Lejos de reducirse, la deuda pública que pagarán las futuras generaciones volverá a crecer en 2017. Algo que es lógico, puesto que el Estado español seguirá teniendo déficit público, que debe financiarse mediante la venta de letras y bonos. Ahora bien, el incremento previsto de la deuda, 35.000 millones de euros, es superior al déficit esperado por el Gobierno, que se sitúa entre 30.000 y 31.000 millones (el 3,1% del PIB). Este exceso se debe a que el Ejecutivo quiere tener un colchón por si vuelve a incumplir los objetivos de déficit, como en los últimos años, o si se necesitan financiar las pensiones con deuda porque se agote el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, afirmó a finales de diciembre que si el Fondo de Reserva se agotase, el Tesoro emitiría deuda para financiar las pensiones. Ayer, la nueva secretaria general del Tesoro y Política Financiera, Emma Navarro, matizó que no hay que dar "por descontado" que el Fondo de Reserva de las pensiones vaya a agotarse, pero reconoció que, en caso necesario, el Tesoro servirá de garantía para que se puedan pagar las pensiones, en especial las extras de julio y diciembre, que son las que han obligado al Gobierno a sacar dinero de este fondo en los últimos años.

Las pensiones se pagan, en teoría, con las cuotas de la Seguridad Social. Pero como estas son insuficientes debido a la caída de la recaudación y al incremento del número de pensionistas (y a que las personas que se jubilan ahora cobran más de pensión), el Gobierno ha tenido que ir retirando cantidades periódicamente del Fondo de Reserva, la 'hucha de las pensiones'. Las disposiciones realizadas hasta la fecha alcanzan los 66.401 millones de euros en diciembre, con lo que solo quedan 16.109 millones en el fondo. En consecuencia, existe una elevada probabilidad de que se agote en 2017.

Alargar vencimientos y bajar los intereses

Desde Economía, explican que no hay una relación directa entre el déficit anual y las emisiones del Tesoro, ya que estas solo cubren en teoría el déficit del Estado (el 1,1% del PIB). Pero también se utilizan para financiar el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), que a su vez les presta a las comunidades autónomas a las que el mercado no presta dinero. O para pagar compromisos con Europa, como el fondo de resolución bancaria o la devolución del rescate de las cajas de ahorros (en 2016, España reembolsó 1.000 millones). Asimismo, el ministerio de Luis de Guindos explica que el Tesoro siempre prefiere anunciar unas emisiones mayores de las necesarias y luego, si es posible, quedarse por debajo; es lo que ocurrió en 2016, cuando se esperaba emitir 45.000 millones y solo se emitieron 35.000.

Las emisiones totales del Tesoro este año serán de 220.017 millones, de los que los 35.000 millones citados serán nueva deuda y el resto servirá para refinanciar la ya existente; es decir, como España no genera ingresos suficientes para devolver nada de su deuda, tiene que emitir nuevos bonos con los que pagar los viejos que van venciendo. Ahora bien, en esta operativa, el Gobierno pretende profundizar en sus logros del año pasado: alargar los plazos de vencimiento —en 2016, la vida media de las emisiones se amplió de 6,45 a 6,81 años— y reducir los intereses que pagamos por esta deuda —las nuevas emisiones rebajaron su coste al 0,61%, y el del total de la deuda viva bajó al 2,77%—.

Aznar critica pagar pensiones con deuda

Tras la presentación de la estrategia del Tesoro para el ejercicio, el expresidente del Gobierno José María Aznar criticó duramente el nuevo incremento de la deuda provocado por la falta de reducción del déficit por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. En su intervención, advirtió de que el Estado del bienestar, incluido el sistema de pensiones, no puede financiarse vía endeudamiento: "Todo lo que se paga con deuda se paga más caro, porque el precio de la deuda no lo decide quien la emite, sino el mercado", explicó.

El expresidente del Gobierno José María Aznar, ayer, en Valencia. (EFE)

A su juicio, "impuestos altos, déficit y deuda son lo contrario del círculo virtuoso en que la economía española debe anclar su crecimiento", por lo que rechazó la nueva subida de impuestos adoptada por el Ejecutivo y reclamó una reforma fiscal integral que ayude a la reactivación económica. Asimismo, Aznar pidió a Rajoy que no abandone la agenda reformista, al tiempo que señaló que existe un riesgo de que la ausencia de una mayoría parlamentaria en el Congreso se traduzca en compromisos que incrementen el gasto público, la presión fiscal y el endeudamiento. "El dilema no puede ser elegir entre acuerdos o reformas, necesitamos las dos. Tenemos que ensanchar con urgencia la parte productiva de la sociedad española", concluyó.

