El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, demostró este viernes que va a dar la batalla al líder, Pablo Iglesias, por el control y el rumbo del partido. Ante el intento de Iglesias de imponer un modelo del congreso de Vislategre 2 que perjudica sus intereses, Errejón lanzó de forma sorpresiva un manifiesto con firmas de más de 300 cargos del partido que reclama que se voten por separado las propuestas y las caras, frente a la votación conjunta que quiere Iglesias. La iniciativa, el primer paso de la posible confrontación entre los dos sectores, pide más “democracia” y que la discusión no acabe en “sometimiento”.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias (d), y el portavoz parlamentario de Podemos, Íñigo Errejón (i). BALLESTEROS (EFE) | ATLAS ATLAS

Errejón le ha devuelto el envite a Iglesias, en su primer movimiento táctico al descubierto. El número dosy los suyos reaccionaron este viernes con una potente campaña pública —a través de un manifiesto al que se adhirieron varios centenares de cargos públicos e internos de primera línea— lanzada para tratar de ganar la consulta a las bases propuesta por el líder, con la que este pretendía refrendar su metodología para el congreso de Vistalegre 2. La batalla ha comenzado más de dos meses antes de ese cónclave, previsto para el segundo fin de semana de febrero, por el método de votación del congreso, una cuestión convertida en un asunto de primer orden. El motivo es que puede condicionar la confrontación entre los dos grandes sectores del partido y sus principales líderes.

El manifiesto difundido, con el título de “Recuperar la ilusión. Democracia para ganar”, lleva la firma del propio Errejón —que firmó dos horas después de hacerse público el texto, aunque la iniciativa se ha fraguado entre sus colaboradores—, así como de los principales dirigentes afines a él. Entre los firmantes hay cargos públicos como Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, y José Manuel López, portavoz en la Asamblea de Madrid; y casi una treintena de miembros de la ejecutiva del partido como el responsable de discurso, Jorge Moruno; el de internacional, Pablo Bustinduy; el de cultura, Jorge Lago; y la de igualdad, Clara Serra, entre otros. Así como más de una decena de diputados en el Congreso, entre los que destacan Tania Sánchez y Sergio Pascual (ex secretario de Organización de Podemos), diputados autonómicos, líderes regionales y locales. En total, sumaba más de 2.000 firmas, incluidos simpatizantes sin cargo, a última hora de la tarde. “Para seguir ilusionando necesitamos debatir de ideas en lugar de pelearnos”, escribió Errejón en Twitter anunciando su apoyo.

La iniciativa pide, principalmente, que en el congreso se voten por separado las propuestas organizativas y políticas de las listas. Errejón y sus afines creen que tienen más posibilidades de hacer valer su posición en el debate sobre el proyecto que en una competición entre caras enfrentándose a Iglesias. “La Asamblea no debe ser un combate de boxeo, sino una contraposición de ideas. Queremos discutir cómo ganar un país, no retarnos entre nosotros”, dice el manifiesto, que recuerda que en el primer congreso de Vislategre la votación fue separada. Hacerlo ahora conjuntamente, creen, sería una “involución democrática”. De fondo trasluce el temor del sector errejonista a ser laminado en ese congreso. El texto alerta: “El futuro de Podemos es oscuro si sus dinámicas impiden que convivan diferentes modelos; la solución de las discrepancias se aleja mucho del sometimiento de uno ante otro”.

Más pluralidad y más democracia

El manifiesto Recuperar la ilusión reclama:

Votar primero las propuestas y después las listas en el congreso de Vistalegre 2.

Mayor proporcionalidad en todos los órganos para lograr más pluralidad, listas abiertas, paridad entre hombres y mujeres y equilibrio territorial.

