarios; el cumplimiento de los compromisos derivados de la disposición Adicional Tercera del Estatut; recuperación de la inversión de la Administración General del Estado en infraestructuras en Cataluña; un aumento de financiación para paliar el déficit estructural del sistema público de salud catalán y cubrir las obligaciones de la ley de dependencia.

Entre las 23 propuestas también figuraba la reclamación de 31 millones recaudados en 2013 en concepto de tasas judiciales; mantener el modelo de inmersión lingüística previsto en el Estatut y más fondos para el programa de Desarrollo Rural entre otras demandas.

Mariano Rajoy, por su parte, se declarará dispuesto a abordar las peticiones catalanas en materia de financiación, aun cuando en este momento el Ejecutivo no disponga de margen alguno para adoptar decisiones políticas. No obstante, el presidente explicará a Puigdemont su voluntad de iniciar de inmediato, si revalida su puesto al frente del Gobierno central, una reforma del sistema de financiación autonómico que cumpla mejor con las necesidades de los distintos territorios. El actual modelo de financiación fue aprobado con los votos del PSOE y la ya extinta CiU.

Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2016/04/20/57175d18468aeb444e8b4661.html

Artur Mas entregó a Mariano Rajoy un documento con 23 propuestas en 2014. Dos años después, su sucesor al frente de la Generalitat ha decidido doblar la apuesta. El texto que esta tarde presentará Carles Puigdemont al presidente del Gobierno en funciones alcanzará las 46 iniciativas básicas para recuperar la buena sintonía entre Catalunya y España, según ha avanzado Rac1.

El presidente de la Generalitat se reune Rajoy a las cinco en la Moncloa en un encuentro en el que se pondrán sobre la mesa todos los temas, incluso los que más división generan. “Celebro que la Moncloa no ha puesto ningún veto a hablar de temas”, ha afirmado Puigdemont esta mañana en el Parlament.

El proceso independentista estará seguro sobre la mesa como parte de los “cuatro grandes paquetes de temas” que Puigdemont desea que el presidente español acoja con “comprensión”. “Temas básicos” como la cuestión de los refugiados, la pobreza energética, la judicialización de la política o los incumplimientos del Estado.

Carles Puigdemont acude al encuentro con “razonamarianoble escepticismo, prudente optimismo y corrección institucional” porque entiende que la Generalitat siempre ha apostado por reformas de la financiación autonómica que después no se han cumplido por parte del Estado.

En la comparecencia de este martes para presentar su plan de gobierno, el president de la Generalitat recordó que de las 23 propuestas presentadas por Mas a Rajoy en julio de 2014 “solo se han cumplido una y media”. Esa fue, además, la última vez que el presidente español se reunió con su homónimo catalán.

Desde entonces ha llovido mucho. En el Parlament de Catalunya hay hoy una mayoría absoluta independentista y la política española lucha a contrarreloj para evitar unas nuevas elecciones. Puigdemont ha cargado contra el Gobierno central por llevar tres meses “sumido en la más absoluta parálisis”, y lo ha contrapuesto con su Gobierno, que, a su juicio, lleva 100 días a pleno rendimiento y con un plan de actuación definido.

“Estaría bien -ha afirmado en la sesión de control- que la política española tomara nota de la política catalana. Cien días de orden al lado de 100 días de ruido”. El presidente ha criticado que el Gobierno haya llevado en los últimos meses muchas iniciativas del Govern y del Parlament al Tribunal Constitucional, y lo ha acusado de convertirse en un Ejecutivo que “no hace y no deja hacer”.

Soraya Sáenz de Santamaría advierte que la consulta es “imposible”

La vicepresidenta del Gobierno ha advertido a Carles Puigdemont que el planteamiento de realizar una consulta de autodeterminación en Catalunya “es imposible”. “Es imposible porque no lo permite la Constitución y porque lo que es España lo deciden entre todos los españoles”, añadió Santamaría.

“Este es un Estado de las autonomías que tiene que funcionar con colaboración institucional entre todas las administraciones”, ha recalcado. Por eso se ha mostrado dispuesta al diálogo y a la colaboración para que los servicios públicos de Catalunnya sea mejores y lo más correctos posible. “Pero no puede pedir cosas que ningún presidente del Gobierno, como él bien sabe, puede dar”, subrayó.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/politica/20160420/401240832051/carles-puigdemont-mariano-rajoy-reunion-propuestas.html