Fuente: http://ow.ly/b6P4307R4kS

El proceso de creación de un nuevo partido en Cataluña, lanzado por el entorno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sigue quemando etapas tras la creación del grupo promotor y la presentación del manifiesto fundacional, encabezado por el teniente de alcalde barcelonés, Jaume Asens, el responsable de Relaciones Políticas e Institucionales del ayuntamiento, Adriá Alemany, o el portavoz en el Congreso de En Comú Podem, Xavier Domènech. El último paso dado por los impulsores de este nuevo proyecto político, que tiene la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, ha sido el registro en el Ministerio de Interior del partido político, bajo el nombre de Comuns, el pasado mes de diciembre. Una denominación que recoge el popularizado apelativo de 'los comunes', en catalán, con el que se referencian los seguidores de la política del bien común.

En la ficha del registro, figura como representante legal del partido Marina López Planella, asesora del gabinete de Comunicación de la alcaldía de Barcelona desde septiembre de 2015. Hasta su contratación como cargo de confianza de Colau, formaba parte de la comisión de Comunicación de Barcelona En Comú “llevando a cabo tareas de organización, relato, edición y redacción de contenidos”, según figura en el currículo colgado en la web del ayuntamiento. El domicilio social de Comuns es un pequeño piso de la calle Mestres Casals Martorell, situada en el barrio gótico de la ciudad, evitando así las sedes de Barcelona en Comú o del resto de principales fuerzas que integran el proyecto: Podem, ICV y EUiA.

Además de Comuns, sobre la mesa también se encuentran otras dos opciones para denominar al nuevo partido, aunque a priori con menos apoyos: Catalunya En Comú y En Comú Podem. Ambos nombres se registraron en enero del pasado año ante la previsión de que se repitiesen elecciones, como así sucedió, para poder concurrir con la forma jurídica de partido instrumental, en lugar de en coalición. El nombre que se utilizó finalmente para las elecciones generales fue el de En Comú Podem. De ambas marcas se destacan ventajas y desventajas, aunque la preferencia es Comuns, tanto porque ya se identifica mediáticamente a los promotores del proyecto con este apelativo como por contar con un mayor consenso. La única pega que se ha destacado en los debates internos es que se trata de un nombre masculino, al contrario de las otras dos opciones que serían más inclusivas por tratarse de nombres neutros.

El nombre provisional que se ha elegido para identificar el proyecto hasta su asamblea fundacional, que está prevista para el mes de abril, es 'Un país en comú', por lo que la denominación oficial de Comuns, que todavía deberá ser ratificada por todas las fuerzas políticas implicadas y los diversos actores participantes en el proceso de debates sectoriales y territoriales, prescinde del guiño soberanista de 'país'. La supresión de esta referencia en el nombre se conoce tras la polémica durante los últimos días sobre el tipo de referéndum catalán que ha enfrentado a los comunes y a los soberanistas. Será durante los meses previos de debate hasta la asamblea constituyente -de enero a abril- en los que se ratifique el nombre, aunque desde fuentes cercanas al grupo promotor insisten en que la prioridad es "debatir de ideas antes que de nombres".

El diputado por Barcelona Xavier Domènech, que está actuando de portavoz provisional del nuevo sujeto político, rechazó la pasada semana en una entrevista radiofónica el referéndum unilateral propuesto por Junts Pel Sí y la CUP, al ser una repetición de la consulta soberanista del 9-N, “sin efectos políticos ni jurídicos vinculantes”, que no aportaría “nada nuevo”. Su hoja de ruta para desenquistar el conflicto territorial, en la línea de lo defendido por Podemos a nivel estatal, pasa por un referéndum con garantías, pactado con el Gobierno central. En la misma entrevista, Doménech reclamó que Cataluña "necesita unas elecciones ya", acusando al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no cumplir sus compromisos.