Una comisión de garantías independiente y un censo abierto durante el cónclave.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, defendió desde Galicia el sistema conjunto que pide Iglesias. El separado “no tiene mucha lógica”, dijo Echenique, que puso un ejemplo: “Imaginad que en las elecciones generales votásemos primero el programa electoral y después a los partidos. Podría ocurrir que fuera presidente Mariano Rajoy, pero tuviera que poner en marcha el programa de Podemos”. La analogía soliviantó en el sector crítico. "Claro que Rajoy no podría gobernar con el programa de Podemos, pero pretender concluir a partir de eso que Pablo no podría dirigir la hoja de ruta del Podemos ganador y transversal es completamente falaz. Y tanto que Pablo puede, de hecho lo hizo desde las europeas. No defendemos nada que no defendiera él entonces", considera a EL PAÍS la consejera estatal Clara Serra. "Si uno se cree lo de mandar obedeciendo tiene que estar dispuesto a dirigir el proyecto que sus bases diseñan, lo contrario son modelos no muy propios del 15-M", apunta la diputada Tania Sánchez.

Iglesias no se pronunció sobre el manifiesto que cuestiona su modelo, pero trató de restarle importancia difundiendo en Twitter una tira cómica que le había enviado Errejón, dijo. Sí lo hizo el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, quien lo criticó por “deshonesto”. “El sector errejonista, no Errejón, que es mucho más listo, está importando aquello que supuso el problema principal en Izquierda Unida. Que lo que no son capaces de ganar internamente, salen a ganarlo en los medios de comunicación”, aseguró. La jefa de gabinete de Iglesias, Irene Montero, afirmó que todos los manifiestos son "bienvenidos". "Pablo [Iglesias] trabaja por la unidad y tiene la responsabilidad de construir un proyecto en el que quepamos todos, en ello estamos", expresó en conversación con este periódico. Otros dirigentes afines al líder lamentaron la "irresponsabilidad" en la que incurría la iniciativa, y su ánimo de "combate de boxeo". El título del manifiesto, "Recuperar la ilusión", molestó especialmente. "¿Quién ha perdido la ilusión aquí y por qué?", se preguntan en el sector oficialista. La tercera familia, la de los Anticapitalistas, mantuvo el silencio.

Fuente: http://ow.ly/39U5306ZO0x

La madre de Nadia (dcha.) declara ante el juez en La Seu d'Urgell. A. GARCÍA | ATLAS

El juez que investiga la estafa del caso Nadia ha dictado prisión provisional sin fianza para Fernando Blanco, el padre de la menor. La madre, Marga Narau, ha quedado en libertad con cargos pero el magistrado ha suspendido la patria potestad sobre la niña y comunicará la situación a la Generalitat, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Mientras tanto una familiar se hará cargo de la niña.

Ni se pasaron de frenada ni exageraron, bienintencionadamente, la historia de sufrimiento de su hija. Los nuevos detalles del caso Nadia, difundidos este viernes por los Mossos d'Esquadra, revelan que los padres de Nadia Nerea cometieron una estafa de grandes proporciones a costa de la enfermedad de la menor, de 11 años. La policía ha constatado no solo que recaudaron 918.000 euros entre miles de personas solidarias (el triple de lo que habían reconocido públicamente), sino que la mayor parte de ese dinero no lo han destinado a tratamientos médicos para Nadia, sino a su disfrute personal.

Fernando Blanco y Marga Garau iniciaron en 2008 una campaña para recaudar fondos a favor de su hija Nadia, afectada por tricotiodistrofia, una enfermedad genética rara. Los padres se han gastado ya dos terceras partes del dinero (unos 600.000 euros). Pero no han empleado el dinero en abonar los carísimos tratamientos médicos que, según el padre, precisaba la niña —como una supuesta operación en Houston— sino en bienes para su uso y disfrute particular.