Tras la polémica que generó fuertes críticas desde la Generalitat, el líder de los comunes en el Congreso difundió un comunicado a través de sus redes sociales reforzando el argumento de que "no renunciamos a un referéndum efectivo, que hemos defendido como pocos a lo largo de este último año, poniéndolo en la agenda del Estado como nunca a partir de nuestras alianzas fraternas con los que agrupamos más de cinco millones de votos". Con un tono en clave preelectoral, Domènech agregaba que desde el nuevo proyecto político no renunciarían a "construir una alternativa a una mayoría gubernamental" frente a quienes “no se atreven a tocar el IRPF a las grandes fortunas, el impuesto sobre el patrimonio o de sucesiones para rescatar a la ciudadanía más golpeada por la crisis".

Más allá del referéndum

La equiparación del derecho a decidir y de los derechos sociales, basados en la distribución de la riqueza, se contrapone así frente a quienes priorizarían lo primero dibujando un futuro desigual, como ya criticaron con la aprobación de los Presupuestos autonómicos. Asimismo, rechaza la polarización planteada desde el soberanismo, acusando a los comunes de estar en contra del derecho a decidir por no apoyar el referéndum unilateral. “Algunos buscan constantemente nuestra renuncia al referéndum: nuestro compromiso con la democracia y la soberanía de Cataluña es parte de nuestros anhelos”, aseguraba, para rematar con la proclama: "No, no renunciamos. No renunciamos a nada en absoluto”.

"Queremos ampliar el sentido de soberanía hasta llegar a todas las esferas de la vida y la política"

A lo que sí se renuncia, al menos en el nombre elegido para el partido, es a la inclusión del concepto de país. Como se establece en el artículo 1 de los estatutos registrados en el Ministerio de Interior, aunque de forma provisional y para poder cumplir con los requisitos del registro, “se constituye el partido político denominado Comuns, cuyas siglas son Comuns, así como todas las denominaciones que incluyan el nombre relacionándolo, con localidades o áreas geográficas del Estado y todas las derivaciones locales y regionales del nombre, así como su equivalente en todas las lenguas oficiales o cooficiales habladas y reconocidas en España.…".

Como recoge el manifiesto fundacional, los promotores de la nueva formación se declaran "hijos e hijas de lo mejor de nuestro país, pero también hijas e hijos de una nueva época y de un nuevo ciclo que pide poner el bien común por encima de las siglas. Un nuevo ciclo que ya ha cristalizado en la capital de Catalunya y ha sembrado semillas de cambio en todo el territorio, pero que apenas ha comenzado. Ahora, hay un paso más". Con la mirada puesta en "acabar con la desigualdad, la pobreza, el paro y la precariedad", adelantan que su intención es ampliar el sentido de soberanía hasta llegar a todas las esferas de la vida y la política. "No seremos un país libre si tenemos que seguir los dictados para cumplir los objetivos de déficit, poniendo los intereses del capital financiero y su deuda, muchas veces ilegítima, por encima del mantenimiento de un Estado de bienestar ya bastante precario",

Fuente:  http://ow.ly/m6Zv307R4aU

El PP de la Comunidad Valenciana y el PP de Madrid liderarán en el congreso de febrero la exigencia de dar más pasos en la regeneración del partido y de mayor democracia interna. Lo harán a través de la presentación de enmiendas a la Ponencia Política y de Estatutos, y no descartan insistir en su reivindicación de un militante, un voto, pese al sistema de doble vuelta propuesto por la dirección. Según este último, primero las bases votarían el candidato o candidatos a presidente y después lo harían los compromisarios.

Fuentes de ambos territorios ratifican su intención de registrar enmiendas como organización, pidiendo ir más allá de la propuesta de los nuevos estatutos. Una decisión que confirma su interés por implicarse en este debate, en contra de los que piensan hacer el resto de las principales direcciones territoriales del PP, que han optado por no presentar nada para que lo hagan, únicamente y de manera personal, sus compromisarios.

Andalucía y Galicia ya han tomado esta decisión. Castilla y León lo debatirá el lunes pero, probablemente, la posición sea la misma. Y no se prevén tampoco enmiendas del PP extremeño y del catalán. Esta circunstancia deja en manos de Madrid y Valencia la defensa de más avances en los estatutos.

Tanto Isabel Bonig como Cristina Cifuentes han apoyado firmemente dar mayor participación a las bases del partido con el modelo de un militante, un voto. Desde ambas organizaciones se ha considerado un paso adelante el sistema de doble vuelta planteado por el vicesecretario de Organización y ponente de los Estatutos, Fernando Martínez-Maíllo, pero no tanto como para satisfacer su postura. Esta consiste en que deben ser los afiliados y no los compromisarios quienes escojan al presidente.

A lo largo de la próxima semana, las dos direcciones acabarán de perfilar sus enmiendas sin descartar, sobre todo Madrid, la de las primarias puras, sin voto de delegados. No es descartable que lo propongan para los cónclaves regionales, que es el mayor empeño de Cifuentes.

También ultimarán dar amparo a asuntos como la limitación de mandatos, la de que cada militante sólo pueda tener un cargo y que haya listas abiertas.

En el caso del PP valenciano fuentes del partido dan prácticamente por confirmado que presentarán enmiendas sobre limitación de mandatos y listas abiertas porque, explican, los presidentes provinciales se «comprometieron» a ello con sus bases.

En septiembre de 2015, acuciados por los casos de corrupción, el PPCV organizó tres convenciones provinciales centradas en los temas de regeneración. De ahí salieron una serie de medidas que los presidentes provinciales prometieron trasladar vía enmiendas en el congreso del partido. Entre ellas las primarias, la limitación de mandatos, un militante, un cargo, las listas abiertas y la reducción de aforamientos.

De hecho, desde ese momento en la provincia de Alicante se ha aplicado a rajatabla la premisa de no acumular puestos públicos. El presidente provincial, José Císcar, obligó a los candidatos en las listas de las elecciones generales a firmar por escrito que renunciarían a otros cargos si eran elegidos. Ahora, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, decidirá la próxima semana junto a sus presidentes provinciales si defienden esta misma política para el conjunto de España.

SÓLO UN CARGO

• Régimen de incompatibilides. El PP prevé en sus Estatutos que, «con carácter general», no podrá desempeñarse más de un cargo más de un cargo de representación institucional, local, autonómica o nacional.
• Incumplimientos. Este precepto se incumple también de manera general, ya que es habitual tener más de un puesto público en el PP. La acumulación de cargos, que limita el acceso a la política de nuevos dirigentes, es uno de los debates que se producirán en el congreso.
• El ejemplo de Alicante. En el PP de la provincia de Alicante se ha obligado a diputados y senadores a cumplir con el precepto de un militante, un cargo y todos los candidatos que obtuvieron acta debieron renunciar a sus puestos a nivel municipal.

Y si Valencia está obligada por sus promesas a los militantes, Madrid camina por la misma senda por las convicciones de la presidenta de la Comunidad y presidenta de la Gestora, Cristina Cifuentes. Esta dirigente lidera dentro del partido la bandera de una mayor regeneración. Visible defensora de las primarias, el gobierno que ella preside aprobó hace un año un Plan de Regeneración Democrática, que incluye acotar a dos los mandatos del presidente y los consejeros, impulsar las listas abiertas y suprimir el aforamiento de los cargos políticos. Una actuación en la línea de lo que públicamente apoya en el PP.

Pese a que Cifuentes será quien presida el Congreso, y en algunos ámbitos del partido se especulaba que este cargo limitaría su actuación, la dirigente ha puesto a trabajar en las enmiendas al núcleo duro del PP de Madrid. Su número dos, Ángel Garrido, ha constituido varios grupos de trabajo para redactarlas y la próxima semana se reunirá la gestora para aprobar su presentación.

El PP madrileño y el valenciano son las dos organizaciones del partido que más afectadas se han visto por la corrupción. Por tanto, también las que han debido articular una mayor respuesta. No obstante, al margen de las circunstancias que han llevado al PP a abrir el partido, entre las bases está ampliamente aceptado avances como las primarias para designar al presidente, limitación de mandatos o un militante, un cargo. En estos dos últimos asuntos falta saber si Mariano Rajoy cederá en el debate en el congreso o el único cambio real del cónclave será el sistema a doble vuelta de elección del presidente del partido.