Los Mossos han analizado los movimientos de las cuentas bancarias, inmovilizadas desde el lunes por orden del juez de La Seu d'Urgell (Lleida) que investiga el caso y que este viernes les toma declaración como investigados por un delito de estafa. La Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión provisional sin fianza para Blanco por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

El alquiler del domicilio familiar, en Fígols —un pueblito rústico del Pirineo catalán— cuesta 9.800 euros al año. Una cifra que asumía la fundación creada por el padre para recaudar fondos. Con ese dinero, donado solidariamente por cientos de personas en carreras populares, obras de teatro o rifas —y aumentado exponencialmente en las últimas semanas, a través de campañas en cadenas de televisión— la familia compró también un coche valorado en 24.500 euros.

La investigación ha sido trepidante. El miércoles, el juez ordenó registrar la casa de Fígols. No erró el tiro: la policía encontró 1.845 euros en efectivo, 32 relojes de alta gama (valorados en 50.000 euros), aparatos electrónicos de primera línea... y marihuana. El registro se produjo poco después de que, ese mismo día, los Mossos decidieran detener a Blanco, de 52 años. En el coche encontraron más dinero, más relojes, más móviles y otra sorpresa: una pistola de fogueo y cartuchos para rifle. Blanco pasó 42 horas en comisaría y el jueves pasó a disposición del juez como investigado por un delito de estafa.

En una amplia nota sobre el caso Nadia —hecha pública justo cuando ha acabado la declaración de Blanco ante el juez— los Mossos han explicado por qué le detuvieron: el hombre había escapado de un control policial en la vecina comarca de la Cerdanya activado, precisamente, ante el temor de que abandonara el país. Ese día estaba previsto que acudiera a un programa de televisión para dar explicaciones. No apareció.

El juez y la fiscalía han preguntado a Blanco por los saldos que aún mantiene en las cuentas (319.676 euros, según los Mossos) y por los reintegros y gastos ajenos a los tratamientos médicos. Los investigadores han descubierto, además, que pediatras del Alt Urgell contactaron con un centro de Barcelona donde se tratan enfermedades como la que sufre Nadia. El padre se opuso y alegó que el tratamiento lo llevaban desde Mallorca y Houston. El pediatra de cabecera de la niña también había intentado, sin éxito, obtener sus informes médicos.

Antes de la declaración de sus clientes, y en un programa de televisión, el abogado de la familia, Alberto Martín, les había defendido: “Cualquier exageración o matiz no puede llevar a decir que esto es un absoluto montaje para sacar dinero”. “Los hechos esenciales”, insistió el abogado, “son ciertos; la niña padece lo que padece, la situación personal, humana, familiar y económica se ha descrito realmente”.

La madre, de 44 años, también fue detenida el miércoles. Pero los Mossos la dejaron en libertad por la noche, entre otras cosas, para que pudiera hacerse cargo de Nadia, con la que permaneció todo el jueves encerrada en casa. Esta mañana ha acudido por su propio pie a declarar como investigada por un delito de estafa a los juzgados de La Seu, inaugurados el 17 de octubre de 2003 por el entonces alcalde, el republicano Jordi Ausàs, que más tarde volvería allí por su implicación en una trama de contrabando de tabaco. “¡Mentirosa!”, le ha gritado una vecina al entrar.

Las investigaciones periodísticas pusieron en primer lugar en entredicho la realidad de los tratamientos y especialistas anunciados a bombo y platillo por el padre. Y llevaron al titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu, Ignacio Risueño, a abrir la investigación para averiguar si se había cometido una estafa que, según la policía, afecta a “un número muy elevado de personas” que solo querían ayudar a una niña enferma.

Fuente: http://ow.ly/huXj306ZNQt

El PSOE pactó una subida del salario mínimo del 8%, un déficit del 0,6% para las comunidades en 2017, la modificación de la regla de gasto, la eliminación de una serie de deducciones en Sociedades, la subida de los impuestos especiales (tabaco y alcohol), un gravamen para las bebidas azucaradas y el comienzo del destope en las cotizaciones sociales. Todo con el PP. Esos son dos de los frutos, dice la dirección, de la oposición "útil" que quiere liderar, de la "centralidad" en el tablero que está desplegando: entenderse con el Gobierno cuando hace falta, arañándole compromisos que de otro modo Mariano Rajoy no acometería, y al tiempo trenzar alianzas con los demás grupos para torcer el brazo del Ejecutivo cuando este se resiste para derribar sus políticas más señeras.

Por eso, tras la palada de arena de hace una semana, llega la de cal. Los socialistas lanzan ahora una "ofensiva por los derechos laborales, sociales y contra la desigualdad", como redondean en la dirección del grupo en el Congreso. El martes, el diputado madrileño Rafa Simancas, portavoz en la Comisión de Empleo, defenderá en el pleno una proposición no de ley para la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, una de las propuestas centrales del programa con el que Pedro Sánchez concurrió a las elecciones generales del 20-D y del 26-J. El miércoles, la parlamentaria por Toledo Guadalupe Martín interpelará al Gobierno y pedirá a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, un plan integral contra la pobreza y la creación del ingreso mínimo vital, otra de las medidas más simbólicas de la oferta electoral del PSOE. Y luego seguirán las iniciativas para la subida de las pensiones y para la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, entre otras medidas de carácter social.

Ferraz sigue una "doble estrategia": pactar con el Gobierno avances y hablar con los demás para demoler las medidas que creen más dañinas del PP

Se trata, como subrayan en la cúpula socialista en el Congreso, de seguir una "doble estrategia". Por un lado, sí a negociar con el Gobierno, "aprovechando su debilidad en el Congreso", cuestiones como la relajación del déficit para las comunidades —el Ejecutivo planteaba un 0,5% para 2017, el PSOE presionaba para un 0,7%, y al final será del 0,6%, que se traduce en unos mil millones más de euros para los Ejecutivos autonómicos— o la modificación de la regla de gasto, que beneficia a los ayuntamientos, porque así podrán destinar el superávit a inversiones, todo ello a cambio de un incremento del 8% del salario mínimo, hasta los 707,60 euros ("la mayor subida en 30 años", presume uno de los negociadores, el diputado murciano Pedro Saura). Por otro, los socialistas quieren hablar con otros grupos de la oposición para demoler las que entienden como medidas más lesivas del Gobierno popular y en las que ha demostrado menor apertura, como la eliminación de la 'ley mordaza' o la supresión de la Lomce. En resumidas cuentas, "el PSOE va a negociar día a día", insisten fuentes próximas a Antonio Hernando, el presidente-portavoz del grupo.

Balance "desolador" en empleo

La proposición no de ley (PNL) que defenderá Simancas [aquí en PDF] se integra en la segunda parte de la estrategia de Ferraz, el combate a las leyes más duras impulsadas por Rajoy en su legislatura de mayoría absoluta. Pide la derogación de la reforma laboral y la apuesta por un nuevo Estatuto de los Trabajadores consensuado con los agentes sociales a la vista de que el balance de las políticas de empleo del PP es "desolador": "Menos trabajo, más precariedad y explotación laboral, más paro y menos protección frente al desempleo", explica en su moción.

Los socialistas esperan que su iniciativa de fin de la reforma laboral se apruebe. Confía en que el Congreso levante los vetos del Ejecutivo a varias medidas

"Que hayamos acordado con el Gobierno una décima más de margen en el déficit de las comunidades y el cambio en la regla de gasto, y que hayamos pactado un paquete de medidas tributarias y conseguido una subida del 8% no obsta para que el PSOE discrepe a fondo sobre las políticas de empleo del PP. Nuestras diferencias son absolutas. El PP quiere competir con un modelo de salarios bajos", asegura Simancas, en conversación con este periódico, que desgrana a continuación algunas de las medidas que comprende el programa socialista, como el refuerzo de la negociación colectiva, el fin de la brecha salarial de hombres y mujeres, la reducción de las modalidades de trabajo a tres, acabar con la figura de los falsos autónomos, revisar las causas de despido o el impulso del "empleo de calidad".