Fuente: http://ow.ly/Nac1307M4Ql

El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, en el lugar del accidente, en Trurquía, en mayo de 2003 - EFE

Casi catorce años después del accidente del Yakovlev 42-D (Yak-42) en Trabzon (Turquía), en el que murieron 62 militares españoles que regresaban a casa procedentes de Afganistán, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen que supone una victoria parcial para los familiares de las víctimas. Hay que ir a la última línea del informe, de 82 páginas, para leer la conclusión final: «Procede desestimar las reclamaciones sometidas a consulta». Ese, y no otro, es el resultado de un dictamen donde, eso sí, se subraya la responsabilidad «in vigilando» que tenía el Ministerio de Defensa el 26 de mayo de 2003, fecha del siniestro, cuando estaba encabezado por Federico Trillo.

El Consejo de Estado empezó en mayo de 2016 a examinar el expediente sobre las solicitudes de indemnización, por responsabilidad patrimonial de la Administración, que formularon los familiares de los militares fallecidos, una vez agotadas el resto de las vías. Es decir, se trata de un dictamen para dilucidar si caben las indemnizaciones reclamadas o no, y no para verter acusaciones o señalar responsabilidades, aunque apunte a estas últimas en términos muy generales.

En su informe, el Consejo de Estado recuerda que la suma de todas las cuantías resarcitorias ascendía a más de 65 millones de euros, entre diferentes seguros e indemnizaciones. El máximo órgano consultivo subraya que «el reconocimiento de una indemnización adicional por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración generaría la duplicidad vedada» por el Código Penal.

«Reparación adecuada»

«No cabe respaldar los razonamientos esgrimidos por algunos reclamantes acerca de la compatibilidad de las indemnizaciones percibidas con la solicitada con fundamento en la responsabilidad patrimonial de la Administración. A la aplicación de los regímenes específicos (y, en este caso, a la condena de las entidades civilmente responsables) no puede sumarse una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración si con ello se excede, como es el caso, la reparación adecuada de los daños y perjuicios ocasionados», se explica.

En concreto, sobre la desestimación de la pretensión indemnizatoria fundada en los errores cometidos en la identificación, el Consejo de Estado afirma que «han quedado delimitados en sede penal tanto los perjudicados de la acción criminal (las familias de los militares cuyos cadáveres fueron aleatoriamente identificados) como la cuantía resarcitoria por el daño moral derivado de la prolongación del duelo complicado como consecuencia de las falsas atribuciones de identidad (10.000 euros en cada caso)».

La pretensión de los familiares resultó, así, fallida al rechazarse las indemnizaciones reclamadas por esta vía a la Administración. Pero sí reciben un respaldo general frente a la responsabilidad que tenía el Ministerio de Defensa de vigilar y controlar los medios de los militares, una tarea que, como se deduce en todo el informe, no se cumplió como de debía.

Administración militar

A la vista de la investigación de estos años, y de las distintas resoluciones y sentencias, en el dictamen se afirma que «no resulta difícil comprender que el transporte en que se produjo el siniestro constituía una actuación de alto riesgo». «Tampoco ofrece duda que, aunque realizado a través de un tercero, dicho transporte no pertenecía a un ámbito ajeno a la actuación de la Administración militar».

El dictamen rechaza que el siniestro tuviera lugar «el términos de absoluta desvinculación con el funcionamiento de la Administración militar». Y recuerda que el acuerdo de ventas de la aeronave no pudo suponer un «total desapoderamiento de competencias de seguimiento y control por la Administración militar». Se subraya de forma especial los defectos «en un adecuado cumplimiento de los deberes de vigilancia y supervisión sobre el correcto ejercicio de la prestación de transporte».

Fuente:  http://ow.ly/oTFL307M4Mt

“El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento”. Así responderá el contestador automático de los móviles de empresa cada vez que un jefe intente encargar una tarea a su subordinado fuera del horario laboral. Francia quiere acabar con la insana costumbre de vivir conectados al trabajo las 24 horas del día, ya sea vía telefónica o por 'email', y acaba de regular por ley el uso de las tecnologías de comunicación para garantizar el tiempo de descanso de los asalariados. El Gobierno español tiene la firme intención de seguir los pasos de nuestros vecinos galos, ahora que tiene un espejo donde mirarse.

Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Empleo ayer miércoles, si bien no han concretado fechas de aplicación ni cómo se va a poner en marcha esta iniciativa. La medida, que ya fue avanzada de pasada cuando Fátima Báñez anunció que buscará un pacto de Estado para que los españoles salgan de trabajar a las seis con carácter general, forma parte de un plan para favorecer el tan complicado equilibrio entre la vida laboral y personal. Estudiar un cambio en el huso horario, explorar las opciones de teletrabajo que ofrecen las nuevas tecnologías, fomentar la flexibilidad en las horas de entrada y salida o ampliar los permisos de paternidad de dos a cuatro semanas —como ya se ha hecho— son otras propuestas que también están encima de la mesa, pero la que más ha dado que hablar, sin duda, tiene que ver con la racionalización de horarios.