La iniciativa fue registrada por el Grupo Socialista el pasado 20 de julio, un día después de la constitución de las Cortes de la XII Legislatura, cuando Sánchez era aún el secretario general. Simancas prevé un "apoyo mayoritario" del hemiciclo y para ello comienza a dialogar con los demás grupos a partir de este viernes. El portavoz de Empleo espera contar, por lo pronto, con el respaldo de Unidos Podemos, con el que coinciden habitualmente en cuestiones sociales. Por ejemplo, el PSOE apoyó la tramitación de la proposición de ley del grupo presidido por Pablo Iglesias de subida progresiva del salario mínimo, que contempla que este se sitúe en los 800 euros en enero de 2018 y en 950 en 2020.

El próximo martes también será una jornada señalada en rojo para la oposición por otra cuestión importante: la Mesa del Congreso deberá decidir si mantiene o no los vetos del Gobierno a proposiciones de ley presentadas por los grupos, entre ellas la paralización de la Lomce (a iniciativa del PSOE) y la revalorización de las pensiones para 2017 de un 1,2% (registradas por toda la oposición, salvo PP y Ciudadanos). El órgano rector de la Cámara Baja aprobó levantar los vetos del Ejecutivo a la tramitación de varias medidas, en los que este alegaba que suponía un aumento del gasto. Pero el Gobierno de Rajoy presentó un escrito para que la Mesa rectifique su negativa a atender los vetos, que sería el paso previo a la interposición en el Tribunal Constitucional de un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Sin el control de la Mesa

Los socialistas cuentan con que la Mesa, en la que el PP solo dispone de tres de las nueve sillas, volverá a levantar el veto a su proposición de suspensión del calendario de implantación de la Lomce, porque ya lo hizo hace semanas, con el apoyo de su partido, C's y Unidos Podemos. De hecho, el pleno ya aprobó arrancar la tramitación de la iniciativa, que ya se envió a la Comisión de Educación. Hay más dudas respecto a la suerte de la proposición de ley de subida de las pensiones, que respaldan los sindicatos, porque la formación de Albert Rivera "está más apegada al Gobierno", en cuyo caso el veto del Gobierno no se levantaría. Si se tumbara el no del Ejecutivo, probablemente este recurriría con el fin de poder acudir al TC.

Las iniciativas que quiere llevar a pleno el PSOE son las de subida de pensiones, de rescate del subsidio de desempleo para los mayores o contra la 'ley mordaza'

El miércoles, el PSOE colará su interpelación sobre la aprobación de un plan integral contra la pobreza y la creación de un ingreso mínimo vital, una renta básica para los más desamparados, una de las novedades de los dos últimos programas. Esa interpelación al Ejecutivo se traducirá la semana siguiente en una moción que deberá ser debatida (y aprobada en su caso) por el Congreso. También entraría en el pleno del 20 de diciembre la proposición de subida de las pensiones en caso de que la Mesa hubiera levantado el bloqueo del Gobierno. El jueves 15, en cambio, los socialistas apoyarán la convalidación del real decreto ley de medidas tributarias pactadas por el diputado Pedro Saura y el exministro Valeriano Gómez con Hacienda y probablemente se abstendrán en el acuerdo sobre reparto de déficit y regla de gasto, como hicieron sus comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a excepción de Valencia y Baleares.

Rafa Simancas, acompañado por los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, y los diputados Carles Campuzano (PDECat), Íñigo Errejón (Unidos Podemos) y Joan Tardà (ERC), el pasado 13 de octubre, cuando registraron la proposición de ley de pensiones. (EFE)

Las iniciativas que están a la espera y que el PSOE llevará al hemiciclo en el próximo periodo de sesiones —en enero hay vacaciones parlamentarias— son varias. Entre ellas, la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años o la supresión de los copagos farmacéuticos. Dada la fragmentación de la Cámara y la pérdida de peso de los socialistas, su capacidad para que lleguen al pleno sus iniciativas se reduce. Cada mes, aproximadamente, se discute una proposición de ley y una PNL del PSOE. Por ejemplo, ya se aprobó la toma en consideración de la paralización del calendario de la Lomce, su moción de derogación de la 'ley mordaza' —aunque la semana pasada dio un paso más y registró una proposición articulada— y otra más a favor de un pacto para la lucha contra la violencia de género.

Negociar "ley a ley"

El presidente de la gestora, Javier Fernández, señaló a los periodistas en la recepción por el 38º aniversario de la Constitución que el PSOE estaba ocupando la "centralidad" de la oposición. En el Parlamento, y no en la calle, donde dijo que se ha situado Podemos. Y despreció como "teorías conspirativas" la acusación de que el PSOE mantiene un acuerdo de legislatura encubierto con el PP. No hay nada de eso, explicó, y prueba de ello es que las posibilidades de que el partido facilite la tramitación de los Presupuestos de 2017, la ley económica anual más importante para el Gobierno, son "remotas", un "imposible medieval". El motivo es que se considera que los PGE son una norma "transversal, muy política", la que ordena y prioriza las políticas de gasto, y ahí habrá un abismo entre ambas formaciones. De hecho, los socialistas no paran de repetir que no han pactado con Rajoy el techo de gasto no financiero para 2017: han acordado con él, reiteran, el reparto de los objetivos de déficit entre las administraciones públicas y la modificación de la regla de gasto, que es lo que sí debe convalidar el Parlamento. Pero no está de acuerdo con el límite de gasto planteado por el Ejecutivo.

Los socialistas presumen de liderar una "oposición útil" y recalcan que negociarán "ley a ley", algo que les diferencia de Ciudadanos, que ya "acordó lo que tenía que acordar con los populares para votar sí a la investidura". El PSOE no pidió nada a cambio de su abstención y ahora siente que tiene más manos libres para actuar. "No se puede gobernar desde el Congreso, pero sí se puede obligar al Gobierno a cambiar sus políticas, a condicionar sus medidas. Hay que sacar rédito de un PP en minoría. En la legislatura de 2011-2015 ya se intentó forzar a Rajoy a modificar sus leyes, pero no había forma de presionarle, porque el PP no nos necesitaba para nada. Pero ahora sí es posible", reivindican desde la dirección del grupo.

Apoyo a las movilizaciones sindicales

En esa doble estrategia de oposición del PSOE se enmarca el respaldo a los sindicatos en sus próximas movilizaciones, como confirmó Javier Fernández a los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, en la reunión que los tres mantuvieron en Ferraz el pasado 28 de noviembre. 

Los dos líderes de las centrales acordaron movilizaciones en todo el país para el próximo jueves y una gran manifestación el domingo 18 de diciembre en Madrid. Comisiones y UGT quieren reactivar así el diálogo social vista la escasa predisposición por parte del Gobierno. Ferraz aún no ha anunciado quiénes apoyarán a los sindicatos en las calles. 

Fuente: http://ow.ly/uNk9306Wtap

El presidente del BCE, Mario Draghi. EFE

La recuperación sigue ahí, los mercados resisten, la inflación mejora ligeramente. Pero los riesgos son más visibles que nunca con el Brexit, Donald Trump, la banca italiana y la sempiterna crisis griega, y pueden llevarse la frágil recuperación por delante. Mario Draghi ha enfilado hoy ese dilema con una de las decisiones más complicadas de su mandato: inyectará medio billón de euros adicionales en la eurozona, dentro del programa de compras de activos, para evitar que esos riesgos se hagan realidad. En otras palabras: los halcones (los más ortodoxos en asuntos de política monetaria) se quedan sin retirada de estímulos. Al menos de momento, no hay tapering (reducción de medidas extraordinarias, en la jerga de los bancos centrales). El Ibex ha recibido con alzas la decisión del BCE, mientras que el euro ha vivido una fuerte depreciación frente al dólar, desde 1,08 a 1,06 billetes verdes en poco más de una hora.