Como no podía ser de otra manera, el sindicato de funcionarios CSI-F no tardó en exigir al Gobierno que haga el favor de predicar con el ejemplo desde las administraciones públicas. Para sorpresa de algunos, el departamento dirigido por Fátima Báñez ha recogido el guante; sus planes pasan por cerrar los ministerios a las seis de la tarde, en consonancia con su particular cruzada contra la cultura del presentismo. La Asociación para la Racionalización de Horarios Españoles (Arhoe) y el CSI-F ya se pronunciaron a favor de esta iniciativa y pidieron que se planteara como medida simbólica sin pérdida efectiva de horas de trabajo, manteniendo las retribuciones pero organizando la jornada de manera más racional para fomentar la conciliación.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez. (EFE)

La propuesta está plasmada en el Plan de Igualdad de la Administración General del Estado y fue previamente pactada en el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos. El sindicato de funcionarios también quiere promover una “bolsa de horas”, entendida como flexibilidad horaria para que los empleados públicos puedan reducir su tiempo de trabajo en determinados periodos y por motivos directamente relacionados con la conciliación. Eso sí, deberán acreditar las causas y recuperar el tiempo más tarde. La posibilidad de implantar una jornada laboral de 35 horas semanales es otro de los temas en los que CSI-F busca el respaldo tanto del Gobierno como de las comunidades autónomas, si bien recuerda que en la actualidad se han producido conflictos que han llegado al Tribunal Constitucional, como en el caso de Castilla-La Mancha. En Extremadura ya se aprobó, al igual que en Andalucía desde principios de este mes.

Los periodistas tampoco pueden conciliar

Cerrar ministerios a una hora prudente implica no organizar reuniones pasadas las seis de la tarde, y no solo eso. Desde Empleo, se comprometen a trabajar para que las ruedas de prensa celebradas más allá de esa hora en las instituciones se conviertan en una anécdota del pasado, como sucede en Francia y en otros países europeos. Los periodistas galos no están acostumbrados a asistir a convocatorias casi nocturnas —excepto en casos de extrema gravedad—, cosa que sí ocurre con demasiada frecuencia en España. Incluso los propios profesionales se lo han afeado a los políticos en más de una ocasión, sobre todo cuando las comparecencias se prolongan hasta las 10 de la noche o más.

Los periodistas españoles suelen asistir a ruedas de prensa convocadas más allá de las siete de la tarde. (EFE)

La potestad para desconectar fuera del horario de trabajo en Francia entró en vigor el 1 de enero gracias a una disposición de la reforma laboral. Dicho texto crea un derecho para los asalariados y una obligación para las grandes empresas, que desde ahora deberán regular los sistemas de mensajería, correos electrónicos o teléfonos móviles con el único fin de respetar el tiempo de descanso y las vacaciones de los trabajadores. ¿Cómo se hará?

Empleo inicia su particular cruzada contra la cultura de calentar la silla y fomentará el derecho a desconectarLa dirección y los agentes sociales de cada empresa con más de 50 empleados deberán ponerse de acuerdo vía negociación colectiva. Si no lo consiguen, el empresario será el encargado de redactar un manuscrito con las pautas a seguir. En cualquier caso, la ley se limita a abrir la puerta a una regulación consensuada en función de las necesidades productivas de cada empresa, pues tampoco prohíbe categóricamente el uso de los dispositivos móviles o el correo después del trabajo.

A falta de conocer los detalles, en esa misma línea irán las medidas que tome el Gobierno español para garantizar este derecho. Empleo no quiere hablar de imposiciones pero sí de incentivar nuevos métodos de trabajo —que deberán acordarse entre sindicatos y directivos de cada compañía—, tanto en el caso de racionalización de horarios como en los de desconexión y flexibilidad. ¿Qué trabajador no estaría más contento y motivado pudiendo elegir a qué hora entra y a qué hora sale dentro de un intervalo de tiempo pactado con el empresario?

Fuente: http://ow.ly/gxsh307I9mN