Sus augures esperaban seis meses más de QE con compras de 80.000 millones de euros mensuales, o nueve meses adicionales pero con menor potencia de fuego, 60.000 millones. El tamaño del estímulo adicional es similar. Pero Draghi ha preferido la segunda opción. No da puntada sin hilo: con la primera, se hubiera mostrado algo más agresivo; con la segunda parece estar preparando a los mercados, en voz muy baja, para un futuro no tan lejano en el que deberá ir retirando paulatinamente sus medidas extraordinarias, como avanzó a EL PAÍS en su última entrevista en prensa.

Se trata del tercer movimiento importante sobre el programa de compras de activos (la versión europea del QE), desde que arrancó en marzo de 2015 con compras de 60.000 millones para 19 meses. Y puede que sea el último. En diciembre del año pasado amplió seis meses adicionales, en una jugada que le salió cara en los mercados: se quedó corto respecto a las expectativas. Y en marzo corrigió, aumentando las adquisiciones mensuales a 80.000 millones. En conjunto, con esa nueva variación, el BCE prevé inyectar en torno a 2,2 billones de euros (dos veces la riqueza que produce España en un año) durante toda la duración del programa, a pesar de que el QE podría aún ampliar un poco más su horizonte si la inflación sigue sin recuperarse y cualquiera de las incertidumbres que planean sobre Europa (hoy, muchas de ellas en el terreno político) tienen impacto en la mediocre recuperación.

Fuente: http://ow.ly/3ceA306Wqwm

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado para el próximo 23 de diciembre una cumbre para preparar el referéndum sobre la independencia en 2017, a la que están invitados todos los partidos y entidades que formaban parte del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

Fuentes de la Generalitat han señalado que Puigdemont presidirá, junto con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, este encuentro en la cámara catalana, donde precisamente tenían lugar las reuniones del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, inoperante desde 2015.

La cumbre se celebrará un día después de que termine el pleno parlamentario en el que, si todo marcha según lo previsto, el proyecto presupuestario del Govern para 2017 será admitido a trámite con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y de la CUP.

En el último debate de política general, JxSí y la CUP acordaron celebrar antes de finalizar el año esta cumbre para organizar el consenso político y social en torno a un referéndum que el Govern prevé convocar como muy tarde para septiembre de 2017.

La CUP había reclamado reiteradamente la celebración de esta cumbre, aunque Puigdemont exigía antes garantías de que los anticapitalistas facilitarán la tramitación de los presupuestos.

La sexta y última reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, coordinado por Joan Rigol, tuvo lugar en el auditorio del Parlament el 6 de marzo de 2015, cuatro meses después de la consulta soberanista del 9N de 2014 y medio año antes de la celebración de las elecciones del 27S, a las que JxSí quiso dar un carácter plebiscitario sobre la independencia de Cataluña.

En ese encuentro, la unidad de los participantes, hasta entonces cohesionados en torno a la defensa del derecho a decidir, empezó a tambalearse, ya que ICV, CCOO y otras entidades se desmarcaron de la idea de plantear las elecciones del 27S como un plebiscito sobre la independencia, mientras que la CUP declinó asistir a la cumbre.

A la reunión del próximo 23 de diciembre están invitadas no sólo las fuerzas independentistas sino también las entidades económicas, sociales o culturales que participaban en las cumbres del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, así como los representantes de los 'comunes', las confluencias de izquierda que integran a ICV, EUiA, Podemos y la Barcelona en Comú que lidera Ada Colau.

La convocatoria de la reunión en el Parlament llega al día siguiente de la visita de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a Barcelona, donde se reunió con la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

El Govern se mostró "extrañado" de que, pese a ofrecer "diálogo" a la Generalitat, Sáenz de Santamaría haya comenzado su ronda de contactos en Cataluña con los líderes de la oposición, en lugar de verse con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, que le remitió una carta el pasado 21 de noviembre para invitarla a una reunión en Barcelona para iniciar un "diálogo fluido"

Fuente: http://ow.ly/yrgG306WqiK